Nuevo requisito para ser candidato presidencial del PRI

Propuestas de reforma para la 17 asamblea priísta

Prevista para los últimos días de junio, la 17 Asamblea Nacional del PRI presentará novedades que, de confirmarse, provocarían un cambio radical en la designación del candidato a la Presidencia, la integración de los gabinetes y la elección del dirigente partidista, además de que desaparecerá de sus documentos básicos el concepto de liberalismo social, introducido por el salinismo.Entre la dirigencia priísta se hacen los cálculos políticos de una propuesta que prácticamete se ha consensado y que incluso tendría el aval del presidente Ernesto Zedillo: que en los documentos básicos del PRI se estipule, como condición para acceder a la candidatura presidencial, que los aspirantes tengan experiencia en puestos de elección popular.

Según dirigentes de ese partido, la iniciativa prácticamente surgió del presidente Ernesto Zedillo, quien en público y en privado ha señalado que no intervendrá en la designación de su sucesor. De concretarse la reforma de los estatutos priístas, quienes aspiren a la Presidencia de la República deberán acreditar su participación en por lo menos un cargo de elección popular.

La sola eventualidad de ese acotamiento en los documentos básicos del PRI ha generado en el gabinete una serie de reacciones en contra, ya que son unos cuantos los que cumplen ese requisito: si acaso el secretario de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, o el de Gobernación, Emilio Chuayffet, ex gobernadores de Sinaloa y México, respectivamente.

En el fondo, quienes calculan los efectos políticos de esa disposición explican que Ernesto Zedillo no ve con malos ojos la posibilidad de que el próximo candidato a la Presidencia sea un gobernador, un ex gobernador o que incluso surja de alguna de las cámaras del Congreso. Por eso, nuevos espacios como la regencia una vez que se dispute en votación serán prácticamente la antesala de la Presidencia de la República, lo mismo que las presidencias de las cámaras de diputados o senadores.

Además, en la 17 Asamblea Nacional priísta también se pretende introducir una figura que obligue a que los miembros del gabinete presidencial tengan en su currículum antecedentes partidistas. Con esas medidas se pretende acabar con el arribismo por la vía burocrática, sin méritos partidistas.

La presidencia del PRI, que en la práctica siempre la han ocupado políticos designados por el presidente en turno, también es motivo de análisis y existe una fuerte corriente a favor de que el líder partidista se elija de entre un conjunto de precandidatos.Un aspecto que para muchos había pasado inadvertido, el concepto de liberalismo social incorporado en el segundo año del salinismo se retirará de los documentos básicos del PRI para dar paso a los conceptos históricos de democracia y justicia social que son base de los postulados posrevolucionarios.

Actualmente, los estatutos priístas definen el liberalismo social como producto ``de una trayectoria definida en la historia del pensamiento mexicano. Sus primeros antecedentes se hallan en las ideas igualitarias de la insurgencia más avanzada; cobra aspecto propio en los hombres de la Reforma que, en el Congreso Constituyente de 1856 y 1857, sacaron a la luz los problemas de la pobreza y la concentración de la propiedad y que se expresa plenamente en la Constitución de Querétaro''.

En el fondo, un sector del priísmo intenta recuperar el origen de su partido como factor de sobrevivencia, especialmente con miras a las elecciones de 1997 y del año 2000. La lucha, sin embargo, no parece fácil, ya que un PRI autónomo, que acote el presidencialismo desde la postulación de los candidatos y hasta a los colaboradores del Ejecutivo chocaría con los proyectos del régimen. Son muchas las alternativas que se consideran para renovar al PRI, sobre todo ante los compromisos de 1997 y del 2000, pero al final todo podría quedar sólo en buenas intenciones.

En el camino

La población de Huejotzingo todavía no se repone de la escaramuza poselectoral y el nuevo presidente municipal, Heriberto Ramírez Cerón, de extracción panista, ya es motivo de un nuevo escándalo. Resulta que enfrenta un proceso penal que data de 1994, por presunta usurpación de funciones y violación de sellos municipales. La situación jurídica de Cerón no se ha definido. Por lo pronto, ya se habla de la posibilidad de que el Congreso del estado lo destituya y nombre a un suplente.