La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acaba de exhortar enérgicamente al gobierno del estado de Chiapas para que éste ponga fin a la inseguridad permanente creada desde hace años por la actividad del grupo armado los Chinchulines, en el poblado de Bachajón de dicha entidad. Como se recordará, el presidente de la CNDH fue hace dos años comisionado del gobierno para la paz en Chiapas y por lo tanto conoce directamente la situación imperante en el estado, donde incluso fue agredido en el ejercicio de sus funciones, por grupos violentos que no se resignan ante la idea de una modernización de las relaciones sociales chiapanecas.

La CNDH, al advertir que si en el plazo de ``tres días naturales'' el gobierno chiapaneco no le informase sobre la adopción de las medidas cautelares que el organismo exige, considerará que aquél las ha rechazado, reclama también a las autoridades de Chiapas que, en el caso de Bachajón, asuman el ``pleno control de la situación, garanticen la seguridad pública y actúen conforme a derecho'', lo cual equivale a decir que los Chinchulines actúan como un poder de hecho, que en Bachajón no existen garantías legales y que la ley es violada continuamente por la impunidad con que actúa ese grupo armado, con la aparente connivencia de los órganos supuestamente encargados de restablecer el orden en esa zona.

Ante lo que el organismo defensor de los derechos humanos califica de ``zozobra, inquietud e inseguridad'', el estado chiapaneco debe actuar garantizando el retorno pacífico y sin ulteriores agresiones de los desplazados y el respeto a las personas y los bienes de los religiosos y religiosas amenazados por los Chinchulines, que deben ser desarmados y obligados a respetar la ley.

Está en juego no solamente la paz social en la región sino también la imagen misma de nuestro país, pues no es posible tolerar que, impunemente, se quemen y destruyan bienes de campesinos, en nombre de diferencias políticas, y se resuelvan los conflictos electorales con la violencia armada y el asesinato.

Si el gobierno del estado de Chiapas así no lo entendiese y nadie frenase a los Chinchulines, armados desde hace tiempo no se sabe por quién, el gobierno federal no podría quedar impasible. El derecho, como las libertades, no puede ser violado en una parte del territorio nacional sin poner en riesgo, ante los ciudadanos y ante el mundo, la idea misma del respeto al orden y la legalidad en todo el país.