Sin participación de los órganos legislativos, el Gobierno Federal a través del DDF aplicó un nuevo impuesto a la gasolina, camuflado como sobreprecio, que, se dice, se destinará a programas ambientales.

Se aplica así la norma neoliberal en materia ecológica: ``quien contamina, paga''. El gobierno piensa, erróneamente, que el dinero lo resuelve todo. Pero se equivoca.

Los automovilistas son los mayores responsables de la contaminación atmosférica, pero no los únicos: lo hacen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios que usan múltiples formas de combustión en sus actividades; muchos productos industriales destruyen la capa de ozono; los que por cualquier razón desforestan y destruyen la capa vegetal y liberan la tierra al viento; o quienes por carencia de drenaje y agua, defecan al aire libre. Por ello, la medida es unilateral y parcial.

La contaminación atmosférica derivada del uso vehicular, aunque sea irracional, no puede ser asumida como un delito a penalizar. En el transporte de mercancías o pasajeros, los transportistas responden, aunque sea antitécnicamente, a necesidades sociales insoslayables; muchos de los que usamos y abusamos del automóvil particular, lo hacemos porque no existen en la enorme ciudad suficientes medios de transporte público eficiente, rápido y cómodo, porque el sector público prefiere apoyar la anárquica expansión del transporte privado más irracional y contaminante.

Las causas de la contaminación atmosférica debida al consumo de gasolinas, no son individuales sino sociales: excesivo crecimiento urbano extensivo, especulación con los terrenos baldíos interiores; falta de regulación social del funcionamiento urbano; libre albedrío en la localización de actividades urbanas, que eleva y hace demasiado complejos los flujos de personas y mercancías; transporte público irracional e ineficiente, como producto de décadas de erráticas e improvisadas políticas estatales (congelamiento del Metro, destrucción del transporte eléctrico, privatización de camiones, circuitos rápidos, ejes viales, vías autoexpress de cuota, etcétera) que incentivan el uso de automóviles; las autoridades del transporte capitalino son incapaces de aplicar sin corruptelas las normas y regulaciones sobre tránsito; etcétera. Quiénes son entonces los responsables?La ideología del capitalismo, más fuerte que cualquier impuesto, empuja al uso del automóvil: la publicidad de las trasnacionales automotrices para aumentar ventas y ganancias, es masiva; el Estado neoliberal desprestigia lo público colectivo y promueve lo individual privado, para justificar su privatización; el neoliberalismo promueve el individualismo y ataca toda forma de regulación de los procesos sociales, destruyendo las posibilidades de una planeación racional. Por esto, el sobreprecio a las gasolinas no reducirá la contaminación atmosférica. Los condenados sin juicio ni derecho a voz ni voto, tendremos que seguir usando el automóvil y contaminando, pues no hay alternativas racionales a las causas del problema.

El efecto será un encarecimiento mayor de la subsistencia en la ciudad: elevación del costo del transporte público, golpeando a los usuarios pobres de los irracionales microbuses y minicamiones y más presiones inflacionarias; y reducción de los ingresos de los asalariados medios y bajos. Los usuarios de autos que son empresarios, transferirán este impuesto a los precios de lo que venden; la alta burocracia estatal, al gasto público; en ambos casos, pagarán todos los demás ciudadanos.

No se sabe a dónde irá a parar el producto del nuevo impuesto; desconocemos los proyectos respectivos. Se sospecha que irá a financiar a los empresarios privados del transporte capitalino. El gobierno neoliberal, una vez más, actúa como instrumento de la más violenta concentración del ingreso en la historia: elimina subsidios a los sectores mayoritarios, aumenta impuestos a la sociedad y los entrega como subsidio a banqueros, transportistas o constructores de autopistas privadas. Otro medio más de la expoliación de la mayoría en beneficio de una minoría. Lo que los capitalinos exigen es una política colectiva, democrática, equitativa, completa, racional y de cambio estructural para enfrentar la asfixiante contaminación atmosférica.