Si la negociación en Chiapas caminaba, si las diversas estructuras del diálogo funcionaban, si a pesar de todas las amenazas y las presiones de los duros para romper los equilibrios de la pacificación, se había logrado caminar, por qué de pronto se interrumpió todo? Se ha vuelto a tensar la cuerda en Chiapas y al parecer está a punto de reventar.

Dentro de un contexto complicado y lleno de adversidades, un hecho desató de nuevo la crisis: la sentencia a 13 años de cárcel para Javier Elorriaga y a 6 años para Sebastián Entzin por los delitos de ``terrorismo'', ``conspiración'' y ``rebeldía'. La negociación se ha paralizado, los zapatistas se replegaron, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) se ha empezado a desintegrar, la comisión intermediadora (Conai) perdió fuerza; y del otro lado, el gobierno federal no ha dado signos claros de lo que quiere hacer, simplemente ha endurecido su posición y la supuesta voluntad de negociación se ha evaporado entre la absurda sentencia del juez Juan Manuel Alcántara, los hechos violentos de Bachajón y la falta de una actitud que confirme que realmente quiere seguir el proceso de negociación y de paz en Chiapas.

Lo importante en esta ocasión es ver la dimensión del daño y saber cómo es posible regresar a las condiciones de negociación, con qué costo y en qué plazo. En este complejo proceso ya hubo al menos dos ocasiones en las cuales se dio marcha atrás y se amenazó la pacificación: una fue el sorpresivo golpe de timón del 9 de febrero de 1995, fecha en la que detienen a Elorriaga; la otra fue cuando detuvieron a Fernando Yáñez (alias Germán). Una diferencia importante entre esos episodios y la actual crisis es que la negociación no se encontraba en los niveles de madurez que llegó a alcanzar, hasta antes del pasado 2 de mayo, fecha de la sentencia del juez Alcántara.

Sobre el origen de los obstáculos que no dejan llegar la paz se pueden retomar algunas hipótesis, que al igual que en los episodios anteriores no son nuevas: existen fuerzas interesadas en que la negociación y las consecuencias de una paz digna en Chiapas no se den; estas fuerzas están moviendo de nuevo sus recursos para afectar el proceso de pacificación, entre los cuales se encuentra la polémica sentencia en contra de Elorriaga. Una condena que se hizo aparentemente sin evidencias y en abierta oposición a la Ley de Concordia y Pacificación. En esta hipótesis las fuerzas antinegociación estarían actuando en contra de los poderes institucionales, tanto de la Presidencia de la República, como de la Procuraduría. Otra interpretación es que no hay distinción ni autonomía, simplemente se trata del mismo aparato gubernamental en el cual conviven intereses duros y negociadores, por eso a veces la expresión es de conciliación y otras de endurecimiento. La diferencia entre las dos hipótesis es importante, porque en el primer caso sí hay una clara voluntad negociadora que es obstaculizada, lo cual es muy grave; pero en el segundo existe una suerte de carambola entre intereses, alianzas, rutinas burocráticas y trampas institucionales, lo cual también es grave, pero de diferente forma. En los dos casos hay falta de control, pero en la primera hay una guerra interna; en cambio en la segunda, además de las diferencias, hay una gran confusión.

Nadie dijo que la pacificación de Chiapas sería algo fácil, pero sí creo que mucha gente de buena voluntad, interesada en que la negociación fuera exitosa, llegamos a pensar que la dinámica de paz se estaba imponiendo sobre los intereses duros de la confrontación. Tampoco es una sorpresa completa observar lo que provocó la crisis. Cuando se logre restablecer de nuevo el diálogo, si es que se logra, es posible que se regrese al punto en el que se había quedado y no volver otra vez al principio. Sin embargo, no se puede dejar de lado que una negociación se genera sobre bases de confianza, como una condición indispensable. Los costos políticos tienen que ver con el tiempo que se tarde para volver a llegar al punto anterior a la crisis.

Un proceso como el de Chiapas, visto en conjunto, es una herida abierta que fácilmente puede volver a sangrar, a infectarse, e inclusive, crecer y contaminar otras zonas. El gobierno no debería descuidar la gravedad que todavía ronda en esa región del país. Hasta el momento nadie ha ganado todavía y sí en cambio, ahí siguen todos los intereses, los actores y los conflictos. El reciente caso de Bachajón muestra que las condiciones del levantamiento zapatista están vigentes e incluso recrudecidas: la violencia brutal, el caciquismo feroz, la confrontación a muerte, la falta de institucionalidad, el no gobierno local y otras.

Ahora es más cierta que antes la visión que Marcos le dio a Regis Debray cuando en abril le dijo que ``si llegáramos a desaparecer, entonces sí, sólo quedaría la violencia, salvaje y sin esperanzas. Yugoslavia en el sureste mexicano. El Estado federal se quedaría sin interlocutor, sólo con enemigos'' (Proceso, 1019).