Como resultado del ``error de diciembre'', México ha acumulado la deuda externa más grande de toda América Latina: un problema que aparentemente estaba controlado en el corto plazo se ha complicado de tal manera que impide concebir el desarrollo del país en el largo plazo. La estrategia financiera está subordinada al calendario de pagos de las obligaciones exteriores, y los esfuerzos del gobierno se encaminan principalmente a modificar los plazos y términos de los vencimientos más próximos.
Los recursos que aportaron la Casa Blanca y el Fondo Monetario Internacional sirvieron para saldar los compromisos adquiridos en Tesobonos y recuperar los niveles de reservas del Banco de México. Representaron de este modo un alivio inmediato para las cuentas públicas; pero prácticamente al mismo tiempo el dinero del rescate se sumó a la deuda externa total. Al gobierno le preocupa la cantidad absoluta, pero más aún la forma en que el servicio se distribuye a lo largo de los siguientes años.
La emisión del Bono Global --por 1.75 mil millones de dólares y a 30 años-- encaja dentro del esfuerzo del gobierno por repartir la carga financiera a lo largo de un periodo más amplio. El nuevo bono fue ofrecido como una alternativa a los tenedores de Bonos Brady más de 150 puntos base por encima, aunque sin la garantía del Tesoro estadunidense. Aunque el riesgo (financiero) asociado a México limitó el monto de la operación, al menos otorgó un tiempo valioso para maniobrar.
El respiro es, sin embargo, muy breve. La coyuntura más difícil que enfrenta el gobierno se halla entre 1997 y 1998, donde las amortizaciones e intereses de la deuda están especialmente concentradas. Este es el chipote en el servicio de la deuda que rige el ritmo del trabajo en Hacienda; los funcionarios de esta Secretaría consideran que lo que pueda suceder después del año 2000 no les atañe demasiado. Sus preocupaciones giran dentro de un horizonte bastante reducido.
En este momento del ciclo económico, sin embargo, la apuesta del gobierno mexicano parece estar siendo validada. Los elementos favorables que prevalecen actualmente en los mercados financieros han propiciado un aumento en los flujos de inversión hacia México, en donde una política restrictiva mantiene el peso relativamente estable. Las bajas tasas de interés en Estados Unidos han impulsado a los capitalistas a buscar rendimientos más elevados en títulos de renta fija y en la Bolsa de Valores mexicana. Pero estas condiciones no se extenderán indefinidamente; ni siquiera por mucho más tiempo.
Mientras tanto, la estrategia del gobierno continúa fincada en los flujos de capital externo: tan volátiles y demandantes como en diciembre de 1994, pero incluso menos dispuestos hoy en día a correr riesgos en México. Las bases de las finanzas públicas mexicanas son más sanas por otra parte, pues el déficit de la cuenta corriente fue erradicado gracias a la devaluación y a la recesión, pero inexplicablemente esto no es suficiente aún para que los inversionistas extranjeros adquieran plena confianza en las posibilidades de recuperación de la economía mexicana.
Esto es resultado de la visión cortoplacista del gobierno mexicano. El presidente Ernesto Zedillo ha anunciado el ``fin de la crisis'' varias veces, todas ellas de manera prematura. En realidad, el principal logro de su administración ha sido cumplir con los vencimientos del servicio de la deuda externa dentro de los plazos señalados por el Departamento del Tesoro estadunidense y el FMI. El año pasado el gobierno transfirió una suma cercana a los 40 mil millones de dólares para pago de las obligaciones contraídas en moneda extranjera, pero aun así la carga de la deuda absoluta no se ha reducido. Al contrario, México se ha convertido en el país más endeudado de la región.