A reestructuración de hipotecas, 5 mil 300 mdd

Roberto González Amador y Matilde Pérez U. La nueva fórmula ideada por el gobierno federal y los banqueros para los deudores hipotecarios consiste en que las Unidades de Inversión (Udis) estarán ligadas al incremento del salario mínimo, y vincula el monto de la mensualidad con la capacidad de pago real del deudor.

Fuentes financieras indicaron que el esquema de Alianza para la Vivienda que hoy dará a conocer el presidente Zedilloincluye la reducción de 30 por ciento del equivalente en pesos para los clientes al corriente que restructuraron en Udis o que regularicen sus adeudos por medio de este mecanismo. Habrá una reducción de los plazos de amortización del crédito, con disminuciones del pago mensual y descuentos para quien liquide con anticipación el empréstito.

El costo del programa superará los 5 mil 300 millones de dólares y también se anunciaría un programa de financiamiento a la vivienda, en donde estarían involucrados todos los organismos públicos dedicados a este rubro, como Infonavit, Fovissste, entre otros, así como las organizaciones colegiadas de la construcción.

Para la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios, El Barzón, esa Alianza para la Vivienda será ``limitada e insuficiente, ya que sólo atenderá a 294 mil personas de las 863 mil que obtuvieron créditos para vivienda y tendrá un elevado costo fiscal''.

Juan José Quirino Salas, presidente de El Barzón, apuntó: ``El programa beneficiará exclusivamente a Bancomer y Banamex, los dos gigantes del sistema bancario mexicano, los cuales tienen 60 por ciento de la cartera hipotecaria, y deja sin resolver el fondo del grave problema de la vivienda''.

Es preocupante que el gobierno siga sin responder a la demanda de los deudores y que el Ejecutivo dé a conocer programas parciales cuando senadores y diputados se habían comprometido con el movimiento a buscar, junto con El Barzón y el gobierno federal, programas para solucionar de fondo el problema de carteras vencidas, abundó.

Ante la situación, Quirino Salas dijo que El Barzón iniciará un nuevo periodo de movilizaciones y de acercamiento con partidos, organizaciones sociales, personalidades, Iglesia y EZLN.

El esquema gubernamental para atender los créditos hipotecarios con el cual se pretende disminuir en un tercio el monto de las mensualidades que deben cubrir los deudores de hipotecas, tendrá un costo trece veces superior a la cantidad que gastará el gobierno para cubrir el aumento salarial de 22 por ciento concedido a 1.2 millones de maestros, según datos de fuentes oficiales.

Para analistas del sector financiero, el nuevo esfuerzo fiscal para garantizar el pago de las deudas a la banca comercial con cargo al erario público, enfrenta las mismas deficiencias de los ocho programas gubernamentales que a partir de 1994 han pretendido dar solución al creciente problema de la cartera vencida, cuyo monto representa 16 por ciento de la cartera de crédito vigente del sistema crediticio privado.

``Mantener la política de seguir subsidiando los programas establecidos, como al Ade (Acuerdo de Apoyo a Deudores), que en sólo ocho meses demostró su insuficiencia para solucionar a fondo el problema de la cartera vencida, sólo aumenta progresivamente el monto de los recursos fiscales que se deben asignar para financiarlos'', señaló la firma especializada en consultoría crediticia Securities Auction Capital (SAC).

Añadió que seguir con la lógica planteada en el ADE de subsidiar temporalmente tasas preferenciales de interés a la espera de que la tasa de interés vigente en el mercado alcance niveles de 28 por ciento, cuando ahora es de 50 por ciento, sólo requiere mayores recursos públicos.

Además, implicaría un sacrificio en tasas para los intermediarios financieros, quienes a cambio obtendrían una reducción de alrededor de 8 por ciento en el saldo de sus carteras vencidas durante el resto de 1996. Significaría, dice SAC, que los deudores asuman condiciones de pago que, tarde o temprano, volverán a disparar los niveles de la cartera vencida.

Un analista de un banco estadunidense que opera en México comentó que, por la información difundida hasta ahora, el programa que será anunciado este jueves efectivamente reducirá en un tercio el pago mensual de los deudores de hipotecas.

``Pero la cuestión radica en que a lo largo de los últimos meses el efecto inflacionario ha influido en una pérdida de por lo menos 40 por ciento en la capacidad adquisitiva de la población. Por ahora ya no se pagarán mil, sino 700 pesos por la mensualidad de la hipoteca. La pregunta es en cuánto tiempo la inflación volverá a deteriorar la capacidad de pago de los deudores de hipotecas y nuevamente resurgirá el riesgo de que se declare la cartera vencida'', añadió.

De acuerdo con información del Banco de México, los programas de saneamiento del sector bancario han costado a los contribuyentes 90 mil 800 millones de pesos, una cantidad que equivale a 5.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 1995.

Esa suma se conforma de la siguiente manera: el programa de Unidades de Inversión tiene un costo en todos los casos es a valor presente de 17 mil millones de pesos; el Ade, otros 13 mil 400 millones de pesos; el Fobaproa, 32 mil millones; por esquemas de capitalización, 7 mil 400 millones; para el programa de autopistas concesionadas, 14 mil 100 millones; y ``medidas adicionalesque incluyen la retroactividad en tasas de Udis e intereses por restructuración de Udis, otros 6 mil 900 millones de pesos.

El analista consultado explicó que, mientras no se registre una recuperación real de la economía, situación que en el mejor de los casos ocurrirá el próximo año, la banca seguirá siendo una succionadora de recursos para poder cubrir los huecos abiertos por la falta de capacidad de pago de sus clientes.

Por lo pronto, el costo del nuevo programa para los deudores de hipotecas, que según la información conocida hasta este miércoles tendrá una vigencia de entre cinco y siete años, aumentará el costo total de los programas de saneamiento financiero a 7 puntos del PIB, una cantidad que supera con mucho el 2 por ciento del PIB que será gastado este año en desarrollo social, o el 4 por ciento que se invierte en la educación de los mexicanos.