Cuenta el poeta Juan Bañuelos que poco tiempo antes de nuestra entrada al primer mundo teleciano aparecieron tres vasijas en la cueva de San Andrés. Una contenía pólvora, otra tierra y pedruscos, y la tercera agua. Cada uno de los recipientes advertía de un acontecimiento por venir. Era una profecía más en tierra de piedras parlantes. Dos de los tres eventos anunciados son ya una realidad: el símbolo de la pólvora se materializó en el levantamiento armado de enero de 1994. La tierra y las piedras, en el temblor que sacudió a Chiapas en los comienzos de 1996 y dañó seriamente la iglesia de San Andrés. El remate, que aún no acontece, es el agua que anuncia el diluvio.

La sentencia en contra de Elorriaga y Entzin puede ser el anuncio de que la tercera profecía de la cueva de San Andrés está por cumplirse, y que el diluvio de la guerra puede caer sobre Chiapas. Y lo es, al menos por tres razones distintas.

Primero, porque sentenciando a Elorriaga y Entzin por el delito de terrorismo, basado en la presunción nunca comprobada de que son zapatistas, se ha juzgado como terrorista al EZLN. Para efecto práctico, poco importa que el pasado 25 de abril el procurador Lozano Gracia haya declarado que los zapatistas no eran terroristas, o que el 8 de mayo la Secretaría de Gobernación los haya definido como ``una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas...''. El hecho básico es que el poder Judicial, sobre la base de una acusación formulada por el poder Ejecutivo, emitió una resolución con valor jurídico, estableció un precedente. Lo demás son palabras.

Segundo, porque para salir del embrollo el Ejecutivo ha señalado tres vías de solución distintas. Desde la Secretaría de Gobernación se sugirió la vía de la apelación. El procurador Lozano indicó el camino del indulto inviable y de la amnistía es decir, pasarle el paquete al Legislativo. Finalmente, Marco Antonio Bernal, jefe de la delegación gubernamental en el Diálogo de San Andrés, planteó que el asunto de los presos debía de ser puesto en la mesa de negociación por parte de los zapatistas.

Que tres integrantes del poder Ejecutivo indiquen tres caminos diferentes para solucionar el conflicto es un hecho de suma gravedad. Muestra, en el mejor de los casos, descoordinación, y en el peor serias diferencias internas. En estas circunstancias, a quién de los tres creerle? Qué garantías hay de que si la delegación del EZLN se presenta en público no será detenida? Quién tiene autoridad para tomar acuerdos? El mensaje que se envía al EZLN es claro: mientras no desaparezca la condena por terrorismo no se puede confiar en las declaraciones gubernamentales; no existen condiciones para la realización de la siguiente fase de los diálogos.

Tercero, porque la lógica gubernamental de negociación de ``apretar'' militarmente para acotar el Diálogo y obtener concesiones en la mesa tiene como consecuencia inevitable escalar las acciones intimidatorias de manera creciente, creando las condiciones para el desencadenamiento de acciones armadas. Fuertes roces entre destacamentos del Ejército y población civil se han producido en diversos municipios de los Altos San Andrés incluído. Testimonios de soldados que han desertado señalan que los están preparando para iniciar la guerra. Pobladores de comunidades como San Quintín han huido a refugiarse en las montañas.

Irónicamente, la firma de los acuerdos de la primera Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, en lugar de ayudar a distender el conflicto se tradujo en un incremento de las acciones militares en contra de las poblaciones zapatistas. Como el gobierno no quiere establecer una negociación de fondo en la Mesa sobre Democracia y Justicia ha intensificado la ``apretada de tuercas'' contra los zapatistas. Por si todo ello fuera poco, las amenazas gubernamentales del 7 de mayo sobre las ``consecuencias jurídicas'' de abandonar las negociaciones han provocado una intensificación del cerco militar, al punto de que EZLN se ha visto obligado a declarar la alerta roja. El hecho es grave.

La larga lista de provocaciones al proceso negociador (desde la detención de Fernando Yáñez hasta las sentencias contra Elorriaga y Entzin, pasando por los desalojos y matanzas de campesinos) muestran que el conflicto puede llegar a un punto de no retorno. La falta de coordinación, las diferencias de criterio o situaciones de hecho de los sectores más duros dentro del Ejecutivo pueden desencadenar la guerra.

Es necesario evitar que la profecía de San Andrés se haga realidad. Elorriaga, Entzin y los demás presuntos zapatistas presos deben salir libres. La sentencia de terrorismo debe desaparecer. Se requiere parar el diluvio de la guerra. De no hacerlo, el país todo se hundirá con ella.