Ante la necesidad de contar con unos 350 mil trabajadores agrícolas para recoger las cosechas de este año, la Asociación de Agricultores de California demandó la puesta en marcha de un programa para trabajadores huéspedes similar al Proyecto Bracero, que estuvo en vigor hasta hace tres décadas, a fin de regular la presencia de trabajadores inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Antes de analizar los pros y los contras de la petición de los agricultores, es oportuno señalar que ésta echa por tierra los argumentos esgrimidos por los sectores xenófobos y racistas de Estados Unidos en el sentido de que los trabajadores mexicanos son un lastre para la economía y privan de fuentes de empleo a ciudadanos estadunidenses.

En efecto, el reconocimiento de que la agricultura californiana requiere de trabajadores extranjeros indica que, como se ha dicho en numerosas ocasiones, el contingente laboral estadunidense no es capaz de cubrir las plazas correspondientes. Asimismo, tal necesidad indica que la competitividad de los productos agrícolas estadunidenses requiere de la participación de jornaleros mexicanos y latinoamericanos.

Volviendo al programa para legalizar el flujo de trabajadores al agro californiano, es claro que una propuesta semejante podría ser el primer paso para resolver en forma bilateral, concertada y racional, los problemas que diversos sectores políticos y económicos de Estados Unidos han creado alrededor del flujo migratorio de México al país vecino.

Para ello, una condición irrenunciable sería que el instrumento mencionado estipulara el pleno respeto a los derechos humanos, laborales y sociales por parte de autoridades y empleadores estadunidenses a los trabajadores mexicanos.

Asimismo, sería necesario que el programa prohibiera expresamente toda forma de discriminación salarial y laboral de los trabajadores migrantes.

Se ha señalado que, para eliminar uno de los principales puntos conflictivos de la agenda bilateral, Estados Unidos y México deben legalizar y regular la presencia de los trabajadores mexicanos al norte del río Bravo, y la petición de los agricultores californianos ante el Servicio de Inmigración y Naturalización estadunidense podría ser un avance en esta perspectiva.

Pero es necesario que una normatividad migratoria como la propuesta surja de negociaciones que incluyan a ambos gobiernos, a los peticionarios y a alguna forma de representación de los propios trabajadores, que podría ser un conjunto de organizaciones no gubernamentales así como un grupo de sindicatos agrícolas de mexicanos en California. Finalmente, México debe asegurarse de que la propuesta desemboque en un instrumento de protección a nuestros conciudadanos, y no en un instrumento que facilite su explotación.