Cancela Washington la visa a 36 políticos colombianos, algunos bajo investigación por nexos con el narcotráfico Entre los afectados, el contralor general David Turbay y el consejero de Estado Amado Gutiérrrez

Afp, Dpa, Ips, Efe, Ap, Ansa y Reuter, Santafé de Bogotá, 16 de mayo Otro gran escándalo surgió en Colombia al conocerse que Estados Unidos canceló la visa de 36 personajes de la vida política de este país, algunos de los cuales se encuentran bajo investigación por sus presuntos nexos con el cártel mafioso de Cali.

Mientras, se informó que la Corte Constitucional despojó a la comisión de acusación parlamentaria que investiga al presidente Ernesto Samper de su función de acusarlo o absolverlo. El presidente de ese tribunal, Carlos Gaviria, afirmó que esa función corresponde al plenario de la Cámara de Representantes.

Entre los políticos afectados por la decisión estadunidense de cancelarles visa, figuran el contralor general, David Turbay, el consejero de Estado Amado Gutiérrez, el ex ministro de Defensa Fernando Botero, los ex congresistas Ramiro Lucio y José Jattin y 24 parlamentarios, entre otros.

El contralor Turbay fue el único que se declaró indignado al anunciar que contratará a un equipo de abogados en Estados Unidos para buscar revocar tal decisión. Señaló que así luchará por defender su honra y su derecho a ingresar al país del norte con ``la frente en alto''.

Turbay, quien no obstante reconoció que se trata de una decisión interna estadunidense, es el encargado de la vigilancia de las cuentas públicas, y a la fecha enfrenta una investigación preliminar de parte de la Fiscalía General por haber recibido presuntamente dinero del cártel de Cali, según denunció el ex tesorero Guillermo Pallomari.

La decisión del Departamento de Estado, recordó la prensa colombiana, ocurre a un mes de que había sido despojado de su visa el procurador Orlando Vásquez, hoy en prisión, acusado también de haber recibido favores de los narcotraficantes.

La embajada estadunidense dijo que los asuntos relacionados con las visas eran confidenciales, pero aclaró que no se descartaba que el Departamento de Estado haga un pronunciamiento sobre el particular en las próximas horas.

El canciller colombiano, Rodrigo Pardo, señaló que la decisión de Estados Unidos de cancelar la visa a David Turbay es inoportuna y tiene una carga de intervencionismo si se considera que Colombia afronta un proceso de crisis política interna.

Mientras, Samper negó que exista un enfrentamiento con el fiscal general Alfonso Valdivieso a raíz de una controversia entre ambos, pero agregó que hay posiciones que tiene que pensar el presidente para que el Estado de derecho se proteja.

En tanto que el presidente insistía en defender su política antinarcóticos y de que seguirá por ese camino, la defensa de Samper hizo saber que el gobernante podría demandar a funcionarios de la Fiscalía General por lanzar ``calumnias'' en su contra.

En espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a tres ministros samperistas, que el presidente defendió y motivó la polémica con el fiscal, el abogado presidencial Luis Guillermo Nieto dijo que el gobierno ha decidido enfrentar ``la dictadura de la fiscalía''.

Al mismo tiempo, este día ocurrieron otra serie de hechos inusitados y aparentemente contradictorios: la Corte Constitucional quitó a la Comisión parlamentaria investigadora del presidente de su función de acusarlo o absolverlo, al declarar inconstitucional un artículo al respecto.

A su vez, la comisión parlamentaria citó al fiscal Alfonso Valdivieso para que explique su presunto comportamiento cuando se desempeñó como ministro de Educación en el gobierno de César Gaviria.

Pero la Corte Suprema de Justicia decidió investigar al diputado instructor de la comisión parlamentaria de acusación, Heyne Mogollón, por su presuntos nexos con el narcotráfico al formar parte él mismo del escándalo Samper que investiga.

Para rematar, el Consejo Nacional Electoral notificó a Samper cargos por haber superado ampliamente los límites de su campaña electoral de 1994, al desechar un dictamen del Consejo de Estado que eliminó tales límites. Agregó que el fallo carece de validez porque no puede ser retractivo.

Por otro lado, el gobierno colombiano impuso severas restricciones en cinco departamentos del sudeste del país a los que declaró zonas de guerra para garantizar la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Entre las medidas, amplió la fuerza policial a 5 mil efectivos más.