Peleas en el gabinete; posibles cambios

Los cuarteles, en Bucareli y Xicoténcatl

Por más que en círculos políticos se pretenda minimizar la evidente relación de los últimos acontecimientos, políticos, económicos, sociales y partidistas, de la lucha de los grupos en el poder por enfilarse a la aún lejana sucesión presidencial, lo cierto es que en el gabinete de Ernesto Zedillo se intensifican las pugnas, se repiten las zancadillas y es más evidente que nunca el descontrol y la inminencia de cambios.

Pareciera, incluso, que como en la Tercera Ley de Newton, a cada acción o declaración del Ejecutivo sobreviene una reacción igual, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Como si se quisieran contradecir los hechos o las declaraciones presidenciales.

Uno de los temas más llamativos, y en donde el discurso y la promesa presidencial pareció llevada al punto más alto de la contradicción, es la reforma electoral. Se recuerdan, como dos momentos centrales de ese proceso, que el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 1995 Zedillo no sólo dijo, sino que propuso que dicho proceso se realizara en el Congreso de la Unión, espacio natural para el debate y los consensos.

Sin embargo, se sabe que como producto de la lucha que libra Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación, con diversos grupos políticos, entre ellos con Fernando Ortiz Arana, jefe del Senado y en la práctica del Congreso, la reforma electoral fue arrancada de las manos de éste por los operadores del titular de Bucareli. Finalmente, y pese a la promesa presidencial, la reforma política se llevó a cabo en Gobernación, en donde, casualmente, todo se enreda.

Para mayor abundamiento, conviene señalar que originalmente, en sus discursos, primero con los coordinadores parlamentarios y luego en su primer informe de gobierno, el Presidente convocó a una consulta para la reforma y todo terminó en un diálogo cupular, apenas entre los dirigentes de tres partidos políticos.

Pero no sólo eso. Desde mucho antes de asumir la Presidencia, ya como presidente y en encuentros con la dirigencia del PRI, Zedillo prometió el fin de las concertacesiones. Pues bien, por intermediación de quién sabe qué funcionarios, se estimuló el escándalo poselectoral de Huejotzingo y, nada, que desde Gobernación se efectuó la concertacesión, que otra vez dejó en entredicho la palabra presidencial. Todo por llevar a Bucareli la reforma electoral.

Pero no es todo. Ayer otra vez apareció la pugna entre los principales huéspedes del Palacio de Bucareli y la Casona de Xicoténcatl. Otra vez, ya sin guardar las formas, la disputa es la reforma político electoral, que consensuada en sus partes esquemáticas durante el diálogo cupular de Gobernación, ahora deberá pasar a su fase de detalles al Congreso.

Sólo que otra vez se quiere dejar fuera de la jugada a Fernando Ortiz Arana. Resulta que los diputados que trabajan en la reforma electoral no acudieron al acto de instalación de las subcomisiones bicamarales que redactarán las iniciativas de reformas constitucionales que darán sustento a la reforma política.

Seguramente se pretenderá restar importancia al hecho, pero en el fondo, es ya un lugar común, es motivo de comentarios en comederos, en altos círculos, la capacidad de maniobra del secretario de Gobernación, no para resolver los problemas nacionales, no para ofrecer alternativas viables, o para encontrar respuestas, sino para acercarse silenciosamente al terreno que lo ponga entre los principales aspirantes a la sucesión en el año 2000.

Pero hay muchos otros indicios que apuntan al Palacio de Bucareli como la fuente de origen de conflictos que al final de cuentas contribuyen a crear la imagen de palabra incumplida en el caso de la presidencial. Si no, deberá recordarse el escándalo cuando fue detenido el supuesto zapatista Germán o, más recientemente, cuando se dictamina una sentencia contra los presuntos zapatistas Elorriaga y Entzin, todo presentado como respuesta a declaraciones presidenciales recientes.

Y la última perla es la que con estruendo se mostró el pasado jueves, cuando los maestros disidentes, agrupados en la CNTE, se dirigían de Gobernación a Los Pinos y fueron reprimidos a palos por la policía y por agentes vestidos de civil. El regente Oscar Espinosa salió con la brillante declaración, una vez que sus jefes policiacos detectaron a ``provocadores no identificados'', de que ya habían sido detectados éstos. En realidad la única provocación fue la policiaca, al impedir un derecho constitucional. Pero hay quienes dicen que la orden salió de Gobernación.

Por eso se habla de que habrá cambios pronto.

En el camino

Por cierto, aún nadie sabe quién envió a Esteban Moctezuma a visitar a los ministros de la Corte que realizaron el dictamen sobre Aguas Blancas. Lo que se sabe es que les pidió que el resolutivo se enviara sólo al Ejecutivo.