A pesar de las imperfecciones que es posible vislumbrar, la reforma electoral que próximamente discutirá el Congreso de la Unión, en un proceso seguramente complejo y difícil, puede contribuir a allanar el camino hacia la democracia.

Importa tomar en consideración, sin embargo, que una cosa es tener la vía llana y otra, distinta y necesaria, andar por ella y llegar a la meta democrática. De ahí que, ante las potencialidades atribuidas a tal reforma, sea prudente ponerle sordina para limitarla a sus dimensiones adecuadas.

Está fuera de duda la importancia que tienen la autonomía del Instituto Federal Electoral y la inclusión del Tribunal Federal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial, así como la elección por voto universal y directo del gobernador del Distrito Federal y la instauración de la figura del referéndum para ciertas modificaciones constitucionales, asuntos todos que forman parte de la mencionada reforma.

El énfasis que se está poniendo a estas innovaciones, empero, pareciera conferirles un cierto matiz de panacea que acelerará la marcha hacia una democratización de la vida nacional, al menos en lo concerniente a elecciones esencia de la democracia, pero una mínima reflexión permite observar un obstáculo que frena cualquier intento de echar las campanas a vuelo: la incongruencia entre intención y acción.

En efecto, el problema electoral de México no es sólo de leyes, sino de prácticas. Dos casos, no únicos pero sí actuales, lo acreditan así: Tabasco y Huejotzingo. En el primero, el gobernador Roberto Madrazo Pintado sigue en su puesto, a pesar de la acusación que pesa sobre él respecto de un cuantiosísimo dispendio durante su campaña electoral, el cual rebasó 50 veces el máximo fijado, como se ha cansado de denunciar y probar con sus célebres cajas llenas de facturas originales de gastos priístasel líder perredista Andrés Manuel López Obrador. En cualquier otro país, Madrazo ya habría sido separado de su cargo, al menos mientras dura la investigación que realiza la Procuraduría General de la República tras de la prolongada controversia constitucional planteada por Madrazo y resuelta en su contra por la Suprema Corte de Justicia.

En el otro caso, el gobernador poblano, Manuel Bartlett, maniobró para despojar de un claro triunfo en la alcaldía de Huejotzingo al Partido Acción Nacional, que en protesta se retiró de las negociaciones para la reforma electoral y efectuó intensas movilizaciones, actos que condujeron finalmente a la renuncia del impuesto alcalde priísta para sustituirlo con uno panista, en una desaseada negociación que puso en evidencia las malsanas consecuencias del manipuleo practicado por Bartlett, a pesar de la presencia de leyes e instituciones que presuntamente garantizaban la justicia electoral.

De este manera, saltó un dilema: si se dejaba al alcalde priísta impuesto se favorecía la consumación del fraude electoral, si se le deponía como se le depuso, entonces habría una concertacesión, como le llaman quienes consideran democrático sólo lo que está acorde con su ideología o sus intereses, aunque esto equivalga a convalidar una fraudulencia como la de Bartlett. Por supuesto, cuando caiga Madrazo porque caerá o el hoy raquítico Estado de derecho se deteriorará dramáticamente entonces no habrá concertacesión. Conviene excluir de entre aquéllos a importantes líderes del Partido de la Revolución Democrática como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo y López Obrador, quienes tienen claro que la sustitución del priísta impuesto, desaseada y todo, fue sencillamente la anulación, así sea parcial, de una injusticia. Y están en lo correcto. Entre la consumación de un fraude y una rectificación desaseada, es imperativo preferir ésta.

Dicho de otro modo, el problema electoral en México es más de conductas que de leyes. De conductas del grupo que desde hace más de 70 años se supone propietario del poder público en el país y, cuando ve amenazada su hegemonía, frecuentemente acude a la trampa y a la violación de leyes para evitar su derrota. Son innegables los avances logrados por la oposición contra las trapacerías comiciales cometidas por el gobierno y su partido, pero es igualmente evidente que éstas no terminarán con la sola emisión de reformas legales, por más importantes que resulten.

Sin dejar de reconocer, entonces, la relevancia de la futura reforma electoral, importa esperar que los partidos de oposición afinen y apliquen mecanismos cada vez más eficaces para combatir las fraudulencias comiciales y hacer prevalecer sus triunfos cuando se intente despojarlos de ellos. Suponer que las solas reformas legislativas garantizarán la transparencia y la equidad en los comicios equivaldría a una ingenua torpeza.