El rescate ecológico de Santa Catarina, estancado

Alonso Urrutia Pese a las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que cese o haya un control en la explotación de las minas en la zona de reserva ecológica de la sierra de Santa Catarina, la extracción desmedida continúa mediante amparos o de manera clandestina. En el fondo del problema el aspecto económico compite con la prioridad ambiental: ``De las minas de Santa Catarina se abastece 50 por ciento del material de construcción de la ciudad''.

Hace casi tres años que el organismo mundial otorgó un financiamiento de 36 millones de dólares para la restauración de las 2 mil 900 hectáreas, pero el proyecto avanza de manera incipiente en la parte alta de la sierra. Entre las razones destacan: el círculo de invasión-desalojo de asentamientos irregulares; los problemas jurídicos para finiquitar la expropiación de la zona; la propia explotación de las minas y las ``políticas erróneas de reforestación''.

La invasión de predios en la colonia Huitzuco y
parte de la sierra de Santa Atarina ha originado
pugnas entre grupos solicitantes de vivienda.
Foto: Ernesto Ramírez

Para la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) el proyecto de la sierra de Santa Catarina tiene dos grandes amenazas: la persistente explotación de las minas y la creciente presión social para la urbanización.

Desde un principio, al autorizarse en 1993 el proyecto MEE-0047 de conservación ecológica de la ciudad de México --que incluye también a la sierra de Guadalupe y la reforestación urbana por un monto global de 100 millones de dólares-- el BID advertía en el diagnóstico que amparaba el crédito:

``En la sierra, desde hace 30 años se ha presentado un severo deterioro ambiental provocado por la presión urbana. Dicha presión se ha traducido en el aparecimiento de gran número de asentamientos humanos en la periferia y hacia el interior de la zona; cambio del uso del suelo y eliminación de la vegetación; reducción de la capacidad de infiltración del agua; erosión hídrica y eólica; establecimiento de basureros; explotación de canteras a cielo abierto y otras actividades no compatibles con la preservación ambiental, así como una alta concentración de partículas suspendidas''.

Hoy, al pie de la cerca que delimita la zona de reserva ecológica, los cerros devastados por la explotación adoptan las formas más caprichosas.

Apenas se inicia el recorrido y aparece un diminuto montón de tezontle, que es lo que resta del cerro Tecoatzin. Es la entrada a la mina La Estancia, propiedad de Teófilo Aguilar, un mítico personaje de la sierra, cuya actividad es paradójica:

``Rodeado de las minas se encuentra su rancho ecológico, donde experimenta diversas formas de restauración ambiental'', señala Elvira Salgado, consejera ciudadana de la zona e integrante del Frente de Defensa de la sierra de Santa Catarina. Dicha organización señala que la operación de las canteras tiene como efecto inmediato una alta concentración de partículas suspendidas.

La operación de minas, advierte David Cervantes, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ARDF, contraviene cualquier proyecto de restauración del área. Con amparos o de manera clandestina, la explotación del área se realiza aceleradamente.

Para el subdelegado de Iztapalapa en la sierra de Santa Catarina, José Juan Jacobo Ramírez, el problema de las minas es complejo y rebasa a la autoridad de la ciudad. ``Las minas fueron concesionadas desde principios de siglo y su operación son competencia del ámbito federal''.

Sin embargo, subraya que de su operación se desprende un dilema para el gobierno: ``De esas minas se abastece 50 por ciento de los materiales de construcción que requiere la ciudad. Su cierre significaría encarecer sustancialmente el costo de los materiales para la vivienda''.

Desde que se decretó la expropiación de la zona se inició una lucha entre gobierno y concesionarios sobre la explotación de canteras. El documento inicial --presentado en 1992-- advierte ya la dificultad del cierre inmediato de las canteras ``ante las presiones de la industria de la construcción'', pero sugiere modificar sustancialmente las formas de explotación para mitigar los efectos ambientales mediante la firma de convenios que comprometieran a los propietarios con la restauración, independientemente de que no se otorgarían nuevas concesiones.

Ramírez sostuvo que existe una gestión del Departamento del Distrito Federal y de la delegación para que se busquen alternativas para evitar el impacto ambiental de las minas.

Para la Comisión de Desarrollo Urbano de la ARDF, dichos convenios no se han cumplido. Sucesivos recorridos de la comisión, dijo Cervantes, han permitido constatar que las formas de explotación continúan acabando con los cerros y que es dudoso el cumplimiento de algún compromiso ``ecológico''.

Además, si bien se han cerrado algunas minas clandestinas, aún subsisten algunas otras que inclusive venden su material abiertamente en las inmediaciones de la zona, agregó el asambleísta. El DDF ``nos ha señalado que pretenden corregir este problema lo más pronto posible, sea mediante el cierre o incorporando normas más estrictas para su cumplimiento.

¿Dónde están los dólares del BID?

Más allá de la explotación de canteras, el ambicioso proyecto de restauración casi no avanza. Si acaso hay algunos pasos incipientes en la reforestación en la parte alta de la sierra y en Tláhuac, independientemente de la construcción del muro de concreto con el que se busca eliminar la reubicación de la cerca de alambrado, por la urbanización irregular.

En otra de las márgenes de los cerros sólo se asoman unas varas de incipientes árboles en la colindancia con San Miguel Teotongo.

Por donde se mire, la aridez domina el panorama. Sólo huizaches. Es parte de las poco más de 2 mil hectáreas de la sierra susceptibles de ser restauradas:

''¿Dónde están los dólares del BID?'', cuestiona Clara Brugada, consejera ciudadana. ``Los programas de reforestación han sido erróneos y a destiempo. Van tres años de proyecto y el panorama no ha cambiado. No hay forma de constatar dónde se ha ido el dinero del BID''.

Brugada es parte de un Frente de Defensa de la sierra de Santa Catarina que ha propuesto alternativas al proyecto BID-Corena (Comisión de Recursos Naturales, dependencia del DDF responsable de la reforestación), para lograr ``una restauración integral más allá de una labor anual, que no involucra una solución necesariamente vinculada a las condiciones sociales de la zona''.

Un estudio del Equipo Pueblo --organización no gubernamental de investigación-- sostiene que ``la explotación del terreno de la sierra ha devastado el entorno en casi 60 por ciento, afectando no sólo el paisaje, sino también la cantidad de agua y humedad para la zona''.

Sin embargo, El subdelegado de Iztapalapa en Santa Catarina sostiene que hay avances en la reubicación de asentamientos humanos y en la delimitación del área y la regularización de predios contiguos al área de reserva ecológica.

Para la Comisión de Desarrollo Urbano, la actuación de la Comisión de Recursos Naturales sólo ha logrado avances mínimo; se han rescatado algunas zonas y detenido de alguna forma las invasiones, pero en el balance es mayor la tendencia a seguir perdiendo suelo.