Al padre Enrique González Torres S.J., merecidamente rector de la Ibero

A los errores de diciembre de 1994, con los que se destruyó el edificio, se sumaron los de febrero de 1995, con los que se destruyeron los cimientos. No acabaron ahí las amenazas de bomba. El solapamiento en la creación de guardias blancas, el regreso del caciquismo, la protección gubernamental a grupos como los Chinchulines, la sentencia a Jorge Javier Elorriaga y a Sebastián Entzin, los evidentes movimientos en Chiapas de la PGR, apoyada por el Ejército, sumada al inicio de una guerra de baja intensidad en la zona, sí son actos terroristas.

Se equivocan nuevamente los que de modo irreflexivo ponen en marcha el terrorismo de Estado, que se va convirtiendo en la regla. Los enemigos no son los indígenas, ni siquiera aquellos que declararon la guerra, a los que evidentemente se busca asesinar hasta por hambre: los enemigos son los grupos empeñados en desestabilizar al país.

La condena mundial ayudó a que se diera marcha atrás en la errática decisión de febrero de 1995, pero el costo político es altísimo: el regreso de la tortura, el inicio de una nueva etapa de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas, el retorno a nuestras peores épocas, esas en las que la brigada blanca era dueña de vidas y haciendas, esas en las que los cuerpos de seguridad se corrompieron hasta el infinito, cuando el narcotráfico, a través de los cuerpos de seguridad, empezó a permear el poder público.

Hoy la situación es más grave, infinitamente peor; el edificio de suyo corrompido y permeado por el narcotráfico está económicamente destruido por la bomba, y no puede ser construido sin tener antes cimientos políticos. Por eso, es criminal que el presidente de la República permita que desde la PGR se continúen activando bombas. La sentencia a los presuntos zapatistas es sólo un ejemplo de lo que significa la legislación a la medida de la derecha panista que co-gobierna, reformadora de la Constitución para violarla, y destructora de la columna vertebral de nuestro procedimiento penal, canceladora del principio de inocencia, iniciadora de los castigos con mentirosos acusadores encapuchados, en fin, falangista.

En febrero de 1995 desde la Procuraduría General de la República quisieron exterminar al EZLN e intentaron mentirle al mundo, diciéndole que no era un movimiento indígena; lanzaron al país a un callejón sin salida donde la única vía es la represión y la barbarie.

Hoy el gobierno mexicano le vuelve a mentir al mundo, está vez a la Unión Europea, al ofrecerle un país de leyes que él mismo ha cancelado a base de errores y desaciertos. Se equivoca nuevamente: hasta el capital necesita de la democracia y del Estado de derecho para funcionar.

El EZLN puede ser el que permita una salida civilizada. No la mejor, ciertamente, pero en la situación del México actual es un sueño pensar que vamos a transitar en el mejor de los escenarios. Aunque en el discurso se reitere la voluntad de construir la paz, es evidente que hay grupos en el gobierno que buscan aniquilarla. El EZLN no debe convertirse, en los hechos, en aliado involuntario de las fuerzas más oscuras, las de la derecha bastarda del PRI y del PAN, las que están creando la ingobernabilidad para conservar, llegar o volver al poder.

Si el EZLN se quitara los pasamontañas en presencia de representantes importantes de la comunidad internacional y depusiera ante ellos las armas, entre todos podríamos exigir y lograr la salida del Ejército mexicano de Chiapas y, con un poco de suerte, quizá que regrese a los cuarteles de los que nunca se le debió sacar.

No desoigamos la llamada de alerta de Jaime Avilés; ya están presentes los tonton-macoutes no sólo en Chiapas, sino en varios estados y en la capital, lo que nos acerca cada vez más a la lamentable situación haitiana. La amenaza de guerra es un pretexto más para echar a andar este horror.

Aún estamos a tiempo de luchar por la construcción de la democracia a través de la vía electoral, sin apostarle a la vía armada, que es la peor de las apuestas para lograrlo. El proyecto de libre mercado, llevado al extremo por Ernesto Zedillo y la derecha con la que comparte el poder, puede y debe revertirse en las urnas. La nueva firma del pacto social debe darse a través del voto.

Es evidente que, desde el gobierno, está cancelada la voluntad de diálogo y la capacidad de negociación política, pero entre muchos podemos construir una alternativa de nación viable, en la que prevalezca la ética, con gobernantes que no se suban a un ladrillo y enloquezcan con el poder, que entiendan su ejercicio como lo que es: la prestación de un servicio temporal.

Si se logra erradicar la violencia podremos combatir la corrupción, vasalla del extranjero, generadora de todas las desigualdades.

Nadie debería olvidar, ni por un momento, que la corrupción y la violencia son las grandes aliadas del fascismo.