El magisterio nacional celebra hoy su día en medio de una angustiosa situación salarial que ha sido ahondada y exacerbada por la crisis económica que padece el conjunto del país desde diciembre de 1994. Este deterioro no surgió en las actuales circunstancias, sino que viene desde principios de la década pasada y se inscribe en el marco de la pérdida de poder adquisitivo que experimenta desde entonces la generalidad de los salarios.

Los desórdenes económicos sucesivos han dado lugar a que los sueldos de los maestros no sólo sean insuficientes en términos absolutos, sino que sean menores en relación con los que se otorgan en diversos trabajos no especializados. Estas distorsiones en el escalafón nacional resultan especialmente lesivas y desalentadoras si se considera la importancia estratégica que reviste la formación escolar de las generaciones de nuevos mexicanos y la poca retribución que se da a esta tarea.

Aunque no tan angustiosa como la de los maestros de educación básica y media, la situación de los profesores universitarios también deja mucho que desear y sus remuneraciones son por demás injustas en relación con los sueldos que se otorgan a personas con preparación semejante en otros ámbitos del quehacer nacional. Por lo general, en la empresa privada o en la administración pública, un profesionista con maestría o doctorado puede percibir un salario varias veces superior a los que pagan las universidades a su profesorado.

En todos los niveles, los bajos sueldos de los educadores constituyen una de las causas centrales del deterioro que afecta al conjunto del sistema educativo del país. Si se acepta que la mejoría del sistema educativo es no sólo una de las herramientas para superar las dificultades nacionales actuales, sino también una necesidad de largo plazo para asegurar la viabilidad misma del país, ha de concluirse que la dignificación salarial de los profesores es un imperativo de suma urgencia.

Con estas reflexiones en mente, el acuerdo salarial logrado anoche entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debe verse, sin embargo, como un notable logro de los educadores. En efecto, los incrementos de 12 por ciento directo al salario, más 10 por ciento en prestaciones, sumados al 10 por ciento correspondiente al aumento general de enero pasado, representan más de 32 por ciento, lo que significa un alza de singular importancia en el contexto nacional presente, aunque la base salarial sobre la que se aplica esté muy degradada. Cabe considerar, además, que los maestros de 11 entidades recibirán un beneficio adicional de 6.52 por ciento que se otorgará con base en una rezonificación por vida cara.

Finalmente, más allá de la coyuntura actual, parece necesario que el Estado reubique a la educación en un lugar superior de las prioridades nacionales y reajuste con base en ello sus políticas presupuestarias. La población es nuestro recurso nacional más importante. No puede escatimársele una educación de calidad. Y para ello, el país debe ofrecer a sus educadores unas condiciones de vida aceptables y decorosas.