Impulsado por su conocido antimexicanismo, el poderoso senador ultraderechista Jesse Helms pone ahora en tela de juicio la anunciada entrega de decenas de helicópteros Huey a México, e incluso amenaza con obstruir la operación.

En una carta al secretario de Estado, Warren Christopher, Helms se extraña de que en el caso mexicano el gobierno de Washington parezca haber renunciado a la potestad, que se concede siempre en operaciones similares con otras naciones, de supervisar el uso final del equipo militar trasladado. Y se pregunta si esta prohibición podría permitir que dichos aparatos (que según funcionarios de su país se usarían ``principalmente pero no exclusivamente'' en el combate al narcotráfico) se emplearan en operaciones de contrainsurgencia.

Sería ingenuo suponer en Helms cualquier motivación ajena a su obsesión por exhibir al gobierno mexicano como ejemplo de ``corrupción'', por subestimar sus esfuerzos en la lucha antidrogas y tacharlo como ``indigno'' de recibir la ``certificación'' y el ``apoyo'' estadunidense en esta materia. Pero no por lo repudiables que son sus razones se puede dejar de admitir que algunas de las preguntas que dirige al responsable de la política exterior de su país rozan de cerca preocupaciones que dentro de México existen sobre este mismo asunto.

En efecto, qué fin específico se dará a los helicópteros? Podrían utilizarse en misiones de contrainsurgencia? Tienen armas o podrían llegar a tenerlas?La advertencia de Helms, además, se produce en un contexto en el que persisten en ambos países las indefiniciones y aclaraciones a medias acerca de lo que se pretende que sea la nueva era de cooperación militar binacional.

Más allá del significado de palabras como ``operaciones conjuntas'' o ``combinadas'', lo que urge clarificar, en el lado mexicano, es en qué consiste expresamente esta modificación de la tradicional política en materia militar. La plausible negativa a que agentes del exterior pudieran supervisar o ``monitorear'' maniobras de las fuerzas armadas mexicanas que tanto horroriza a Helms no puede implicar que tampoco la ciudadanía nacional, y sus legítimos representantes en el Congreso, tengan derecho de saber en qué se pretende emplear el equipo militar adquirido en el extranjero.