La licencia otorgada al hasta antier presidente municipal de Huejotzingo, Puebla, el priísta Miguel Angel Martínez Escobar, y la designación del panista Heriberto Ramírez Cerón para sucederlo en el cargo ponen en entredicho a todas las partes involucradas y representan un costo político desmesurado para el PRI, para el PAN, para el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Electoral estatales, así como para las autoridades federales y sus propósitos de fortalecer el federalismo.

En efecto, estos movimientos en el gobierno del municipio poblano, realizados con el claro propósito de cumplir las exigencias de la dirigencia nacional del PAN para volver a la mesa de negociaciones de la reforma electoral, indican que en Huejotzingo se actuó en contra de la voluntad ciudadana: si Martínez Escobar ganó en las elecciones de febrero pasado, entonces no había motivo para que abandonara el cargo, el Legislativo no debió concederle licencia y Acción Nacional no debió abandonar el diálogo para la reforma electoral. Si, por el contrario, el sufragio no le fue favorable, entonces el priísta nunca debió tomar posesión, el Tribunal Electoral del estado habría debido impedirlo y el PRI y el gobierno poblano no tuvieron razones para sostenerlo en la presidencia municipal durante más de tres meses. En todo caso, quien con seguridad no obtuvo el sufragio popular es el nuevo edil huejotzinga.

En la perspectiva nacional, independientemente de la justeza o no de su reclamo por Huejotzingo, el PAN, al utilizar su participación en las negociaciones para la reforma electoral federal como carta de negociación en un conflicto poselectoral de un estado, actuó en contra del federalismo y del principio de respeto a la autonomía estatal, que han sido tradicionales banderas panistas.

Por su parte, las autoridades federales dejaron ver su tendencia a ceder ante Acción Nacional y, por contraste, su poca disposición a atender los reclamos del PRD. En efecto, es inevitable la comparación entre Huejotzingo y Tabasco, un municipio cuyos puestos de representación popular fueron negociados tras bambalinas, y un estado cuyo gobernador enfrenta documentados señalamientos de haber gastado una suma astronómica e ilegal en su campaña, un posible delito electoral que hasta ahora no ha sido objeto de una averiguación clara y resuelta.