Confusión en EU sobre si serán conjuntas o combinadas las maniobras militares con México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 21 de mayo El senador Jesse Helms amenazó con obstruir el traslado de helicópteros estadunidenses a México, al señalar su preocupación por la falta de monitoreo estadunidense del uso final del equipo, y como ejemplo mencionó el uso no autorizado de estas aeronaves en 1994, para transportar tropas a Chiapas. Asimismo pidió al Departamento de Estado precisar si los aparatos podrán ser usados en la lucha contrainsurgente.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Warren Christopher, fechada el pasado 17 de mayo, Helms subraya una serie de preocupaciones y entre ellas que ``el monitoreo de uso final del equipo previamente trasladado es, para todo propósito practico, inexistente''.

En su misiva, copia de la cual fue obtenida por La Jornada, el senador ultraconservador indica que, según tiene entendido, el personal estadunidense tiene prohibido participar en cualquier misión con sus contrapartes mexicanas, y también realizar visitas a instalaciones militares sin previo aviso. ``De esta manera, a oficiales de nuestro propio gobierno --el cual está donando estos helicópteros-- no se les permitirá un medio efectivo para monitorear cómo y cuándo son utilizados'', afirma.

``Esto ha resultado en el uso de aeronaves de Estados Unidos para otros propósitos que la lucha antinarcóticos. Por ejemplo, en enero de 1994, helicópteros estadunidenses fueron utilizados para transportar personal militar durante el alzamiento en Chiapas'', dijo.

Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseveró que ``cualquier acuerdo involucrando el traslado de equipo estadunidense... al gobierno de México, debería permitir que el personal norteamericano participara en misiones con sus contrapartes mexicanas y para realizar inspecciones sin previo aviso''.

El senador, quien envió la carta después de recibir la notificación sobre la intención del gobierno de su país de trasladar los primeros 20 helicópteros --de un total de 73-- a la Fuerza Aérea de México, presentó una lista con 28 preguntas detalladas sobre esta iniciativa al Departamento de Estado, solicitando respuestas concretas antes de ``evaluar el mérito'' de esta transacción.

Entre éstas, se pregunta cuántos helicópteros ha enviado el gobierno estadunidense a México desde 1989; cuáles han sido los acuerdos previos para la inspección del uso de este equipo; si los helicópteros están artillados y si no, si se le permitirá al gobierno de México armarlos.

Helms menciona la declaración de funcionarios estadunidenses según los cuales los helicópteros serán ``usados principalmente pero no exclusivamente para propósitos antinarcóticos''. Helms solicita que se le precise cuál es la ``definición de principalmente'', en qué actividades no relacionadas con la droga podrían ser utilizados. ``¿Podrían usarse para misiones contrainsurgentes o (para) el transporte de personal de alto rango?''.

A través de estas preguntas, el senador afirmó que debería contar con respuestas extensas a fin de evaluar ``el mérito'' del traslado y en caso de no obtenerlas advirtió que podría obstruir esta iniciativa.

Por su parte Lora Lumpe, analista militar de la Federación de Científicos Americanos, señaló a La Jornada que ``el Congreso nunca ha bloqueado un traslado de artículos militares (como el caso de estos helicópteros Huey)''. Lumpe dijo que el Congreso ha demorado algunos trasladados en el pasado y fuentes congresionales informaron que era casi seguro que este envío será aplazado por las maniobras de algunos legisladores.

Recomendaciones para la lucha contra el narco

Esta batalla es sólo una de varias entre el gobierno de Clinton y el Congreso, sobre la relación con México en el rubro del narcotráfico.

Una delegación oficial de cuatro legisladores estadunidenses viajó a México, Panamá, Colombia, Perú y Bolivia a mediados de abril, para investigar la lucha antinarcóticos en esos países y su cooperación con Estados Unidos, y recientemente difundió un informe sobre el viaje, señalando que se entrevistaron con el presidente Ernesto Zedillo y varios legisladores, con quienes destacaron que ``los esfuerzos antinarcóticos deben convertirse en una alta prioridad del gobierno mexicano, y que la cooperación cercana con Estados Unidos es vital para ambas naciones''.

Entre las conclusiones esta delegación detalló que ``el Presidente y el canciller de México parecen estar dispuestos a trabajar más cercanamente con Estados Unidos en áreas específicas, algunas de las cuales son clasificadas, pero todas orientadas a combatir el surgimiento de los cuatro principales cárteles de droga en México''.

Añaden que el enfoque de la embajada de Washington en México, tiene cuatro objetivos centrales: detención de los dirigentes de los cuatro cárteles mexicanos altamente violentos; promover que México promulgue (una) legislación sobre lavado de dinero, anticrimen organizado, conspiración, consignación criminal, informante confidencial e intervención de teléfonos, similares a leyes estadunidenses; iniciativas para detener la influencia corrupta del narcotráfico, y la continuación de la erradicación de siembra de enervantes y la aplicación de una ley de operaciones antinarcóticos.

El informe señala la oposición de México al proceso de certificación y que el Congreso y el gobierno mexicanos desean vínculos más directos con el Congreso estadunidense para facilitar comunicaciones, coordinación de políticas y el entendimiento mutuo.

Pero éstas son sólo dos manifestaciones de lo que al parecer será un alud de evaluaciones, declaraciones, iniciativas y audiencias legislativas sobre el tema del narcotráfico y México.

En las últimas dos semanas, se realizaron cuatro audiencias sobre el particular y fuentes legislativas indicaron a estos corresponsales que ese tipo de actividad se intensificará de aquí a noviembre, porque los republicanos consideran que han logrado que el tema obtenga un alto perfil por parte del gobierno, mediante continuas presiones sobre su política antinarcóticos. Para los republicanos, la única figura ``irreprochable'' en la administración Clinton, es el general Barry McCaffrey, señalan algunos.