Faltan 18 días para que, por la inercia de los hechos y el espíritu arbitrario de la ley de ``concordia y pacificación'', se rompa automáticamente el Diálogo de San Andrés y cuando el régimen lo disponga, se reanude la ofensiva militar contra el EZLN.Nadie parece advertir la gravedad de las circunstancias. Cuando los medios difundieron la sentencia contra Sebastián Entzin y Javier Elorriaga, todos los actores involucrados en el conflicto, salvo los zapatistas Gobernación, la PGR, la Conai y la Cocopa, se apresuraron a declarar que de inmediato se buscaría una salida política.La primera consecuencia de este manejo de la opinión pública ha sido la desmovilización de la sociedad. A las dos concentraciones citadas a las puertas de la PGR, así como al mitin ante la Secretaría de Gobernación, la asistencia fue mínima: un hecho que aumenta el peligro real de la guerra, porque, en apariencia, ahora sí, el régimen ha logrado aislar políticamente al EZLN y ya está en condiciones de aplastarlo bajo el peso de las armas.

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Los zapatistas, por lo pronto, han suspendido el Foro sobre la Reforma del Estado, previsto para el 27 de mayo, cuyos resultados serían llevados a la fase final de la Mesa 2 de San Andrés, de la cual, según el reglamento convenido por las partes, saldrían los acuerdos en materia de Justicia y Democracia que serían oficializados con la firma de la paz.

En otras palabras, de no haberse interpuesto el bien calculado obstáculo que representa la sentencia del juez de Tuxtla a todas luces urdida por la oficina de Antonio Lozano Gracia, a partir del 5 de junio habría comenzado a decantarse la propuesta de un amplio conjunto de fuerzas políticas y sociales, representadas por el EZLN, en busca de una verdadera transición a un régimen democrático.

Véase el contraste. A raíz de la llamada Mesa de Bucareli, donde los dirigentes del PRI, el PRD y el PT arribaron a una serie de ``conclusiones'' que no compromisos para la reforma electoral ``definitiva'' que ofreció con inmodestia Zedillo, el PRI sugiere ''19 modificaciones a 11 artículos de la Carta Magna, mientras el PRD propone 34 reformas a 21 artículos'' (nota de Oscar Camacho Guzmán, que vuelve al periodismo activo, La Jornada, 14/V/96).

Por su parte, la contrademanda del EZLN, integrada en la Mesa 2 de San Andrés con el concurso de 300 asesores y más de 200 invitados especiales entre los cuales destacan profesionales altamente reconocidos en las más diversas disciplinas, así como dirigentes de organizaciones y movimientos civiles y pacíficos bien implantados en la sociedad, se resume en los siguientes términos:``Es necesario emprender una serie de reformas constitucionales para preservar los derechos ciudadanos, que han sido cancelados por cambios legislativos carentes de legitimidad. Para ello deben ser reformados, al menos 34 artículos constitucionales: 4-21-25-27-34-40-41-49-54-60-69-71-73-74-75-76-89-93-94-96-97-103-108-109-110-111-112-113-114 y 116, para garantizar la coherencia del marco constitucional. La magnitud y profundidad de las modificaciones requeridas, apuntan a la necesidad de un gobierno de transición que convoque a un Congreso Constituyente'' (Documento síntesis del Cuerpo de Asesores e Invitados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por una Paz Justa y Digna).Vuelta al 94?Obligado por la fuerza a buscar la paz mediante el diálogo con el ``gobierno'', el zapatismo social no el EZLN, que simplemente puso la mesa para que la sociedad se expresara en un espacio que no le han brindado los partidos realizó en San Andrés un diagnóstico responsable y minucioso de las causas y los efectos de la decadencia del sistema político mexicano y, consecuentemente, levantó una demanda radical en el mejor sentido de la palabra, esto es, en el que aspira a identificar la raíz de los problemas.Y la raíz del gran problema de la política en México, nadie lo ignora, es la ausencia total de la democracia, toda vez que el régimen conserva el poder gracias al uso exclusivo de la fuerza y lo ejerce con autoritarismo y no está dispuesto a soltarlo (aunque, paradójicamente, por esta razón, el poder del ``gobierno'' se traduzca en la actual impotencia del Estado, es decir, en la ingobernabilidad que asoma por todas partes y que poco a poco nos conduce a la desintegración, es decir, a la guerra).La lucha contra la guerra es, por ello, la lucha por la democratización de la vida pública. La conducta del EZLN y de todos los sectores que representa en el Diálogo de San Andrés, ha sido en verdad pacificadora, no así la de los ``negociadores'' del ``gobierno'', encabezados por Marco Antonio Bernal, que desde la segunda quincena del mes de marzo se sentaron a la Mesa 2 con la consigna de guardar silencio, en una actitud que, ahora se ve claramente, ya contaba con que la sentencia del juez de Tuxtla Gutiérrez, dictada por Lozano Gracia, suspendería el desarrollo normal del proceso y pondría a los zapatistas contra la pared.

Así, el tiempo vuelve a correr en el sentido del retroceso. Al señalar la necesidad de formar un gobierno de transición y un Congreso Constituyente que dé origen a un nuevo pacto social, el zapatismo retoma la propuesta de Marcos en agosto de 1994, mientras los administradores de la crisis terminal del sistema intentan apelar otra vez a la solución que eligió Salinas el día que estalló el conflicto: aplastar a los rebeldes.Quién es quién?No deja de llamar la atención el aparente desacuerdo que existe en la esfera del Poder Ejecutivo, respecto de la fórmula más adecuada para resolver la crisis abierta por la condena contra Elorriaga y Entzin. El secretario de Gobernación ha encomendado a los diputados y senadores de la Cocopa que, a través del Poder Legislativo, desenreden el nudo. Sin embargo, todos los proyectos de solución que han ideado los miembros de la Cocopa tropiezan, invariablemente, con la oposición de Lozano Gracia.

Aunque la sentencia del juez de Tuxtla ha sido calificada como ``aberrante'' por todos los que opinan profesionalmente en los diarios, Lozano Gracia insiste en defenderla contra toda razón y contra la ley misma. Curioso procurador de ``justicia'' es éste, que de tanto ``perseguir'' a los delincuentes que nos legó el salinismo, ha terminado por asemajarse cada día más a ellos.En efecto, Lozano Gracia ha adquirido el cinismo de Roberto Madrazo, la prepotencia de Rubén Figueroa, la esquizofrenia de Mario Ruiz Massieu y la impunidad de Córdoba y de Salinas. A quién sirve un procurador que, como ``abogado de la nación'' ha fracasado en todas sus diligencias, mientras defiende lo indefendible?Discípulo favorito de Diego Fernández de Cevallos, uno de los panistas más salinistas del sistema, Lozano Gracia trabaja decididamente a favor de la guerra, como que no desconoce que ésta debilitaría aún más el liderazgo formal de Zedillo, tanto si la reactiva como si mantiene la tregua después del 5 de junio, cuando el diálogo se rompa por inercia.

A diferencia de Chuayffet que nominalmente es el jefe de la política interior del país y aspira a llegar más alto, Lozano Gracia ha asumido una actitud facciosa y hoy más que nunca es evidente que actúa a nombre del salinismo en el exilio. Sus perspectivas no son las del secretario de Gobernación, para quien la guerra pondría fin a su carrera política.

Si estos razonamientos son válidos, echarían por tierra la teoría del ``policía bueno'' (Chuayffet) y el ``policía malo'' (Lozano), que han adoptado algunos observadores desde las filas del zapatismo para tratar de entender este nuevo conflicto. Y si a lo anterior se agrega el inexplicable papel ``autónomo'' que desempeña Marco Antonio Bernal, jefe de la delegación negociadora en Chiapas, quien al igual que Lozano Gracia bloquea las decisiones de Chuayffet, el cuadro que resulta es el de un intenso forcejeo en las entrañas del régimen.Y la gente?Elorriaga y Entzin, no hace falta decirlo, no son Marcos. La reducida dimensión de sus figuras públicas no ha desatado las grandes manifestaciones por la paz que vivimos en enero del 94 y febrero del 95. En estos momentos, sin embargo, la parálisis de quienes simpatizan con la propuesta política del zapatismo, está dejando manos libres a las fuerzas del interior del sistema que utilizan el caso Elorriaga, y que no vacilarían con llevar al país a la guerra, para ocupar nuevas franjas de poder.

A partir de la próxima semana, me avisa el tonto del pueblo, los sindicatos, los estudiantes y las organizaciones que apuestan su esperanza de paz y democracia a la continuidad del Diálogo de San Andrés, harán nuevos esfuerzos por movilizar a la sociedad a favor de una salida política antes del 5 de junio. Es cierto que el abuso ha desgastado la advertencia que reza: ``Ahí viene el lobo!'', pero en estos momentos lo sensato es darse cuenta que el lobo, tal vez, ya está aquí.