La agencia señalaba la falta de estructura legal contra los cárteles
Ciro Pérez Silva y Juan Manuel Venegas La Ley Federal contra el Crimen Organizado que se discute en el Congreso de la Unión, se adecua a las exigencias que la agencia antinarcóticos estadunidense (DEA) planteó a México, a fin de ``mejorar'' y ``profesionalizar'' el combate al narcotráfico.
En su último informe sobre México al Congreso estadunidense, la agencia se refería a la escasa profesionalización de la Policía Judicial Federal (PJF) y la falta de unidades especializadas de lucha contra el narcotráfico en México, que impedían ``un mejor y más comprensivo intercambio de información entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos con sus contrapartes mexicanas''..
El documento precisa que México carece de la estructura legal necesaria para enfrentar a los cuatro cárteles más importantes del continente y que tienen su base en territorio nacional ÑTijuana, Sonora, Juárez y del GolfoÑ además de la corrupción que impera en algunos niveles de la Policía Judicial Federal.
"El problema empieza con la falta de herramientas legales básicas para enfrentar a ``la federación'' (como se conoce al grupo de cárteles mexicanos) que ocupa el segundo lugar, en términos de poder económico, sólo después del cártel de Cali''.
El escrito destaca la ``urgencia'' de llevar a cabo por lo menos cuatro de los cinco aspectos que se aplican en Estados Unidos contra el narcotráfico, a saber: intervención telefónica, informantes confidenciales, programa de protección a testigos y tipificar al delito de lavado de dinero en el Código Penal.
De otra manera, a través de la frontera de México seguirá pasando ``el 70 por ciento de la cocaína que se comercializa en Estados Unidos'', sostiene.
La DEA admite que el problema de la corrupción afecta prácticamente a todas las agencias antinarcóticos -``nosotros tampoco escapamos a ese problema''- y aunque reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano en la lucha contra los cárteles, enfatiza que en el caso de la PJF ``sus agentes tienen un bajo salario y carecen del suficiente entrenamiento y recursos necesarios para realmente enfrentar a las organizaciones criminales''.
Al referirse a las leyes, reitera que las agencias antinarcóticos de Estados Unidos ``han necesitado y usado'' instrumentos legales como los que en este momento se discuten en el Congreso de la Unión, y que buscan legalizar la intervención telefónica y tipificar el lavado de dinero en el Código Penal.
``Nosotros hemos visto lo importante que ha resultado la intercepción de comunicaciones telefónicas, el uso de informantes, el programa de protección a testigos. Es muy importante que el gobierno mexicano lleve a cabo de manera expedita, una legislación similar para proveer a sus agencias antinarcóticos con las leyes adecuadas y la autoridad legal para investigar y perseguir exitosamente a los más grandes traficantes de droga'' agrega el documento de la DEA.
Indica que ha habido un limitado intercambio de información de inteligencia entre ambas naciones, debido a la falta de una infraestructura apropiada. ``Con frecuencia, la DEA no puede recibir información táctica de sus contrapartes (mexicanas) por la incapacidad (legal) que tienen de obtener dicha información''.
En cuanto a las operaciones de lavado de dinero en México, la agencia antinarcóticos estadunidense insiste en que ``además del sistema bancario, operaciones de esta naturaleza ocurren en gran escala en las muchas casas de cambio que existen a lo largo de la frontera común, así como en establecimientos de apuestas''.
Agrega: ``El gobierno mexicano ha reconocido lo inadecuado de sus leyes para enfrentar este problema y ha dicho que está en proceso de poner en práctica medidas que, efectivamente, prevengan que su sistema financiero y sus instituciones sean utilizadas por las organizaciones criminales para lavar las ganancias provenientes de operaciones ilícitas. Mientras que estas iniciativas son aprobadas, el lavado de dinero en México seguirá siendo fuente de preocupación'', señala el documento de la DEA.