Urge controlar a los Chinchulines: CNDH

Triunfo Elizalde El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo, pidió ayer al gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, poner en vigor cinco medidas cautelares que permitan ``practicar adecuadamente'' las indagatorias sobre los hechos violentos ocurridos en San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón.

En tanto, la oficina de Amnistía Internacional en Washington, afirmó que la sentencia a Javier Elorriaga es una ``farsa de justicia'' y demandó la liberación inmediata del presunto zapatista, según reportaron los corresponsales de La Jornada, Jim Cason y David Brooks.

En el ejido Morelia, municipio de Altamirano, un
grupo de pobladores estudia la Constitución del país.
Foto: Omar Meneses

Madrazo Cuéllar dijo que las medidas mencionadas deben contribuir a la investigación de los homicidios de seis personas, así como ``de otros delitos derivados de los hechos, entre ellos amenazas e intimidaciones de parte del grupo los Chinchulines, que mantienen la comunidad en un virtual estado de sitio, apoyados por elementos policiacos estatales''.

Asimismo, deberán contribuir, ``con carácter de urgente'' a que las autoridades del gobierno del estado ejerzan el pleno control de la situación, garanticen la seguridad pública y actúen conforme a derecho, además de que se apoye y facilite el regreso de la población desplazada de Chilón a Bachajón por el grupo de guardias blancas mencionado.

Carlos Salinas, director de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional, declaró que ``es obvio que el testimonio culpatorio no se ha comprobado como creíble''. Añadió que ese testimonio incluye declaraciones de alguien ``que ahora conocemos nunca existió'' y las declaraciones de la esposa de Elorriaga que, ciertamente, fueron obtenidas bajo dureza, incluso tortura.

Salinas destacó que el juez que juzgó a Elisa Benavides, esposa de Elorriaga, ``la absolvió porque esas declaraciones autoculpatorias habían sido obtenidas bajo tortura''. Y Concluyó: ``Amnistía pide la inmediata e incondicional libertad de Elorriaga''.

Acerca de la solicitud de medidas cautelares, ésta le fue enviada a Ruiz Ferro por Madrazo Cuéllar la noche del jueves 16, puntualizando: ``Le manifiesto que conforme a lo dispuesto por el artículo 103 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional (sic), solicito a usted informe en un plazo máximo de tres días naturales (sic) contados a partir de la notificación de este oficio, si dichas medidas han sido aceptadas y en su caso, las acciones tomadas para su cumplimiento.

``No omito expresar a usted que el artículo 38 de la Ley de la CNDH prevé que la falta de presentación del informe que se solicita, tendrá el efecto de que se tenga por no aceptada la medida cautelar planteada'', aclara al gobernador de Chiapas el ombudsman nacional.

La CNDH fundamenta su petición en los artículos 40 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 112, 113, 114 y 115 del Reglamento Interno de la misma. En esencia las cinco medidas cautelares comprenden: a) Establecer los operativos necesarios para restablecer las funciones de seguridad pública en Bachajón y Chilón, ``sin menoscabo de la facultad persecutoria de los delitos''.

b) Integrar debidamente y ``a la brevedad'' las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los lamentables hechos ocurridos el pasado 5 de mayo.

c) Establecer los operativos necesarios ``para que se desarme a personas de la población que, fuera de la ley, transitan esa área con armas de fuego''.

d) Apoyar y facilitar el regreso de la población desplazada de Chilón y Bachajón.

e) Proporcionar medidas de seguridad a los jesuitas de La Misión establecida en Chilón, en particular a José Avilés y Pablo Olivares Martínez; asimismo, se brinde seguridad a las hermanas Mínimas de María Inmaculada y a las hermanas del Divino Pastor.

Las medidas cautelares deberán agilizar las indagatorias correspondientes a los homicidios de Gerónimo Gómez Guzmán (alias El Chinchulín), Carlos Gómez López, Reynaldo Gómez Guzmán, Gerónimo Hernández de Meza, Miguel Hernández Pérez y Sebastián Gómez Feliciano, ``con objeto de que, una vez identificados los presuntos responsables, con respeto a sus derechos humanos, se consignen ante el juez respectivo''.

En el documento enviado al gobernador de Chiapas, la noche del jueves 16, la CNDH señala que el artículo 17 constitucional explícitamente ``prohíbe a los particulares hacerse justicia por propia mano; para ello los tribunales están expeditos a fin de impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes''. De ahí la obligación de las autoridades de procurar lo necesario para que los gobernados tengan acceso a la justicia y no recurran a la autodefensa que gravemente ha lesionado el Estado de derecho y la convivencia pacífica, se enfatiza.

En el contexto de la solicitud de medidas cautelares, se revela que del análisis de los hechos, y de los resultados de las visitas sobre el terreno practicadas por visitadores adjuntos de la CNDH, se desprende que ``en la región se vive un ambiente de zozobra, incertidumbre e inseguridad propiciado por la acción de diversos grupos y, principalmente, por uno identificado como los Chinchulines'', mismo que viene actuando desde hace ocho años y desde hace cinco se apoderó de manera ilegal de la mina de grava propiedad del ejido San Jerónimo Bachajón.

Se menciona también que los Chinchulines han cometido diversas conductas ilícitas como homicidios y quema de casas, por lo que existen diversas averiguaciones previas en su contra. Asimismo, que desde el 28 de abril ocupa ilegalmente la presidencia municipal del municipio de Chilón, donde ejerce funciones de ayuntamiento, por lo que, ``al ser denunciados ante el gobierno a su cargo'', éste acordó, desde el día 30, que la Subsecretaría de Gobierno investigara, capturara y desarmara a los Chinchulines.

Se dispuso que dicha subsecretaría abriera una investigación en torno a los funcionarios que han actuado en favor de ese grupo armado, además de implementar medidas para que en una semana los Chinchulines desalojen las instalaciones municipales. Además de que dichos acuerdos no fueron cumplidos debidamente, la situación se complicó con los hechos violentos del 5 de mayo en curso, cuando los enemigos de dicho grupo mataron en su domicilio a El Chinchulín, Gerónimo Gómez Guzmán.

La reacción de otros dirigentes de los Chinchulines fue perseguir a los agresores. Al alcanzarlos se batieron a balazos, muriendo en el lugar de los hechos dos miembros más del grupo de guardias blancas: Carlos Gómez López y Reynaldo Gómez Guzmán. Los agresores huyeron. El resto de los Chinchulines, fuertemente armados, iniciaron actos de venganza y vandalismo en el barrio de San Jerónimo, Bachajón.

Según el informe de los visitadores adjuntos de la CNDH, entre otros hechos de violencia los Chinchulines ``dieron muerte al profesor Gerónimo Hernández, con lujo de saña, quemaron 25 casas y ocho vehículos y muchas personas de la población han huido'', se intentó quemar la iglesia, la Misión de los Jesuitas, el Dispensario de las Madres Mínimas de María Imaculada, quemaron y arrasaron la Cooperativa Artesanal de las Mujeres, así como las casas, tiendas, bodegas y vehículos de quienes consideraron sus opositores. En una palabra, ``se vengaron asesinando a gente indefensa''.

Por si fuera poco, según los representantes de la CNDH, se constató que los Chinchulines ``se pasean por la comunidad armados y no son molestados por los agentes de Seguridad Pública enviados por el gobierno del estado'', situación que ha provocado la salida de cientos de personas que temen por su vida y prefieren irse de la zona controlada por el multicitado grupo armado.

``Asimismo agrega la CNDH, no ha pasado desapercibido el riesgo en que se encuentran los sacerdores jesuitas de la Misión, particularmente los religiosos José Avilés y Pablo Olivares Martínez y las hermanas Mínimas de María Imaculada en el pueblo de San Jerónimo de Bachajón'', las personas que habitan en la sede de la Cooperativa Artesanal Tehicimetis (Las Flores) de Chilón, las que han perdido sus hogares ``porque les prendieron fuego y se consumieron'', las personas y comunidades que dieron asilo a quienes buscaron refugio en torno a los hechos referidos.

En el documento enviado por Madrazo Cuéllar a Ruiz Ferro, se deja en claro que el 11 de mayo de este año ``personal de la CNDH quiso entrevistarse con personas desplazadas a consecuencia de que les quemaron sus casas o de que fueron directamente amenazadas por los Chinchulines; sin embargo, no pudieron hacer los contactos porque la comunidad que los alberga tiene miedo de que se sepa de la visita del personal de la Comisión Nacional (sic) y sufra represalias por tal motivo''.

Crearán una comisión plural

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de mayo En respuesta a la recomendación que emitió hoy la CNDH al gobierno de Chiapas, el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro pidió al Congreso local integrar una comisión plural de legisladores para que participe en las investigaciones sobre los acontecimientos en el poblado de Bachajón, municipio de Chilón.

El mandatario pidió a la 59 Legislatura que coadyuve en el esclarecimiento de los hechos del pasado 5 de mayo y confió en que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la colaboración de los diputados, lo logren.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 59 Legislatura local, Alfonso Potenciano Landeros, consideró positivo la solicitud de la CNDH al jefe del Ejecutivo estatal.