El nuevo plan equivale a 2% del PIB previsto para 96

Ricardo Alemán Alemán Dirigido a los casi 900 mil deudores hipotecarios, el gobierno federal y la banca firmaron el Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, que otorgará un descuento de 30 por ciento --en 1996-- en los pagos mensuales de los acreditados que se mantengan al corriente en sus abonos, y que hayan restructurado o restructuren sus adeudos en Udi hasta un monto de 760 mil pesos o 500 mil Udi.

El descuento en los pagos será del 30 por ciento durante 1996 --retroactivo al primero de enero-- y se reducirá gradualmente hasta llegar al 5 por ciento en el año 2005. En 1997 y 1998 los descuentos ``serán cercanos al 30 por ciento'', informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz.

El programa también incluye un esquema para aquellos deudores que, incluso restructurando en Udi, no puedan pagar sus créditos. Dicho esquema les dará a los deudores el beneficio de continuar habitando la vivienda hasta por seis años, ``mediante el pago de una módica renta, así como de recomprarla en un futuro''. Para esto último las rentas pagadas se les tomarán en cuenta, y mantendrían abierta la posibilidad de acceder a un nuevo crédito bancario.

En una ceremonia realizada en la residencia oficial de Los Pinos y atestiguada por el presidente Ernesto Zedillo, el titular de Hacienda sostuvo que el programa considera incrementar de 57 mil a 100 mil millones de Udi el monto comprometido para restructurar créditos hipotecarios.

Con esta disponibilidad de recursos existirá cobertura suficiente para restructurar todas las carteras hipotecarias no cubiertas por programas tipo Fovi. A la fecha, de los 57 mil millones de Udi asignadas para la restructuración de créditos hipotecarios, se han dispuesto 45 mil millones, en la restructuración del 45 por ciento de la cartera restructurable.

El costo del programa, que se aplicará a lo largo de los próximos diez años, será del 2 por ciento del PIB previsto para 1996, y las aportaciones serán compartidas por el gobierno federal y la banca, en montos estimados en 3 mil millones de dólares y 2 mil millones, respectivamente.

Según Guillermo Ortiz, el gobierno federal ``reconoce'' que el problema de la cartera hipotecaria, dada su magnitud y complejidad, ``amenaza con anular los enormes esfuerzos que muchas familias mexicanas han realizado a lo largo de los años para adquirir una vivienda, la cual constituye su principal patrimonio familiar''.

En el Programa de Vivienda 1995-2000, del que se desprende la Alianza para la Vivienda y el Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, Guillermo Ortiz explicó que además de ofrecer apoyos directos para que las familias no pierdan su patrimonio, el Programa de Vivienda ``busca reactivar a la brevedad la inversión en ese sector, sobre todo por la alta generación de empleos y el efecto multiplicador asociado''.

Los destinatarios del programa son los casi 900 mil deudores que han contraído créditos para vivienda, quienes se beneficiarán con un esquema de descuentos en los pagos mensuales de los adeudos que hayan restructurado o restructuren en Udi a más tardar el 30 de septiembre de 1996, y se mantengan al corriente en sus pagos. Dichos descuentos, que estarán vigentes en los próximos diez años, se aplicarán a los pagos correspondientes a las primeras 500 mil Udi o su equivalente en pesos, 760 mil pesos al día de ayer, del saldo total del crédito.

El descuento en los pagos será del 30 por ciento en 1996 y se reducirá gradualmente hasta llegar al 5 por ciento en el año 2005. Guillermo Ortiz explicó, sin dar montos precisos, que en 1987 y 1988 ``los descuentos para los beneficiarios del programa serán cercanos al 30 por ciento'', o sea que se mantendrá el esquema en los años que se consideran más difíciles para los deudores de la banca.

En su exposición, el titular de Hacienda dijo que se pretende promover ``la cultura de pago, ya que para gozar de sus beneficios el deudor deberá estar al corriente en sus obligaciones. No hacerlo así, implicaría una injusticia para quienes hacen el esfuerzo por enfrentar sus compromisos''.

Para las viviendas de interés social del tipo conocido como Fovi, cuyos pagos se incrementan en función del comportamiento del salario mínimo, también se aplicarán descuentos en los pagos mensuales de los acreditados. Dicho descuento se reducirá gradualmente del 30 por ciento en 1996, al 6 por ciento en el año 2000, para aquellos créditos que no hubieren diferido o capitalizado mensualidades vencidas, y del 24 por ciento en 1996 al 6 por ciento en 1999, cuando dichas mensualidades vencidas hubieren sido diferidas o capitalizadas.

En lo que respecta al apoyo para la reactivación del sector vivienda, Guillermo Ortiz dijo que es necesario facilitar el proceso de venta del inventario de vivienda ya construida o en proceso de construcción. Para ello, conforme a modalidades previstas en el Programa, se harán extensivos los descuentos en los pagos a créditos que se individualicen a más tardar el 30 de abril de 1997.

Sobre la construcción de nuevas viviendas, existirán beneficios de descuentos en los pagos para créditos a la vivienda de interés social que se otorguen con recursos Fovi hasta el 31 de diciembre de 1997, de manera que el actual inventario de viviendas y las que se construyan también se beneficien del Programa.

Madariaga: programa viable que no juega con la esperanza de los afectados

José Madariaga Lomelín, presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), dijo que el programa de apoyo a deudores ``es viable por el esfuerzo de análisis e implementación que contiene, y porque no parte de posturas teóricas o ideológicas, y por tanto no juega con la esperanza de los afectados''.

La banca, expuso el empresario, ``nunca ha tenido por objetivo ejecutar garantías. Deseamos tener clientes satisfechos en una relación de confianza y servicios... Por eso creemos que con la aplicación del programa la sociedad se beneficia no sólo por el apoyo directo a los deudores, sino por la tranquilidad en su conjunto, ya que efectivamente da respuesta material a una de las más importantes demandas de los mexicanos; crear condiciones que hagan posible un futuro de mayor bienestar, junto con un presente más manejable, dentro de los límites que las circunstancias imponen''.

Previamente, Madariaga Lomelín criticó ``la aparición frecuente'' de propuestas que por lo general ``suenan a oferta de felicidad gratuita, cuando es claro que en los campos económico, político y social todo tiene costo y, por tanto, cualquier decisión en estos ámbitos supone esperar los momentos que propicien mayor y mejor equilibrio entre los afectados''.