Es un madruguete para ganar votos en 97, sostiene el barzonista Quirinos

Con el costo fiscal del nuevo programa de apoyo a la banca se elevó a 135 mil 600 millones de pesos el monto de los recursos que deberán aportar los contribuyentes mexicanos para financiar los planes de alivio a deudores y de saneamiento del sistema privado de crédito, informó ayer Eduardo Fernández García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con las estimaciones del funcionario, los recursos fiscales pendientes de asignar para sufragar el costo de estos programas representan una cantidad superior en 27 por ciento al saldo de la cartera vencida de la banca privada que, dijo, al cierre de marzo se ubicó en 106 mil millones de pesos.

``Estamos hablando de que el costo fiscal pendiente representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto de 1996'' --estimado oficialmente en 2.26 billones de pesos--, apuntó Fernández.

Aclaró, sin embargo, que el costo fiscal será distribuido progresivamente en las próximas tres décadas, sin que el gobierno incurra en déficit financieros.

El funcionario ofreció ayer por la tarde, en compañía del presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), José Madariaga Lomelín, una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre el Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, dado a conocer horas antes en Los Pinos.

Casi al tiempo de que fue anunciado el programa, que prevé una reducción de 30 por ciento en el monto de las mensualidades que pagan los deudores de hipotecas, representantes de la cúpula empresarial apoyaron la medida, a la cual calificaron como una ``solución realista'' para comenzar a destrabar el problema de las carteras vencidas.

En contraparte, la asociación de deudores El Barzón anunció que reiniciará la próxima semana sus movilizaciones de protesta como señal de inconformidad ante el hecho de que sus opiniones sobre la forma de atacar el problema de la morosidad no han sido tomadas en cuenta. Su dirigente, Juan José Quirinos, calificó el programa dado a conocer ayer como ``un madruguete'' del Ejecutivo, ``como un esquema para ganar votos en 1997 y no un proyecto de salvación de los deudores''.

En cambio, Madariaga Lomelín y Fernández García salieron en defensa del nuevo esquema de rescate bancario. ``Como en ocasiones anteriores, es un programa que está pensado y analizado directamente para favorecer a los deudores'', apuntó el presidente de los banqueros.

Mientras, Fernández García aseguró que con este nuevo programa los deudores que no han caído en morosidad mantendrán su capacidad de pago, y aquellos que están en cartera vencida podrán restructurar y con los descuentos previstos sostener una capacidad de pago de acuerdo con su salario. ``Esperamos que no menos del 80 por ciento de la cartera hipotecaria de la banca quede restructurada en términos de lo previsto y, por supuesto, cumpliendo con sus pagos''.

Más adelante, precisó que el programa de apoyo a deudores de hipotecas tendrá un costo para el gobierno de 27 mil millones de pesos, en tanto que para la banca representará un gasto de 15 mil millones de pesos.

La cartera hipotecaria total es de aproximadamente 177 mil millones de pesos, que representa el 24.58 por ciento de la cartera vigente del sistema bancario. De los créditos hipotecarios, 30 mil millones corresponden al Fovi y el resto a los préstamos para viviendas que no son de interés social. De esos 147 mil millones, 75 mil millones ya están restructurados en Unidades de Inversión (UdiÕs).

Con el nuevo programa, las autoridades esperan que el 80 por ciento de la cartera hipotecaria --excluida la correspondiente al Fovi-- quede restructurada en UdiÕs, comentó Fernández García.

Apenas conocido el Programa de Beneficios Adicionales a Deudores de Créditos para Vivienda, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos Abascal, dijo que para los empresarios lo más importante es la reactivación económica y que la banca continúe con una actitud de negociación para resolver los problemas ``que no se pueden solucionar unilateralmente''. Consideró que ``sería injusto'' afirmar que el sistema financiero ``no pone nada'', porque el costo es generalizado y ``abarca a toda la sociedad, y a los bancos como parte de ella''.

En términos similares se expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Larios Santillán. ``El programa va a permitir que se recapture la cartera vencida y se recupere el ingreso familiar con la generación de empleos'', apuntó, y lo definió como ``un respaldo por parte del gobierno y la banca para que las familias conserven, en primera instancia, sus viviendas y posteriormente puedan generar empleos a través de la construcción de la propia vivienda''.

La nota de inconformidad fue puesta por El Barzón. El movimiento de deudores de la banca --al cual la ABM no reconoce como interlocutor-- anunció que reiniciará sus movilizaciones la próxima semana, ante el incumplimiento del cuerpo legislativo para convocar a las autoridades, banca y deudores en el diseño de un programa conjunto de solución para las carteras vencidas.

Juan José Quirino Salas y Manuel Ortega, miembros del Comité Ejecutivo Nacional barzonista, manifestaron que a pesar del ``madruguete'' presentarán a mediados de semana su programa de restructuración al presidente Ernesto Zedillo.

Ambos consideraron que el ``programa de ayuda hipotecario'' anunciado por el jefe del Ejecutivo representa sólo un ``esquema favorable para ganar votos en 1997 y no un proyecto de salvación para los deudores''.

Entre las reacciones suscitadas por el nuevo programa estuvo también la de la Coalición Internacional para el Hábitat, cuyo secretario general, Enrique Ortiz, dijo que se ha dejado fuera de la promoción de casas-habitación a las organizaciones sociales.

En Torreón, Coahuila, la Agrupación para la Defensa del Patrimonio Familiar consideró que el programa sólo beneficiará a quienes se acogieron al Ade. (Ayer mismo Eduardo Fernández dijo que la posibilidad de restructurar las deudas hipotecarias y gozar del beneficio de la reducción de los pagos mensuales se ampliará hasta el 30 de septiembre).

Mientras, El Barzón de Monterrey consideró que ``por enésima vez el programa es presentado en forma unilateral, sin considerar a los deudores, lo cual de antemano pondrá en entredicho su viabilidad y aplicación''.

Por otra parte, el Consejo Coordinador de Chihuahua propuso al gobernador Francisco Barrio ser el conducto ante el gobierno federal y la Asociación de Banqueros de México para que se extienda la tregua judicial y la reestructuración que ofrece el Ade llegue a los 500 mil pesos e incluya los créditos contratados en dólares. (Con información de Roberto González Amador, Laura Gómez, Angélica Enciso, Ricardo Alemán, y los corresponsales Armando Torres, Uriel Martínez, Alberto Espinosa y Alejandro Romero)