Tregua judicial hasta 97, proponen PRI-El Barzón

Laura Gómez Flores El Partido Revolucionario Institucional y El Barzón impulsarán conjuntamente la ampliación de la tregua judicial hasta noviembre de 1997, así como el establecimiento de un mecanismo que permita a los deudores y a las empresas cubrir sus débitos de acuerdo con sus posibilidades, sin sobrepasar el 30 por ciento de sus percepciones.

Roberto Campa Cifrián, presidente del PRI en el Distrito Federal, advirtió: ``Si no somos capaces de financiar opciones para resolver el problema de los deudores y garantizar la estabilidad de la economía, no se generarán condiciones de confianza que permitan la reactivación de la planta productiva nacional''.

En este sentido, se manifestó en favor de la ampliación de una tregua judicial, donde medien actitudes de negociación entre deudores y la banca comercial. ``No como un mecanismo de defensa de los banqueros, sino como una necesidad de proteger al sistema financiero y a los ahorradores'', aclaró.

Luego de escuchar las propuestas barzonistas, que incluyen el establecimiento de una ley de emergencia financiera y de reactivación de la economía, condonación del 60 por ciento de los débitos, que representa la capitalización de intereses, y una tasa de interés del ocho por ciento, Campa Cifrián consideró que son aceptables, aunque algunas de difícil aplicación.

Sin embargo, agregó que tanto los planteamientos de la organización de deudores como del PRI, tienen como meta la búsqueda de mecanismos para garantizar que la gente pague y lo pueda hacer, y evitar se generalice la ``cultura del no pago y no aceptación de sus obligaciones''.

El dirigente de El Barzón Metropolitano, Alfonso Ramírez Cuéllar, en su oportunidad se manifestó por el fortalecimiento de un esquema bancario mixto, definición de controles, disminución de los márgenes de intermediación financiera, cambio del concepto de crédito e impulso de una nueva política de tasas de interés.

Ante representantes priístas, el líder barzonista planteó impulsar una ley de emergencia financiera y de reactivación de la economía nacional, que rebase el mero acuerdo administrativo y dé certidumbre y confianza a todos los agentes económicos.

Asimismo, pidió la intervención del PRI, para que junto con el regente capitalino, Oscar Espinosa Villarreal, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instale una mesa de diálogo que garantice el empleo a la población demandante, restitución del poder adquisitivo y operación de las pequeñas y medianas empresas

Explicó que la ampliación de la tregua judicial y la definición de un criterio de pagos en función de los ingresos salariales y la captación de recursos de las empresas no mayor al 30 por ciento, permitiría conservar la estabilidad social.

No obstante precisó que el sistema de pagos tiene una premisa: la depuración del adeudo, lo cual implica una condonación del 60 por ciento de la deuda.

Es incongruente --dijo Ramírez Cuéllar-- que en 30 meses se hayan puesto en marcha 15 programas de reestructuración, evidenciando su insuficiencia y fracaso, y la cartera vencida se incrementara hasta los 300 mil millones de pesos.

Por ello, destacó, ``no permitiremos ningún albazo''. El Programa de Apoyo a Deudores, que deberá darse a conocer en fecha próxima, tendrá que contar con el aval de éstos, de lo contrario las cosas empeorarán.

Las reuniones con partidos políticos continuarán la próxima semana. El lunes con Acción Nacional y el martes con el de la Revolución Democrática, informó.