En los próximos días se celebrará en Estambul, Turquía, la reunión mundial Habitat II, a la que concurrirán miles de funcionarios nacionales e internacionales, representantes de organizaciones sociales, técnicos y académicos de muchos países del mundo. Un tema a discusión en la reunión será el reconocimiento y garantía por los gobiernos del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos del mundo, exigido por las organizaciones sociales y los académicos, pero que cuenta con la oposición de muchos gobiernos neoliberales, con el de Estados Unidos a la cabeza.

La Carta Universal de los Derechos Humanos, firmada por la mayoría de los Estados del mundo, reconoce a la vivienda como parte de los satisfactores esenciales y vitales a los que tiene derecho todo ciudadano del mundo; por ello, es un derecho humano. En México, se introdujo hace varios años en la Constitución Política, por lo que es un derecho constitucional de los mexicanos. Durante más de dos décadas, el tema se encuentra incluido en distintas legislaciones, planes y programas de desarrollo urbano y vivienda federales y locales e instituciones públicas creadas para producir o financiar la vivienda popular, por lo que es un derecho social conquistado por todos los mexicanos.

Pero todo derecho humano, constitucional, social, es letra muerta, se viola si el Estado, representante colectivo de la sociedad, no lo garantiza realmente a través de su acción. En México, este derecho ha sido y es violado constantemente. Los enormes déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda que registran las cifras oficiales así lo muestran. Las razones de esta violación son múltiples, históricas y estructurales, y las fundamentales se localizan en la estructura social y no en el entramado institucional, legal, financiero, productor o comercial del sector.

Los sucesivos patrones de desarrollo capitalista (intervencionista estatal o neoliberal) no han creado condiciones sociales para garantizar este derecho. La presencia de enormes masas de desempleados totales o parciales, o de ``empleados'' ocasionales, inestables, sin contrato legal, sin prestaciones, que no pueden ser ``sujetos de crédito'' de ninguna institución pública o privada de vivienda, ni son derechohabientes de organismos como Infonavit o el Fovissste, es parte de la estructura económica. La sobrexplotación de los asalariados rurales y urbanos, cuyo salario es insuficiente para cubrir el pago de un bien de alto costo como la vivienda, ya sea en propiedad o renta, no les permite constituirse en ``demanda solvente'' en el mercado del sector. Esta situación se ha agravado continuamente desde 1976, con la política estatal-empresarial de reducción violenta del salario real, que hoy lo coloca en un 25 por ciento del existente hace 20 años.

La estructura del sector constructor no permite responder a este derecho. El monopolio privado de la tierra urbanizable y la forma especulativa de su manejo para obtener rentas y ganancias parasitarias, impide su acceso a las mayorías; la privatización de la tierra comunal y ejidal a partir de las reformas salinistas al 27 constitucional cerraron la vía informal de la urbanización popular, agravando la situación histórica. Las empresas constructoras e inmobiliarias, atrasadas técnicamente por la ausencia de producción local de máquinas y herramientas y el excedente de mano de obra barata que no justifica la inversión de capital, y muy dispersas organizativamente, funcionan con márgenes de ganancia verdaderamente expoliativos. Hoy, los organismos estatales no intervienen en estos campos, sólo financian parcialmente al comprador.

Las altas tasas de interés del crédito hipotecario, explicables por los recurrentes procesos inflacionarios y devaluatorios y la usura bancaria, multiplican las veces que el comprador paga el precio nominal de su vivienda; esta situación se ha hecho dramática en México desde el ``error de diciembre de 1994'' (para nosotros el de 1983, cuando el PRI-Gobierno abraza y aplica el neoliberalismo salvaje); hoy, cientos de miles de personas han perdido la vivienda que pagaban, sus pagos anteriores, y aún se encuentran endeudados, en una operación de brutal despojo.

Estos hechos, similares en muchos países del mundo, ``desarrollado'' o atrasado, que remite a las estructuras socio-económicas capitalistas y a las políticas estatales neoliberales, son los que llevan a muchos gobiernos a evadir o negar el derecho a la vivienda, pues cuestiona estas estructuras y políticas.