Cada vez es más evidente que el presidente Zedillo es un rehén del procurador general de la República. No se entiende de otra manera que se mantenga a Antonio Lozano Gracia como cabeza de la antaño institución procuradora de justicia, convertida hoy en la implementadora del terrorismo de Estado, amén de ser el coto de poder de la derecha panista.

Ernesto Zedillo está cada vez más involucrado por la panista PGR en el crimen de Colosio, pues en la sola línea de investigación que convenientemente han dejado abierta, el único beneficiado con la muerte del ex candidato es el actual presidente. No por absurdo lo anterior es menos peligroso; habla de cómo se están haciendo las investigaciones. Mientras tanto, convenientemente también siguen asesinando a quienes, con sus declaraciones, pudieran llevar a los verdaderos asesinos.

El desgobierno que padecemos se refleja también en el hecho de que cada decisión siempre regresa al punto inicial. Situación onerosa y desgastante políticamente para el propio gobierno, y altamente costosa para la nación.

En el caso Aguas Blancas, la Procuraduría General de la República debió ejercer la facultad de atracción, en cuanto se conoció la masacre, justificada por el uso de las armas reservadas para uso exclusivo del Ejército así se hizo en el caso Colosio. Pero sobre todo debió atraer la investigación porque, ya que estaban involucradas autoridades estatales, era prioritario para la nación que todo fuera impecable. Eso es gobernar. Se habría evitado el gasto originado por dos ``fiscales especiales'' y la exhibición del video que, para vergenza del gobierno mexicano, recorrió el mundo entero. También se habría evitado exhibir la dependencia que del poder Ejecutivo tiene el Judicial, y la desvergenza de los que lanzaron loas al ex gobernador. Para qué tanto desgaste político y gasto público si sólo se iba a regresar al punto de partida?Lo mismo puede decirse del caso Ruta-100. Si se hubiesen probado los malos manejos de los directivos del organismo descentralizado, y en su caso del sindicato, se hubieran presentado las pruebas, integrado la averiguación, solicitado las órdenes de aprehensión y cancelado, conforme a derecho, el organismo, a nadie le habría quedado duda de que las cosas empezaban a cambiar. Pero no fue así y hoy el gobierno capitalino enfrenta crímenes no resueltos y negocia con el sindicato. Cuánto se habría evitado en desprestigio, e incluso en vidas humanas, si se hubiera actuado correctamente o negociado desde el principio? También eso habría sido gobernar.

Los fallos operativos del 9 de febrero de 1995 desconocieron la tregua, lo que políticamente es imperdonable; le restaron credibilidad a Ernesto Zedillo, retrasaron la solución negociada al conflicto, iniciaron el retorno de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales y de la desaparición forzada de personas. Iniciaron el terrorismo de Estado. Con la expedición de la Ley de Concordia y Pacificación, los procedimientos pasaron a ser nulos, y en ese instante se debió dejar libres a todos los presuntos zapatistas. O acaso con la misma ley no se revirtió la estúpida detención de Fernando Yañez? Ni qué decir de las sentencias a Jorge Javier Elorriaga y a Sebastián Entzin. Exterminaron a la Cocopa, pusieron en peligro nuevamente el proceso de paz, exhibieron al procurador general como un ignorante del derecho e irrespetuoso de la ley. Y todo para qué? La única salida jurídica y decente es el desistimiento que de la acción penal haga el Ministerio Público. Hacerlo a tiempo también habría significado gobernar.

Curiosamente, en la opinión de cualquier ciudadano común y corriente, en cualquier intrascendente charla de café, se escucha hablar de los oscuros intereses que hay detrás de la administración del organismo Ruta-100, de la inocencia de Elorriaga, de Entzin y de los otros presuntos zapatistas, de la responsabilidad de Figueroa y de la impunidad en que quedará también ese crimen.

Para cualquier ciudadano es obvia la incompetencia de Antonio Lozano Gracia, que se ha convertido en una desgracia para el presidente Zedillo, quien acabará siendo acusado del asesinato de Colosio; en cuanto a su partido, el PAN de lo que debemos congratularnos, es un buen ejemplo de lo que significaría que la derecha llegase a la Presidencia. Pero sobre todo es una desgracia para el país, pues inventando delitos y delincuentes ha destruido con reformas a la Constitución para violarla, y con mentirosas leyes para control social el precario Estado de derecho que conservábamos.

Los procesos y las sentencias a Jorge Javier Elorriaga y a Sebastián Entzin, con acusadores encapuchados, son sólo un pequeño ejemplo de lo que significa la mutilación de las garantías individuales, consagradas en las Cartas Magnas de todo el mundo como el mínimo de derechos inviolables, como la mínima garantía para una convivencia civilizada entre gobernantes y gobernados.

No será que con el presidente como rehén y desatando la guerra es como la derecha panista se prepara para llegar a la Presidencia?