Mayo ha sido, sin duda, un mes caliente. El calor no se debe únicamente a las elevadas temperaturas que se han sentido en gran parte de México. Este mes en que se conmemora el Día del Trabajo ha generado también un bochorno asociado precisamente con el estado y las perspectivas de la organización laboral del país.
Desde el primero de mayo en que la celebración oficial se hizo a resguardo con las fuerzas del Congreso del Trabajo, fueron claras las evidencias de la continua fractura del movimiento obrero constituido en torno al PRI. Finalmente, la decadencia del propio partido político y del viejo liderazgo sindical, así como los severos impactos sociales de la reciente crisis han resquebrajado esa otrora sólida estructura.
El llamado presidencial a los trabajadores para mantener su visión orientada al futuro no logró convencer acerca de los beneficios de la política económica que sigue el gobierno. No son claras para los destinatarios de ese mensaje las posibilidades de renovar las condiciones de bienestar de un grupo de esta sociedad que ve perder las plazas de trabajo y el poder de compra de su salario.
La renovación de la dirigencia del Congreso del Trabajo ha sido otra puntilla a los intentos por salvar la organización laboral. El nuevo dirigente es líder del sindicato de una empresa estatal, Ferrocarriles Nacionales, que está en la lista de las próximas privatizaciones, y su impopularidad y la manera de acceder al cargo provocó el airado antagonismo del grupo de sindicatos foristas. Cosas antes nunca vista en actos de tan alto protocolo oficial.
Los trabajadoores han ido también a la calle en demanda de mejoras salariales. Y fueron los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación los que realizaron la última protesta que terminó en una buena golpiza por parte de los granaderos. Este acto se dio apenas a unos días de haberse anunciado un aumento salarial y de prestaciones de 22 por ciento para los maestros del país, en una clara manifestación de que se ha perdido el control dentro del sindicato nacional. Al respecto son ilustrativos también los conflictos entre los maestros y los gobiernos de Tamaulipas y de Oaxaca.
Los cambios en el área laboral se están haciendo también desde la legislación. Ls Suprema Corte ha señalado en dos casos recientes la no obligatoriedad de asociación de los trabajadores a los sindicatos existentes. Esto abre el camino para una mayor flexibilidad en las formas de organización de los trabajadores lo que puede significar un relajamiento del control corporativo y una distinta capacidad de negociación por parte de los trabajadores y de las empresas. Ahí puede haber un campo interesante para la modernización si se establecen formas flexibles pero claras de lo que se llaman las relaciones industriales. El surgimiento de un nuevo sindicalismo debería permitir un nuevo arreglo institucional para favorecer la actividad económica. Pero a la flexibilidad tecnológica y administrativa que requieren las empresas no puede corresponder la continua caída de los salarios reales. A pesar de las sofisticadas formulaciones teóricas y de las propuestas morales de la armonía social, hay un antagonismo entre los intereses del capital y del trabajo.
Así que la temperatura ha ido subiendo en el terreno laboral y sindical a lo largo del mes en un escenario de creciente confrontación con el gobierno. Uno de los problemas económicos más grandes del país, es la incapacidad de generar suficientes empleos y aumentar los ingresos salariales. Una política de conflicto en éste y otros frentes sociales será el peor negocio que puede hacer el gobierno y los costos serán muy caros para todos. La adversa situación de los trabajadores en cuanto al empleo y a los ingresos requiere de políticas que renueven el crecimiento. La política económica tiene que orientarse hacia el objetivo de que la población pueda lograr su sustento mediante un trabajo remunerador. En este sentido la persistencia en la consecución de la estabilidad financiera con una gestion monetaria y fiscal restrictiva retrasa esos objetivos. En última instancia una economía monetaria no puede sostenerse sin dinero y el punto central de la política fiscal no es alcanzar una predeterminada meta del déficit publico, sino la manera en que el gobierno gasta sus recursos.
El logro de un crecimiento sostenido de esta economía no se circunscribe al conjunto de las medidas técnicas para administrar el programa de ajuste, lo que se está rompiendo ante nuestros ojos es el pacto social que ha permitido, cada vez con menos eficacia, la estabilidad de esta sociedad. El asunto es uno de credibilidad, de un consenso acerca de lo que se hace y para qué se hace. Mientras esa credibilidad no se reinstaure, la economía no podrá rehacer las condiciones de expansión que se requieren y los problemas volverán a surgir en términos técnicos de la administración macroeconómica y crecerán en el ámbito social.