De manera constante vamos sumando los costos fiscales de los rescates que el gobierno tiene que hacer de diversos sectores en crisis. De nuevo toca al sistema bancario recibir ayuda de los fondos públicos para aliviar el problema de las carteras vencidas. El ADE-2, que ofrece beneficios adicionales a los deudores con créditos para vivienda, tendrá un costo de 27 mil millones de pesos que equivalen según los pronósticos oficiales a 1.2 por ciento del producto interno bruto de 1996. Este costo debe añadirse al que se ha incurrido ya mediante los diversos mecanismos para el saneamiento de los bancos y de los proyectos carreteros que eran del orden de 5.4 por ciento del PIB. Así, estos programas suman ya cerca de 7 por ciento del producto (más lo que aún sea necesario poner) en un plazo que se extiende en promedio 25 años, es decir, otra hipoteca sobre la economía nacional como la que significa la deuda externa.

El ADE-2 es la segunda solución definitiva que se ofrece al problema de las carteras vencidas, en este caso, específicamente a los créditos hipotecarios. El ADE-1 se basó en la expectativa que los intereses bancarios bajarían rápidamente y que la economía se recuperaría pronto. Ese escenario no se dio e incluso las UDIS, que habrían de mantener bajos los réditos en términos reales llegó a valer 52 por ciento más al momento en que se anunciaron los nuevos beneficios adicionales. Ahora, los intereses bancarios han bajado y parece haber signos de una incipiente recuperación del crecimiento, así los descuentos de 30 por ciento ofrecidos deberán aumentar la liquidez de los deudores. Pero, la posibilidad de que el ADE-2 funcione radica ahora en que pueda mantenerse la estabilidad financiera y que la economía sostenga su recuperación de manera generalizada y no de forma concentrada en un reducido sector exportador. Este es todavía un gran pero.

Al costo de la asignación de los recursos fiscales para el saneamiento de la banca y de los proyectos carreteros deberá sumarse este año la enorme importación de alimentos que será necesaria por la improductividad del campo y los efectos adicionales de la sequía. Además, el servicio de la deuda externa alcanzó 8.5 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, mil millones más que las exportaciones registradas en el mismo periodo. La administración de la caja del gobierno está marcada por estas exigencias y no alcanza para mucho más a pesar de las grandes necesidades sociales que se han agravado durante esta crisis.

Este enorme costo fiscal tiene como contrapartida una reducción de los ingresos del gobierno. Según las recientes cifras presentadas por Hacienda, los ingresos presupuestales cayeron 4.7 por ciento (en términos reales) en el primer trimestre del año. Los ingresos por concepto de recaudación de impuestos se redujeron 12.4 por ciento, resaltando la caída de 23.5 por ciento del impesto sobre la renta. Esto significa que a pesar de los esfuerzos por aumentar la eficiencia de la recaudación, simplemente los contribuyentes (empresas e individuos) no tienen ingresos.

A 18 meses de iniciado el actual gobierno, el país aún no cuenta con una política fiscal y de financiamiento que ponga las bases para una efectiva recuperación de la economía. La administración de la crisis que ha sido como de apagafuegos ha recaído esencialmente en la política monetaria, pero ésta llegará pronto a su límite y no tendremos una organización fiscal que soporte un proceso de crecimiento como al que aspira el gobierno. La reforma fiscal que se anunció para abril no aparece por ninguna parte y mientras surgen los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo, como el de la política industrial o el de vivienda, éstos no contienen la necesaria base fiscal y financiera para que sean efectivos. Muy pronto estos programas sectoriales van a ser rebasados y nadie se acordara de ellos más que como una referencia del archivo histórico de la economía nacional.

El programa económico del gobierno necesita de una política fiscal activa que promueva la inversión y la generación de empleos. Con una visión de este tipo será posible ir generando un mayor nivel de actividad económica en el mercado interno y de ahí incluso una mayor recaudación que, como ahora se muestra, cae de manera significativa. En el caso de la industria o de la vivienda, la política fiscal constituye un instrumento de apoyo directo que puede tener resultados de corto plazo. No se trata de reducir los impuestos a los ingresos, sino aquéllos que se desprenden directamente de los gastos para la generación de producto y de empleos. Estas medidas tendrían, además de un impacto productivo más directo que los enormes recursos destinados a la banca, un apoyo más grande de los contribuyentes que verían sus recursos destinados a crear una base empresarial que ahora sólo queda como un enunciado en el plan de Secofi y para atender a la enorme carencia de vivienda en el país.

La estabilidad financiera y la recuperación del producto que ahora se anuncian no serán suficientes para rehacer la base productiva y económica del país. En este caso se genera incluso una sorpresa de que el gobierno sea de repente tan eficaz para estimar la inflación y lograr una caída menor del producto en el primer trimestre, de 1 por ciento frente a su propia proyección de 3 por ciento. La confianza en la economía y la generación de un verdadero consenso con respecto a la política económica requiere también de la confianza en la información económica. De otro manera, tendremos desagradables sorpresas más adelante. Debe replantearse la demanda de la total independencia del INEGI con respecto al gobierno.