Si la ley no nos protege, usaremos la fuerza, dicen finqueros de Brasil

Reuter, Dpa y Ansa, Brasilia, 12 de mayo El gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso anunciará este lunes un Programa Nacional de Derechos Humanos, mientras que los hacendados brasileños amenazaron con recurrir ``a la fuerza'' en caso de que el Congreso limite su derecho de defensa jurídica contra la expropiación de tierras.

El Congreso debate actualmente un proyecto de Cardoso que, de ser aprobado, negará a los terratenientes, cuyas tierras hayan sido ocupadas por campesinos que las califican como no trabajadas, el derecho a recuperarlas con base en fallos judiciales preliminares.

``Es lógico que ello aumentará la violencia. Si nos quitan el derecho de recurrir a los tribunales sólo nos dejarán el derecho de defendernos por la fuerza'', advirtió el presidente de la Confederación Nacional de Agricultura, Antonio de Salvo.

En cambio, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Agricultura, Franciso Urbano, advirtió que si ese proyecto gubernamental no es aprobado, los campesinos están dispuestos a recurrir a las armas para asegurarse el derecho de permanecer en las tierras ocupadas.

La violencia rural se agudizó el 17 de abril pasado, cuando un operativo policiaco para desalojar a militantes del Movimento de los Sin Tierra que ocupaban una carretera en el estado amazónico de Pará, derivó en la muerte de al menos 19 campesinos a manos de la policía militar.

La matanza llevó a Cardoso a decidir acelerar su programa de reforma agraria, mientras el nuevo ministerio de la Reforma Agraria anunció este domingo que el ejército entregará al gobierno un total de tres millones de hectáreas de su propiedad para que sean utilizadas para nuevos asentamientos de campesinos sin tierras.

En este contexto, el mandatario socialdemócrata anunciará mañana lunes un Programa Nacional de Derechos Humanos, el primero en una nación latinoamericana, que buscará hacer frente a la violencia y proteger especialmente a los sectores más desprotegidos.

``La injustica en nuestro país ha llegado a proporciones trágicas'', dijo Cardoso, quien como primer paso abonará el primero de unos 150 pagos de indemnización a familias de militantes políticos desaparecidos durante la dictadura militar (1964-85).

El programa brasileño considerará como delitos federales esclavizar trabajadores, el secuestro y la tortura, y la discriminación de cualquier tipo.

Uno de sus puntos más importantes es que permite a cortes civiles juzgar a la policía militar, poniendo así fin a la impunidad de que disfruta debido a sus estrechas vinculaciones con las tribunales militares internos.

La reciente decisión de la Policía Militar de acusar a todos los agentes que participaron en el operativo de Pará fue criticada por considerar que constituye un intento por diluir la culpa, a pesar de que los informes forenses mostraron que la mayoría de las víctimas fueron muertas a golpes con sus propias herramientas y recibieron disparos a quemarropa.

El nuevo plan también dispone impartir cursos obligatorios sobre derechos humanos a los policías y dispone severas penalidades para quienes hayan induciedo a la prostitución a niños.

El diario Jornal do Brasil dijo este domingo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó a ``Brasil como ''el segundo país más violento en el mundo, después de Colombia, con 25 asesinatos anuales por cada grupo de cien mil habitantes".

La situación de los derechos humanos en Brasil ha sido criticada particularmente en el caso de los niños: Unos 500 mil adolescentes están involucrados en actividades de prostitución y unos tres millones de menores de 14 años se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias, según el diario Folha de Sao Paulo.

El diario O Globo, por su parte, destacó que el Plan Nacional de Derechos Humanos puede ayudar a cambiar esta situación, pero agregó que muchos de sus puntos clave, como el enjuiciamiento de la policía militar en tribunales civiles, depedende de la aprobación de proyectos en el Congreso donde hay fuertes intereses afines a los policías y los hacendados.