Los reclusorios no deben ser asunto de gobernación: Sarre, de la CNDH

Roberto Garduño Espinosa y Ciro Pérez Silva /III y última Mientras que la erogación por cada uno de los 700 internos en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de alta seguridad --Almoloya, estado de México, y Puente Grande, Jalisco-- sumó 356 pesos diarios durante 1994, en los restantes 436 penales del país, con una población de 97 mil 675 reos, el gasto individual es de 22 pesos, según fuentes oficiales.

En 1996 el costo por interno de los dos Ceferesos se calcula que será de 150 mil pesos (aproximadamente 20 mil dólares) al año.

La carga que los gobiernos federal y estatales imponen a las finanzas públicas para sostener las 438 prisiones en el país --con sus 98 mil 375 internos-- representa al año alrededor de 889 millones 330 mil 250 de pesos. A manera de comparación, el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México para este año es de 4 mil 972 millones de pesos, institución que da cabida en sus aulas a 264 mil alumnos, profesores e investigadores.

En 1994 --antes de la devaluación del peso-- se destinó por cada preso que se hallaba en los Ceferesos de Almoloya y Puente Grande, 356 pesos diarios (cifra que incluye gastos de operación del penal). Entonces, la Secretaría de Gobernación dispuso de 90 millones 958 mil nuevos pesos para mantener esos centros.

Según las cifras de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, el gasto diario promedio por recluso es de 22 pesos, cálculo que incluye a todos los presos del país sin especificar lo que se eroga en los Ceferesos, donde la custodia de los delincuentes implica gastos muy superiores al resto de los internos de los Centros de Readaptación Social (Ceresos).

De acuerdo con los datos oficiales, el monto anual que se destina a los 436 centros que albergan a los 97 mil 675 reclusos del fuero común, suma 784 millones 330 mil 250 pesos. En ese ámbito se encuentran los presos considerados como de ``bajo perfil'' de peligrosidad.

El resto de internos, los 700 recluidos en Almoloya y en Puente Grande, absorberán este año más de 105 millones de pesos, conforme a estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ahí se encuentran los presos que se consideran con un ``alto perfil'' de peligrosidad y criminalidad: narcotraficantes, multihomicidas, y los de más alto nivel económico, como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Raúl Salinas de Gortari, Miguel Angel Félix Gallardo, Oliverio Chávez Araujo, El zar de la cocaína.

Miguel Sarre, tercer visitador de la CNDH, explica la desproporción en los gastos destinados a los internos.

``Tenerlos en Almoloya o Puente Grande cuesta lo mismo que mantenerlos en Harvard. Es una carga que se impone el Estado, es una autosanción. Se sanciona al gasto social en aras de algo que no existe (la readaptación). Es el costo de la seguridad respecto a una persona que está viviendo en una prisión, y que no necesariamente necesita ese costoso aparato de seguridad''.

Con base en la inferencia del funcionario, el costo aproximado por mes en la universidad de Harvard para cursar la carrera de administración, se acerca a los mil 800 dólares. Es decir, al año cada alumno paga poco más de 20 mil dólares, un gasto similar al que de destina por cada uno de los 700 reos de los dos penales de alta seguridad (tomando en cuenta gastos de operación, nóminas, sistemas electrónicos de seguridad, de cómputo) .

Luis Rivera Montes de Oca, titular de Prevención y Readaptación Social de la Segob, difiere en ese aspecto con el funcionario de la CNDH.

"Lo que el gobierno federal da para mantener a un reo federal en que purga condena en cárceles estatales (del fuero común) son 5.5 pesos diarios, pero hay un costo del edificio, del terreno, del agua, de la luz, del gas, del diesel, para el servicio de intendencia y de vigilancia, eso tiene un costo. El promedio que hemos estimado es de 22 pesos diarios, ahí se incluye todo".

La Ley y la realidad.

La realidad del derecho penal en el país, es que existen figuras delictivas injustificables y penas exageradas e indadecuadas, que se traducen en reproducciones de desigualdad social y en sobrepoblación carcelaria, en su mayoría de los mexicanos más pobres.

El 19 de mayo de 1971 se publicó la Ley de Normas Mínimas para el Sistema Penitenciario Mexicano, primera y única en su tipo, se le llamó entonces ``parteaguas'' de los reglamentos de ejecución de penas en todas las entidades del país.

Plagada de técnicismos, esa legislación anunció la elaboración de un ``régimen progresivo técnico'' al interior de cada uno de los centros penitenciarios. El concepto de readaptación fue asumido como, "atención individualizada, con base a las diversas ciencias y diciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto que ha delinquido, apoyandose en los estudios de personalidad del sujeto y su adecuada clasificación".

Desde 25 años atrás hasta hoy, nada de eso se ha reflejado en la rehabilitación del delincuente. El término readaptación fue reforzado con la introducción de los Consejos Técnicos en cada una de las prisiones, a iniciativa de Sergio García Ramírez, para organizar la vida al interior. Con el tiempo pasaron a ser grupos dedicados a estudiar la personalidad de los internos, en lugar de organizar la vida en los penales.

La participación de los Cosejos Técnicos en la elaboración de test, limitó las actividades del escaso personal especializado y administrativo, mientras, afuera, en los patios y dormitorios la vida de los centros corre independiente.

Ahora la readaptación es un slogan. Hoy el principio rector, parece ser el castigo al delincuente. Las prisiones son centros de contención disciplinaria. ¿De ser así el Sistema Penitenciario se ubicaría en la época en la que la pena era reparación a la sociedad y castigo al delincuente?

La disputa.

A la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un proyecto alternativo a la Ley de Normas Mínimas. La respuesta oficial es el choque. La descalificación.

Luis Rivera Montes de Oca, director de Prevención y Readaptación Social de la Segob, enfrenta la postura sobre la deshumanización en las cárceles y Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos):

``Quienes opinan de esa manera, es porque no los conocen, y en segundo lugar porque están muy interesados en conocerlos, pero no va ha ser posible, porque parte, precisamente, de los sistemas de seguridad de estos centros, es la restricción de acceso a los mismos...algunos se han aventurado a escribir y a describir como son estos centros, pero están totalmente alejados de la realidad''.

Raúl Gutiérrez Serrano director del sistema de Reclusorios del Distrito Federal, coincide con la postura del funcionario de la Segob, ``Derechos Humanos no puede hablar de la vida en los centros, ellos no conocen, nosotros sí, hemos vivido en esto toda la vida''.

Miguel Sarre, tercer visitador de la CNDH, explica el porqué de la aversión oficial hacia la Comisión. ``No somos muy del agrado de ellos, y se dan defensas clásicas por su parte: ustedes no conocen, tendrían que estar aquí, tendrían que ver las cosas.

``Creo que hay cuestiones objetivas que no requieren vivirse, si no, tendríamos que vivir la situación de cada persona a la que le violan sus derechos. Yo no necesito que me torturen para condenar la tortura, y para luchar en contra de la tortura. Yo no acepto el argumento del policía que repite: usted no sabe, sin tortura no se puede mantener la seguridad".

La readaptación ¿acéfala?.

El crecimiento de la corrupción, de las actividades cohercitivas y de extorsión; la sobrepoblación en los penales de 17 estados y el Distrito Federal; la violencia; y el ``control'' de las cárceles por parte de los internos, conocido como autogobierno, hacen imposible la reincorporación de los sentenciados y procesados a la sociedad. La pretendida readaptación es sólo la luz al final del túnel.

Juan Pablo de Tavira, precursor de las prisiones de alta seguridad y del endurecimiento gubernamental para lograr el control en esos centros, en lu libro Por qué Almoloya, cuestionó la benevolencia del artículo 18 Constitucional:

``Desde luego, sin objetar el loable sentido teórico de este concepto vertido en nuestra Carta Magna, hoy por hoy no se puede negar que, en los hechos, tanto el concepto de readaptación social, como la hipotética tradición humanista del penitenciarismo mexicano están en crisis''.

Para la otra postura, la gubernamental, el vacio que se presenta entre la realidad de la cárcel en nuestro país, y sus preceptos legales, no se refiere, ni a la educación de las autoridades, ni a la de los custodios. Tampoco a la inoperancia de la Ley de Normas Mínimas. Para Raúl Gutiérrez, el problema son los recursos.

``La Constitución dice que debe haber trato individualizado, pero no tenemos el personal para que esto suceda, podemos tener un criminólogo por centro, cinco pedágogos en todo el sistema, pero no podemos dar resultados efectivos si este artículo de la Constitución (el 18) habla de la readaptación, no podemos dar resultados si no tenemos los instrumentos para hacerlo. Hacemos lo que podemos''.

Miguel Sarre, cuestiona el trato individualizado con propósitos de readaptación, porque se estaría hablando de instituciones que ofrezcan atención de tipo mental.

``El eje de la Ley vigente, es lo que se denomina el tratamiento técnico individualizado, esto trata de un supuesto completamente erróneo, es un supuesto decir que las personas que están en prisión requieren tratamiento, no requieren de ningún tratamiento, lo que requieren es que se les aplique una sanción establecida por determinado juez. En condiciones de justicia y dignidad, pero no un tratamiento que comienza por calificarlos comos sujetos de terapia, como enfermos sociales o desadaptados.''

Para las autoridades federales, la readaptación si se cumple...por lo menos en los Ceferesos. Luis Rivera Montes de Oca, ejemplifica con los resultados que se han obtenido en el penal de Puente Grande, Jalisco.

``En este centro hay trabajo, hay terapias, hay acciones deportivas, culturales, hay verdadera readaptación social. Nuestros centros federales tienen, repito, atención bajo un régimen de igualdad. Todos iguales, no importa si pertenecen a la delincuencia organizada, si pertenecen a un cártel, si tuvieron o no tuvieron influencias, es un principio de igualdad''.

Secretaría de Justicia propone la CNDH.

El futuro del manejo de las cárceles en el país, ha pasado a ser uno de los puntos sensibles en la polémica en torno al Sistema Penitenciario. La CNDH, en voz de Miguel Sarre, cuestiona el papel de la Dirección de Prevención y Readaptación Social.

-¿La Segob debe continuar con el manejo de los Centros de Readaptación Social? ¿Debe hacerlo un ente aparte?

-Yo creo que por su importancia debe ser un ente aparte. La política y la justicia mientras más lejos, mejor. El Sistema Penitenciario no es más que una parte del Sistema de Justicia Penal, y si vemos está función tan importante dentro de la determinación de la duración real de la pena en prisión, pues hay que tratar de mantener todo esto lo más alejado del sistema político.

``Y además sucede otra cosa, las prioridades de la Secretaría de Gobernación es la política, es la esencia, y está en eso, entonces los temas penales quedan en segundo plano, y no salen las cosas, esto debería estar en mi concepto, en una Secretaría de Justicia. Que sea punto y aparte que se encargue de toda la aplicación de toda la perte del Poder Ejecutivo que tiene que ver con la justicia''.

-¿Es usual que la instancia política del gobierno maneje los penales?

-No, es inusual, sólo se ve en muy pocos países. Es un punto muy importante que habría que modificar para que tengan su espacio propio y estructura administrativa propia que les permita aplicarse a su labor.