La IP nacional, contra el ultimátum de EU

Patricia Muñoz Ríos La iniciativa privada mexicana envió un ``reclamo'' a nivel internacional ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en contra del ultimátum que dio el gobierno de Estados Unidos para que las empresas mexicanas retiren en 45 días sus capitales de Cuba.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos Abascal, informó lo anterior en entrevista y dijo que es indignante el uso de la ``fuerza imperial'' y de la superioridad económica de un país para imponerle a otras naciones sus propias reglas del juego.

El empresariado mexicano no está de acuerdo ni remotamente con el régimen que ha impuesto Fidel Castro en Cuba, explicó Abascal, pero tampoco puede aceptar la prepotencia del gobierno estadunidense al pretender expedir y aplicar una ley como la Helms-Burton, la cual aplicaría castigos comerciales de manera extraterritorial contra quienes tengan negocios en esa isla.

El gobierno mexicano, concretamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabaja para tratar de resolver este asunto lo antes posible y de la mejor manera, y hay confianza en que no se cumplan los términos de la advertencia, apuntó Abascal Carranza.

En la entrevista expuso que es frecuente el uso de la prepotencia en el manejo de los asuntos mexicanos en Estados Unidos y la referida ley es un claro ejemplo de ello, ya que con ella, dijo, aquel gobierno pretende realizar una aplicación de sus preceptos extraterritorialmente.

Hizo ver el dirigente de la Coparmex que las secretarías de Relaciones Exteriores y Comercio están buscando intensamente vías de acción que permitan ``evitar este abuso'' que significa la aplicación de la Ley Helms-Burton.

Los empresarios nacionales no pueden más que contribuir y apoyar la decisión que está tomando el gobierno mexicano, por lo que ``ha elevado al más alto nivel internacional, en la OCDE, particularmente en el organismo que aglutina al sector privado en el anexo de la OCDE, nuestro reclamo vigoroso contra esta acción, porque esto no puede ser'', apuntó.

Indicó que el gobierno mexicano tiene un plan de acción que contempla desde el análisis mismo hasta diversas estrategias de acción, y el sector privado trabaja ``con ellos para ir implantando las estrategias previstas'', mismas que no se van a platicar sino a poner en marcha.

Comentó que no se trata si son muchos o pocos los empresarios mexicanos que resultarían afectados por la acción que pretende realizar Estados Unidos, sino que defitivamente no se logre sentar un precedente de esta naturaleza.

Además, dijo, las empresas de nuestro país que actualmente tienen negocios en Cuba, tienen importancia relativa en la economía nacional y la mayoría son importantes exportadoras en varias partes del mundo, por lo que no es aceptable que sean ``castigadas'' comercialmente, sin que se afecten los ingresos del país.

Tampoco puede aceptarse que se inhiban las inversiones hacia un área económica que representa una oportunidad para México, comentó Abascal, y sostuvo que no se puede medir la importancia del asunto por el número de afectados, que aún cuando no sean muchos, reviste gran importancia para el país.

Consideró que se apoyará irrestrictamente a las empresas mexicanas que tienen relaciones comerciales o de inversión en la isla y que no se permitirá que sus negocios sean castigados comercialmente, y mucho menos que a los empresarios y sus familias se les impida la entrada a Estados Unidos, ya que esta acción responde más a cuestiones de política-electoral y es un verdadero abuso de la prepotencia de ese país.

Las inversiones realizadas por el sector privado mexicano en Cuba benefician a varios sectores de la economía isleña. Por ejemplo, una de las mayores aportaciones de capital mexicano se localiza en el sector de la telefonía, por medio del grupo regiomontano Domos, mismo que ha incumplido el compromiso de cubrir alrededor de 300 millones de dólares al gobierno cubano.

Los capitales mexicanos invertidos en la mayor de las Antillas abarcan sectores como el turístico, el cementero, el vinatero y alcoholero, el petrolero y el de la construcción, entre otros.

De acuerdo con información oficial, en 1995 el intercambio comercial entre México y Cuba sumó tan sólo cerca de 400 millones de dólares, de tal suerte que la posición expresada tanto por la cancillería mexicana como por los organismos cúpula del sector privado mexicano en torno a la Ley Helms-Burton no conlleva sólo una condena por el eventual impacto económico de dicha legislación, sino por el intento estadunidense de aplicar extraterritorialmente sus leyes e impedir el libre flujo comercial entre las naciones, promovido precisamente por la economía más grande del orbe.

David Aponte El Departamento de Estado cerrará de manera selectiva la entrada a Estados Unidos a los más prominentes empresarios mexicanos y sus familiares. Los empleados y funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) negarán el ingreso en los puertos de entrada a los miembros de la iniciativa privada que tienen negocios con Cuba, señala la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los propietarios de empresas mexicanas y sus ejecutivos que tengan problemas con la negación de la visa estadunidense no tendrán recursos legales para impugnar la decisión de los consulados de Estados Unidos, menciona.

El PRD criticó la lenta actuación de la SRE en defensa de los empresarios mexicanos que resultarían afectados por la legislación estadunidense.

En un documento entregado a las cúpulas del empresariado mexicano, la SRE asegura que esta disposición de la Ley Helms-Burton es violatoria del Tratado de Libre Comercio (TLC) en cuanto a las disposiciones relativas al tránsito de personas. El tema será abordado en la reunión de este martes entre los representantes de México, Canadá y Estados Unidos.

El propio Departamento de Estado informó al Congreso de Estados Unidos que la aplicación selectiva del título IV de esa política migratoria podría ocasionar ``problemas administrativos significativos'', señala la dependencia mexicana.

La SRE distribuyó entre los empresarios mexicanos un documento elaborado por la Consultoría Jurídica, en el cual analiza las implicaciones legales de la también denominada Ley de solidaridad democrática y libertad ubana en lo relativo a la negación de las visas a empresarios que tengan vínculos comerciales con La Habana.

El título IV, sección 401, de la legislación, que pretende endurecer el bloqueo y sancionar a los países que tienen inversiones y operaciones comerciales con Cuba, entró en vigor el 12 de marzo de 1996, fecha en que fue firmada por el presidente Bill Clinton, menciona.

La SRE detalla que la disposición establece que los extranjeros que Estados Unidos considere participaron en la ``confiscación'' de activos estadunidenses en la Revolución Cubana de 1959 o que ``trafican'' en tales, no se les podrá otorgar una visa y podrían ser rechazados por los funcionarios del SIN al llegar a cualquier puerto de entrada. La fracción es aplicable a los propios comerciantes, a los directores o funcionarios de las empresas y a sus familiares.

Menciona que es poco probable que el gobierno de Washington niegue las visas a un número significativo de empresarios mexicanos y sus familias. ``El mismo Departamento de Estado informó al Congreso (estadunidense) que la aplicación de estas secciones podría causar problemas administrativos significativos. Se considera probable que se negará la visa, con base en esta sección, únicamente en los casos más sonados, los que tratan de empresas grandes y reclamaciones ya aceptadas por la Comisión de Reclamaciones Extranjeras'' de ese país, señala.

No obstante, ``la determinación del cónsul de Estados Unidos para negar la visa no admite recurso judicial alguno. Existe, sin embargo, la posibilidad de solicitar la reconsideración administrativa del Departamento de Estado, pero no es probable que se logre cambiar la determinación previamente adoptada'', opina.

En el texto, precisa que en los casos de exclusión, cuando un funcionario del SIN negara la entrada a los empresarios y sus familiares en los puertos de Estados Unidos, el afectado podría solicitar una audiencia ante el juez migratorio. Pero la experiencia indica que los agentes de migración logran persuadir a la persona para que retire su petición de admisión y proceden a la cancelación de la visa.

``Es indudable que esta legislación es violatoria de las normas más elementales del derecho internacional, por lo que se refiere no sólo a la soberanía de los Estados, sino a la capacidad de los mismos de conducir, con independencia, su política exterior, financiera y comercial'', agrega el documento redactado por el embajador Miguel Angel González Félix, asesor legal de la SRE.

El PRD emitió un comunicado en el cual señala que desde la guerra del golfo Pérsico, Estados Unidos no había lanzado una desafío de tal envergadura a la comunidad internacional con una legislación que resulta una ``aberración jurídica''.

``En los últimos días, los apologistas oficiales han resaltado frases y declaraciones de la SRE en contra de la multicitada ley, presentándolas como una 'enérgica defensa de la soberanía nacional'. Evidentemente, condenar el intervencionismo es congruente con los principios constitucionales que norman la política exterior de México. Sin embargo, la cancillería ha actuado con lentitud y con gran retraso ha emprendido las primeras acciones para la defensa legal de empresas mexicanas que, como Domos y Cemex, son amenazadas con la aplicación de sanciones. Las primeras iniciativas en la OMC contra la violación de la soberanía que implica la Ley Helms-Burton las ha encabezado hasta ahora Canadá y la Unión Europea.

``Lamentablemente, (el canciller) José Angel Gurría no insistió en que este tema fuera uno de los centrales en la recientes reuniones bilaterales entre nuestro país y Estados Unidos, a nivel de legisladores y funcionarios de alto nivel'', indica el PRD.