Mientras en Chiapas el presidente Ernesto Zedillo declaraba que en su gobierno no había un doble mensaje y que buscaba la paz, en la ciudad de México los granaderos golpeaban salvajemente a los maestros democráticos agrupados en la CNTE y que se dirigían a Los Pinos para exigir un aumento salarial del 100 por ciento.

No es la primera vez que se utiliza a la fuerza pública para tratar de frenar movilizaciones de maestros en la capital de la República, pero sí es la primera ocasión, en la historia reciente, en que la represión oficial alcanza los niveles del pasado 8 de mayo.

En la madrugada del 3 de febrero de 1981 la brigada para control de multitudes desalojó a varios miles de maestros que se encontraban plantados frente a las oficinas de la SEP y el SNTE, sin que se registraran heridos de gravedad. En junio de 1983 la fuerza pública disolvió un plantón magisterial en Insurgentes y Reforma, en protesta por el cierre de los cursos de verano de la Normal Superior. El 1o. de mayo de 1985 los granaderos impidieron el paso del contingente de maestros democráticos al desfile oficial. En términos generales la violencia provino, en lo esencial, de las fuerzas de choque que el grupo Vanguardia Revolucionaria la fuerza hegemónica tenía para tratar de frenar a la disidencia.

La gravedad de la medida sólo es comparable con el absurdo de su ejecución.

Hace ya 17 años que en la estación Juárez, en Chiapas, se realizó el primer paro del magisterio democrático que desataría una amplia insurgencia nacional. Desde entonces la CNTE ha protagonizado de manera ininterrumpida oleadas de lucha por la democratización del sindicato, el incremento de salarios y la mejoría de condiciones laborales. Pretender hoy contener, a fuerza de toletazos, un movimiento en el que se organizan alrededor de 350 mil trabajadores de la educación, que posee una dirección fogueada a través de muchas jornadas de lucha, que controla varias secciones sindicales y que está implantando en prácticamente todo el país, es una muestra de insensibilidad política e ignorancia. Y hacerlo cuando la movilización va en ascenso es una estupidez.

La actual oleada magisterial fue precedida de, cuando menos, un año de movilizaciones regionales en varios estados. Tiene como eje central la exigencia de un aumento salarial y el rechazo al 22 por ciento que fue otorgado por la SEP el pasado 15 de mayo. La disidencia señala que el incremento dado no fue tal, pues el 12 por ciento aplicable al salario base corresponde al ajuste de los salarios mínimos otorgado en el mes de abril en el marco de la Alianza para la Recuperación Económica que el magisterio no recibió, y el 10 por ciento restante a prestaciones. Ello implica que un profesor gana 66 pesos diarios, esto es, menos de cuatro salarios mínimos.

Pero en las explosiones de descontento se entrecruzan, además, dos elementos adicionales: el fracaso de la carrera magisterial como vía para la ``profesionalización'' del magisterio, y el caos laboral precipitado por la descentralización educativa.

La carrera magisterial fue concebida como un escalafón horizontal que debía servir para estimular la capacitación y el mejoramiento profesional de los mentores. En los hechos se ha convertido en el sustituto de un mayor salario. Aunque alrededor de medio millón de maestros, de un total de unos 800 mil, participan en ella, recibiendo estímulos de entre 300 y 400 pesos al mes, la mayoría se encuentra estancada en el nivel más bajo.

La descentralización educativa ha precipitado una diversidad de conquistas laborales en cada estado, invalidando el principio constitucional de que a trabajo igual corresponde un salario igual. Así las cosas, mientras que los maestros que laboran en el Distrito Federal reciben 40 días de aguinaldo al año, los profesores de otros estados reciben 60. Esta desigualdad es fuente de conflicto. Pero, además, la SEP no ha aclarado por qué si ahora los gobiernos de los estados son los patrones de los trabajadores de la educación, es esta Secretaría la que otorga los aumentos salariales.

El pasado 24 de mayo, el titular de la SEP declaró que la dirección nacional del SNTE es el canal de interlocución con los maestros. Esta afirmación la han hecho, uno tras otro, los distintos encargados de la institución desde 1979, y tarde o temprano han terminado negociando con los disidentes.

Una nueva alborada de lucha magisterial se extiende ya por todo el país. A los estados que tradicionalmente participan en la CNTE se les ha sumado Tamaulipas. Después de 14 años de políticas de ajuste, los maestros no están dispuestos a darle más moratorias al cumplimiento de las obligaciones gubernamentales; no quieren más sacrificios a cambio de una promesa de futuro que nunca llega. Piensan que, si se apoya a los banqueros y se dice que la educación es una prioridad nacional, ellos merecen un salario digno. O es que sí hay dobles mensajes?