El caso Huejotzingo parece condenado a ser un clásico. Contiene los suficientes ingredientes para serlo. Por principio de cuentas, Huejotzingo como tema se abrió terreno en las postreras celebraciones del crecimiento de la ola blanquiazul del 95. Acción Nacional había obtenido el año pasado acaso más de lo que nunca calculó, y sin embargo tuvo la osadía al decir de sus críticos más consistentes de reclamar un municipio que hasta entonces nunca formó parte de los cálculos geoestratégicos de nadie. Exceso, borrachera triunfalista, despropósito o veleidad, podían ser conceptos que describían la nueva beligerancia o intransigencia panista. Sin embargo, todos se fueron haciendo cómplices de esa ``desproporción'' blanquiazul, al grado que pronto convirtieron al ignoto municipio poblano de Huejotzingo en símbolo y estandarte de muy caros principios.

La consigna de que ``la democracia pasa por Huejotzingo'', pronto se vio retroalimentada por otra, que aunque nunca se llegó a frasear así, podía haber rezado; ``el Estado de derecho pasa por Huejotzingo''. Exageración idéntica, que no se hacía cargo de la cantidad de conflictos municipales que han encontrado salida por la vía del nombramiento de nuevos consejos con la pluralidad necesaria para solucionar los litigios. Hasta aquí únicamente asistíamos a un debate principista, pero podíamos sospechar que tras la solución del caso había en juego algo más que un gobierno municipal.

Así, el estandarte comenzó a tener traducciones o implicaciones prácticas que reclamaron atención. Además de principios, se ponían en juego estrategias políticas. La célebre, más por expectativas que por materialización, reforma electoral definitiva procesada en la Secretaría de Gobernación por el PRI, PRD y PT, no alcanzó a constituirse en el referente esperado, cuando llegaron las dudas y los temores de que sus impulsores tenían una coalición frágil. En esas circunstancias el regreso del PAN a las negociaciones era indispensable. Y de nuevo, cuando los dos bandos vociferan demasiado, el perdedor debe emprender el penoso ejercicio de tragar palabras. Donde había legitimidad intransigente, hoy hay decisiones personales y gestos de madurez para evitar males mayores.

Varias lecciones. En el torneo de la pureza rápidamente se olvida que se está hablando de política y políticos; así, ejercer presión para revertir algo que se vive como agravio, es calificado como chantaje. Me parece que en todo caso se puede hablar de chantajes eficientes o ineficientes, pero reclamar que se ejerza presión es desnaturalizar la política, hasta el grado de pensar que ésta es sólo un torneo de estaturas morales. Llegar al exceso del gobernador Bartlett que cree que el PAN mantiene secuestrado al país, y su fuerza la obtiene de tener una pistola en la cabeza, es una medida de la clase de miradas que se le dieron al problema, y adicionalmente llevaría a preguntar, si el gobernador se hace cargo de la metáfora, el problema es la pistola, el secuestrador o el país?Un segundo problema es el alegato de la legalidad. Efectivamente a todos nos iría mejor si nuestros comportamientos se normaran por el mundo de las leyes, pero es demasiado frecuente que ahí donde la legalidad se percibe insuficiente, se apela a la ``voluntad política''. A nadie conviene acostumbrarnos a la existencia de una suerte de apelación de última instancia que para destrabar conflictos muchas veces tiene que pasar por encima de la legalidad, o al menos hacer malabares con la ley.

Finalmente, una vez salvado el obstáculo que impedía el avance de una reforma electoral (y sin garantías, por cierto, de que aparezcan pronto nuevos ``pretestingos'' de otro signo en el camino) cabe esperar que por fin los partidos concluyan los arreglos necesarios para evitar que el reino de la política siga tan apartado del reino de las leyes.