En un comunicado insólito por su franqueza y transparencia, la Presidencia informó ayer de la destitución de David Garay Maldonado, quien desde el primero de diciembre de 1994 encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El documento oficial señala que el jefe del Ejecutivo pidió la renuncia a Garay Maldonado en virtud de que, durante los enfrentamientos entre maestros y policías que tuvieron lugar el pasado día 23, los agentes del orden respondieron a las provocaciones con violencia y no fueron capaces de ``recurrir a procedimientos que evitasen un enfrentamiento con su deplorable secuela de personas lesionadas''.

Esta decisión del presidente Zedillo, debe verse como una acción ejemplar y preventiva y un signo inequívoco de su determinación de evitar que autoridades y servidores públicos participen de cualquier forma en actos de violencia injustificada. El jefe del Ejecutivo demuestra, de esta forma, que está consciente de los riesgos que implican las actitudes represivas. En efecto, en el actual contexto de tensiones políticas, económicas y sociales que experimenta el país, cualquier extralimitación de las fuerzas del orden en confrontaciones con la población civil puede convertirse en un episodio cruento y trágico. Basta recordar, en este sentido, los casos de Aguas Blancas, Guerrero, así como, en menor medida, los sucesos del 10 de abril pasado en Morelos.

Además, en el México de 1996, excesos como los mencionados dan lugar a graves secuelas políticas, en la medida en que la sociedad mexicana actual no está dispuesta a permitirlos.

Otro factor coyuntural en la remoción de Garay Maldonado es el comprensible malestar que las escenas de la represión policial contra los maestros deben haber causado en la Presidencia, en momentos en que Zedillo se manifestaba, en Chiapas, precisamente en contra de la violencia y a favor de la conciliación.

En una perspectiva más amplia, es claro que el desempeño de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los capitalinos --entre ellas la que encabezaba hasta ayer Garay Maldonado-- deja mucho que desear: en la capital de la república, en lo que va de esta década --y, específicamente, durante la gestión de Garay Maldonado-- la criminalidad, la violencia y la inseguridad se han incrementado en forma sostenida y exasperante para la población. Y aunque evidentemente la responsabilidad ante tal fenómeno no puede atribuirse únicamente al jefe de la policía capitalina, también es cierto que ésta había sido desbordada por las acciones criminales. En esta perspectiva, la remoción del hasta ayer secretario de Seguridad Pública es, también, una respuesta a un clamor popular inocultable en demanda de corporaciones policiales eficientes, honestas y confiables.

La falta de lluvias, las altas temperaturas y la alarmante escasez de agua en la mayor parte del norte del país, han causado ya una catástrofe agrícola, ganadera, económica y humana de grandes proporciones. Los rigores de la naturaleza se han abatido sobre agroindustrias, pequeños propietarios, comerciantes, comunidades, ciudades enteras, y han golpeado con mayor dureza, como suele suceder, a quienes menos tienen.

A los muertos por la ola de calor, a los atormentados por la sed, han de sumarse las cuantiosas mermas del hato ganadero, así como las incontables cosechas perdidas. Todo ello implica una reducción brusca del nivel y la calidad de vida de grandes núcleos de población que de suyo permanecían en niveles de mera subsistencia.

Es urgente y necesario que el país cobre conciencia de esta grave tragedia que puede compararse, por sus consecuencias y su destructividad, con el sismo de 1985 y que el tejido social de la nación responda ante ella con generosidad y solidaridad, como lo ha hecho en otras ocasiones críticas. México está en la obligación de acudir en auxilio de sus ciudadanos afectados por estas severísimas condiciones climáticas.

En un sentido más general, debe quedar claro el fenómeno inexorable de la falta de agua, no sólo en México, sino en el mundo entero. Se ha señalado en numerosas ocasiones que las disputas por los recursos hídricos darán lugar a las guerras del siglo XXI, que la escasez de agua provocará la ruina de regiones enteras del planeta y que las fuentes del líquido no podrán abastecer a los cada vez más grandes conglomerados humanos.

En esta perspectiva, la situación de este año en México debe ser considerada como un foco rojo que remite a la necesidad de que el país avance a una política ecológica, hidrológica y de desarrollo más congruente e integrada, con visión de futuro.

A pesar de los nefastos saldos de la sequía presente, México aún está a tiempo de diseñar y aplicar una estrategia racional del uso de sus recursos hídricos, de rescate y limpieza de ríos, lagos y mantos freáticos, de educación ecológica y de emprender una planificación agrícola y urbana que aproveche el agua sin agotarla.