La banca reprivatizada espera sonriente a que mañana jueves las autoridades del país de nueva cuenta den la cara por ella, al presentar, ahora sí, el enésimo programa definitivo de apoyo a deudores, en este caso los hipotecarios, y con él obtener 40 mil millones de pesos adicionales a los recursos ya recibidos en los otros esquemas de ayuda.Y no es para menos: en tan sólo dieciocho meses el moderno sistema bancario reprivatizado el mismo que estaba listo para entrar de lleno al siglo XXI ha sido el mayor beneficiario nacional de los recursos públicos en la historia del México posrevolucionario (por llamarlo de alguna forma).

El actual gobierno, a lo largo de su joven ejercicio (tan sólo un cuarto del periodo constitucional) ha desviado (reorientado, dicen los técnicos) recursos públicos hacia el sector bancario y sus programas de rescate por un monto que cubriría a plenitud los requerimientos económicos de casi diez programas anuales para el combate de la pobreza en el país.Después de los programas de las Unidades de Inversión (UDIs) y del Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores de la Banca (ADE), sin considerar los recursos públicos canalizados a la banca por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), la cartera vencida de la banca reprivatizada se encuentra en un nivel histórico, el cual supera en cuando menos diez veces al del conjunto de instituciones estadunidenses dedicadas a los mismos negocios.

Además, todas las instituciones bancarias reprivatizadas se encuentran en quiebra técnica y sus necesidades de apoyos públicos las convierten en un verdadero barril sin fondo. Pero ello parece no precupar a nadie, pues finalmente, comentan algunos analistas financieros, quien asume el costo político y económico es el gobierno, no los bancos.

El jueves el presidente Ernesto Zedillo encabezará la presentación del nuevo programa de refuerzo a reestructuras de hipotecas, cuyo costo fiscal, según señalan los especialistas financieros, se calcula en cuando menos 40 mil millones de pesos, es decir, 2 por ciento del producto interno bruto del país. En 1995, los apoyos significaron el 5.5 por ciento del PIB.

De acuerdo con fuentes financieras consultadas, una de las novedades que presenta este esquema para superar la crisis de la cartera vencida hipotecaria, consiste en que las Unidades de Inversión estarán ligadas al incremento del salario mínimo y no al crecimiento de la inflación, por lo menos la que mensualmente reporta el Banco de México por medio de su índice nacional de precios al consumidor.Además, contiene una fórmula que vincula el monto de la mensualidad con la capacidad de pago real del deudor, situación que no incluyó ninguno de los programas anteriores puestos en marcha por el gobierno y la banca.

Informes bancarios señalan que por medio del ADE y los UDIs se han reestructurado alrededor de 310 mil créditos hipotecarios, con un monto cercano a los 70 mil millones de pesos. Sin embargo, se calcula que la cartera hipotecaria significa entre el 40 y el 50 por ciento de la cartera total de la banca privada, es decir, de 300 a 375 mil millones.

El nuevo esquema se aplicará sólo a aquellos deudores que estén al corriente de sus pagos y que previamente hayan reestructurado sus créditos en UDIs, lo que no clarifica la idea de que la intención es solucionar el problema de la cartera vencida.La parte esencial del programa que se conocerá el jueves en Los Pinos consiste en la reducción de 30 por ciento del equivalente en pesos para los clientes al corriente que reestructuraron en Unidades de Iinversión o que regularicen sus adeudos por medio de este mecanismo.

Además, permitirá la reducción de los plazos de amortización del crédito, con disminuciones del pago mensual y descuentos para quien liquide con anticipación el empréstito.Cabe recordar que desde su creación, en abril de 1995, el valor de las UDIs se ha incrementado 52 por ciento.

Se calcula que el nuevo esquema para el reforzamiento de las reestructuraciones hipotecarias se prolongará de 7 a 10 años, y que incluirá tasas preferenciales, siempre bajo el condicionamiento de que los deudores estén al corriente de sus pagos.Según fuentes financieras, el costo del programa, al igual que los anteriores, se distribuiría de la siguiente manera: 60 por ciento para el gobierno y 40 por ciento para los banqueros, aunque finalmente sea el primero quien cubra prácticamente el 100 por ciento.

Correo electrónico, Carlos Fernández-Vega. - [email protected]