Escribo estas líneas a mediados del mes de mayo de 1996. Me interesa especificarlo porque la angustia que las genera está relacionada con lo que ocurrió hoy, el Día del Maestro. No me refiero a la noticia, ampliamente difundida, del aumento del 22 por ciento a los ingresos de los maestros, que sigue estando muy lejos de cubrir sus necesidades más elementales, y a distancia astronómica de acercarse a una remuneración congruente con la importancia de su función en la sociedad. En fecha próxima ocuparé este espacio comentando la enorme diferencia que se registra entre lo que las autoridades dicen de la educación y lo que hacen por ella. Hoy voy a referirme a esa pantomima grotesca, a esa comedia miserable, a esa putrefacción del sistema oficial que se disfraza con el egregio nombre de ``justicia'' en nuestro país. Resulta que en el noticiario de la Tv que yo veo (Canal 11) apareció el señor gobernador del estado de Guerrero diciendo que el Poder Judicial de su estado había requerido conocer el informe de la Comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Aguas Blancas, para decidir si habían delitos que perseguir. Quizá el señor gobernador basó sus declaraciones en las emitidas días antes por la Procuraduría General de la Nación, que se declaró incompetente para intervenir en el asunto porque no había delito federal que perseguir. Todos los mexicanos sabemos, porque lo hemos leído en los diarios y lo hemos visto en la Tv, que en Aguas Blancas fueron asesinados a mansalva 17 campesinos, que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Rubén Figueroa, manipularon la información, recortaron el video original y bloquearon las investigaciones iniciales, y que hasta hoy los autores intelectuales de este brutal crimen gozan de plena libertad. La presión de la protesta de la sociedad civil, apoyada en esta ocasión por casi todos los medios (incluyendo, sorprendentemente y por primera vez, a Televisa, que mostró el video no oficial de la matanza) obligó al gobernador de Guerrero a pedir licencia. Pero este sujeto todavía se siente al margen de la ley mexicana, porque a los pocos días de su licencia dijo a la prensa: ``Aquí estoy. No me escondo...'' Se alega que su actitud segura y arrogante se debe a que es compadre del Presidente, a que es miembro de una genealogía antigua e ilustre en el PRI, y a que no le pueden probar nada porque todas sus instrucciones fueron orales, de las que no existe registro alguno.

Como ciudadano mexicano adulto y consciente, me siento indignado e insultado. No acepto que los poderes de los gobernadores estatales incluyan el derecho de decidir impunemente quién vive y quién muere en su estado. Tampoco acepto que puedan manipular a su antojo las pruebas usadas para evaluar sus acciones, cualquiera que éstas sean.

Hasta aquí mi indignación, que podría ir mucho más lejos, pero pasemos al insulto, que también es inaceptable porque pone en entredicho nuestra capacidad intelectual. En Aguas Blancas se asesinó a mansalva a 17 campesinos, siguiendo la orden superior de ``detenerlos, a como sea''. Esta fue una violación flagrante no sólo de sus derechos políticos, sino de sus derechos humanos. Pero creo que Rubén Figueroa desconoce lo que estos términos significan, por lo que se siente seguro ante los juicios que todavía lo esperan.

¿Qué pasa con la justicia en México? Como el resto del país, está subdesarrollada. Por un lado, es incapaz de resolver los problemas más candentes ante la opinión pública, como son los asesinatos del cardenal Posadas, de Colosio, de Ruiz Massieu y de Polo Uscanga; por otro lado, se declara incompetente para intervenir en los asesinatos de Aguas Blancas. Pero que no le pase a usted, amable lector, la tragedia de que su automóvil se lo lleve la grúa porque estaba (según ellos) mal estacionado. Al viacrucis que representa encontrar el correlón al que se lo llevaron, agregue usted la insultante negociación para que le acepten pagar la multa (``¿quiere recibo?...

le sale más barato sin recibo...) y las muchas horas invertidas en este estúpido episodio.

A pesar de todas las declaraciones oficiales al respecto, en México no hay justicia. Los ciudadanos vivimos continuamente al margen de la ley, porque la ley funciona (paradójicamente) no a favor sino en contra de nosotros. Estamos atrapados en nuestro propio país en un Estado sin leyes funcionales. Pero en esto no estamos solos; ésta parece ser la situación dominante en los países del tercer mundo.