Se frenó la venta de petroquímicas

Oscar Camacho y Elena Gallegos Frenar el proyecto de privatización de las 61 plantas petroquímicas del país, tal y como lo anunciará en breve el gobierno, ha significado para legisladores de distintos partidos haber recibido presiones políticas, amenazas a su integridad física y la de sus familias, así como intentos de soborno por parte de compañías interesadas en que no se suspenda la desincorporación.

Lo anterior fue dado a conocer a La Jornada por legisladores que pidieron mantener en reserva su identidad, y quienes incluso recordaron que en su ``desesperación'' por doblegar las resistencias contra la privatización petroquímica, funcionarios de la administración zedillista les han hecho ``sutiles promesas'' garantizándoles ``un mejor futuro político y económico''.

Los legisladores consultados indicaron que en días pasados, altos funcionarios del sector energético les dieron a conocer que el gobierno federal ha tomado la determinación de ``frenar'' la privatización de las 61 plantas petroquímicas del país, ante las resistencias políticas y dificultades legales con que se ha topado el proceso de desincorporación en los últimos meses.

De acuerdo con diputados a los que entrevistó La Jornada, ``el proyecto que le pone freno a la privatización de la petroquímica está ya elaborado y en manos del presidente de la República, y sólo falta por afinar una fórmula que permita cuidar la imagen del primer mandatario, y que al mismo tiempo dé garantías a los inversionistas extranjeros de que no hay un viraje en la política económica y de apertura al capital foráneo''.

De igual forma --dijeron--, el gobierno ``buscará dejar en claro que la decisión no obedece a las presiones de los sectores radicales del país'', sino a razones de orden técnico y jurídico.

Sin embargo, las fuentes legislativas consultadas indicaron que en el fondo, lo que ha obligado al gobierno a dar marcha atrás en este asunto está directamente vinculado a la falta de consenso y respaldo con que se topó el proyecto en sectores como el Sindicato Petrolero, legisladores de todos los partidos --especialmente priístas--, la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, empresarios de la Canacintra, académicos y políticos que cuestionaron la intención gubernamental desde que ésta se dio a conocer.

Los diputados indicaron que en cuanto hicieron pública su oposición al proyecto de privatización, algunos comenzaron a recibir presiones y amenazas con ``mentadas de madre'' que les hicieron vía telefónica en forma anónima y en las que les advertían de los ``riesgos'' que podría haber para sus familias.

Asimismo apuntaron que representantes de compañías interesadas en adquirir alguna planta ofrecieron dinero a legisladores para que se les diera el aval y luz verde a la propuesta privatizadora.

Aunado a ello --agregan las fuentes-- el gobierno hizo hasta lo imposible para vencer la resistencia que encontró en el Poder Legislativo, y cuentan que incluso altos funcionarios del gobierno zedillista llegaron a ofrecer a legisladores del sector energético ``un mejor futuro económico y político'' a cambio de que dejaran de oponerse a la privatización de las plantas petroquímicas.

En un recuento, señalan que la resistencia comenzó de hecho desde el momento en que el director de Pemex, Adrián Lajous, anunció el 18 de marzo de 1995, la intención gubernamental en este asunto. Ahí, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, hizo el pronunciamiento dando a conocer la oposición a tal proyecto por parte del organismo gremial.

En los meses siguientes --abundan-- se multiplicaron las acciones de la Comisión de Energéticos para que no prosperara la iniciativa presidencial, con la realización de foros en los que participaron académicos, dirigentes obreros del sector oficial como la CTM, del mismo Sindicato Petrolero, políticos de todos los signos y empresarios, quienes rechazaron la idea de la privatización propuesta por el gobierno federal.

Enseguida se sumaron otras acciones, con las consultas que realizó el STPRM en los cuatro grandes complejos petroquímicos del país para conocer la opinión de los trabajadores directamente afectados, así como otro sondeo de la Comisión de Energéticos, organizado por el diputado Jorge Wade, en el que quedó de manifiesto la inconformidad de los petroleros.

La misma Comisión de Energéticos encabezada por el diputado del PRD, Francisco Curi, publicó un desplegado en que dio las razones para oponerse a la privatización petroquímica, al tiempo en que al interior de esta comisión se le enmendaba la plana al presidente de la República, con una recomendación en la que el Poder Legislativo demandaba revisar el proceso de licitación de Cosoleacaque, puesto que estaba ``viciado de origen al no cumplir con los requisitos de ley''.

Y aunque en esa recomendación los diputados de la mayoría priísta no se manifestaron en contra del proyecto privatizador, tampoco lo hicieron a favor de éste, lo que fue considerado por la oposición como un hecho crucial, al no echarse mano de la mayoría de votos para sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo.

En una de las últimas acciones, la Comisión de Energéticos envió una carta del secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, en la que le solicitan una definición sobre la posición final que asumirá el gobierno.

A la fecha, la respuesta oficial no ha llegado a los diputados.

El anuncio sin embargo, debería hacerse en los próximos días, según el compromiso que altos funcionarios del Ejecutivo hicieron con legisladores, durante una reunión en la que les fue anunciada la decisión de ``frenar'' el proceso de privatización de las plantas petroquímicas del país.