Santa Catarina: legado de fraccionadores, botín de caciques

Alonso Urrutia Enclavada en su mayor parte en la delegación Iztapalapa, la sierra de Santa Catarina concentra en las faldas de sus cerros ``ecológicamente protegidos'' la marginación social. Entre cacicazgos urbanos, ilegalidad y pobreza extrema, 350 mil habitantes coexisten con un millonario proyecto de restauración ecológica, en el cual son escasos los beneficios directos.

Las cifras de la marginación son elocuentes: 80 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud; el nivel de ingreso familiar apenas supera los mil pesos mensuales; la alimentación en la zona está en los límites de la subsistencia y el reconocimiento jurídico de sus asentamientos apenas comenzó hace un par de años.

Florentino Castro, ex delegado en Iztapalapa y actual diputado priísta por el distrito más grande de país, sostiene: ``La sierra es la zona más pobre de Iztapalapa. Es la síntesis del crecimiento oficialmente negado por muchos años. Eran los tiempos de cuando el gobierno daba la espalda a la realidad del crecimiento urbano por la vía irregular, que era el único medio al alcance de los sectores populares. La única forma de interlocución era el desalojo. Eran asentamientos que no existían porque eran invasores, y entonces había que negarles agua, salud, servicios''.

Sin embargo, el caótico crecimiento de la sierra persiste, ligada a la devastación que hacen de las minas de arena. David Cervantes, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal denuncia:

``La explotación de las minas está ligada a la creación irregular de nuevos asentamientos. Concluida la devastación de los cerros, procede el relleno con basura o con cascajo para prepararlo para su urbanización ilegal por fraccionadores clandestinos, quienes tanto en la zona de minas como en algunas otras partes de la sierra ya no sólo venden el predio, sino también el amparo para evitar el desalojo''.

Se vendieron hasta las calles

Rodeando veredas, camino a los cerros ``ecológicamente protegidos'', asoman la marginación y el lucro con la pobreza. Es la herencia de los que se han enriquecido con la caótica ocupación que por años se ha dado en la sierra: fraccionadores, quienes al paso del tiempo han conformado cacicazgos urbanos ligados principalmente al PRI, pero también al PRD, el PT y el PFCRN.

En los límites con la sierra, decenas de miserables viviendas que conforman el predio Potrero, tienen un denominador común: su existencia se da bajo el amparo de la Confederación Nacional Campesina. Las siglas del corporativo priísta se anuncia por doquier en previsión de cualquier desalojo.

``Es uno de los asentamientos más pobres entre los pobres'', enfatiza la consejera ciudadana Elvira Martínez, quien arremete contra los fraccionadores clandestinos que se amparan en los partidos políticos para sobrevivir a los intentos de desalojo.

Ruth Martínez, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), denuncia que las zonas aledañas a la zona de reserva ecológica resienten fuertes presiones de los fraccionadores que continúan con la venta de predios, aun dentro de la zona presumiblemente restringida por motivos ecológicos.

Las cotizaciones de los predios varían de acuerdo con la cercanía de la zona urbanizada y con servicios: van de 5 mil pesos, los más inmersos en la reserva ecológica, a 25 mil, que son aquellos lotes cercanos al área urbanizada. ``Las presiones se dan aun cuando oficialmente se decretó la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Controlado como fórmula para detener la urbanización, como es el caso de Lomas de la Estancia''.

En ese asentamiento, dice, la población no quiere más invasiones y lleva años en lucha con los fraccionadores clandestinos. El saldo: amenazas y agresiones físicas en su contra como dirigente de la UPREZ en la zona.

Figura central en la sierra es Teófilo Aguilar, quien además de ser propietario de minas, ``es el terrateniente del lugar. ''Media sierra era de él``, señala Clara Brugada, consejera ciudadana. Por invasiones o por ventas, gran parte de sus tierras son ahora asentamientos populares, pero aun así Teófilo Aguilar es un importante propietario de terrenos. Incluso recientemente le ganó un amparo al DDF por un terreno en litigio.

Brugada sostiene que la tolerancia gubernamental a los fraccionadores clandestinos permitió que ``hasta las calles se vendieran en San Miguel Teotongo y en otros asentamientos de la sierra''.

La fiebre de venta de los cerros llevó incluso a que no existiera en los fraccionamientos irregulares ni siquiera espacio para la traza de calles, situación que luego debieron corregir quienes compraron en la zona para poderse abrir accesos e imponer un orden elemental a los asentamientos.

La marginación en cifras

El estudio La sierra de Santa Catarina. Radiografía del oriente de la ciudad elaborado por el Equipo Pueblo organización no gubernamental de investigación y asistencia señala que la zona ha sido receptora de los desplazamientos urbanos provenientes del centro de la ciudad y particularmente de migrantes de provincia, que conforman el 74 por ciento de esa población. Los datos de la sobrepoblación se sintetizan en una cifra: 85 por ciento de los predios son familias hacinadas.

El impacto de la marginación social se expresa en la escolaridad y el acceso a la salud. En el primer caso, hay 30 por ciento de analfabetismo, mientras que en materia de salud solo 18 por ciento de la población tiene Seguro Social.

En el ámbito económico, 42 por ciento de la población tiene empleo permanente; 37 es eventual y 21 por ciento se sostiene de manera independiente.

La marginalidad en la sierra, reconoce Florentino Castro, es producto de las formas de urbanización que se registraron. La ilegalidad en que se vivía impidió la introducción de servicios. Ello fue conjuntando una serie de movimientos sociales de carácter diverso y formas organizativas que se centraron en la demanda de regularización de servicios. ``Se dio una guerra entre lo rural y lo urbano, y éste último terminó por imponerse''.

La regularización, señala el subdelegado en la sierra de Santa Catarina, Juan Jacobo Ramírez, avanza y se encuentra ya en niveles superiores al 80 por ciento, pero los servicios no avanzan al mismo ritmo.

En ese marco, el reclamo por el agua es un demanda central, reconoce el funcionario. No hay agua en la sierra.

Paradójicamente, en una región donde el Banco Interamericano de Desarrollo realiza una inversión millonaria en dólares para que la restauración ecológica favorezca la recarga de mantos acuíferos.

La infraestructura se introduce pero el agua no llega. Problemas técnicos y la insuficiencia en la dotación obliga a racionar el líquido; llega sólo una o dos veces por semana.

Ese es hasta ahora el saldo para la población. El proyecto de restauración del BID no asegura la regularidad en la dotación del agua, pues contrariamente a las propuestas del Frente de Defensa de la sierra de Santa Catarina, que piden una renovación integral que involucre el mejoramiento de la calidad de vida, el proyecto se limita a lo ecológico. Lo social es responsabilidad del gobierno de la ciudad.