Demanda el PRD a Lozano por no intervenir en el caso Aguas Blancas

Juan Manuel Venegas y Ciro Pérez Silva El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Revolución Democrática, Samuel del Villar, en representación de los deudos de las víctimas de Aguas Blancas, interpuso una demanda de amparo contra los actos del procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, por negarse a investigar el caso, violando la Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales y la propia Ley Orgánica de la institución que representa.

Según la demanda, que atendió la juez federal Rosa Elena Rivera Barbosa, el procurador ``violentó'' las garantías constitucionales contra la impunidad, porque se abstuvo de investigar los presuntos delitos cometidos en Guerrero contra las garantías de la población tipificados en el artículo 364 del Código Penal Federal y el uso indebido de armas reservadas al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana con las que fueron dotados los policías que atacaron a los campesinos en el vado de Aguas Blancas.

Asimismo, se sostiene en el recurso de amparo que Lozano Gracia violó los principios de garantías de igualdad ante la ley, las garantías constitucionales por daños y perjuicios y la garantía de legalidad ``al pasar por encima'' de la Constitución, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la PGR.

Del Villar afirmó que desde un principio Lozano Gracia atendió este caso ``de manera arbitraria y caprichosa''. Recordó que ``desde el año pasado, cuando el PRD pidió que la PGR ejerciera su facultad de atracción, el procurador dijo que la institución estaba imposibilitada para hacerlo; es decir, calificó a priori los delitos cometidos''.

Ahora, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que en la matanza de 17 campesinos ocurrida el 28 de junio de 1995 se cometieron ``graves violaciones a las garantías individuales de los gobernados'', Lozano Gracia, sin ``explicar debidamente en qué fundamentó su decisión, determina que no hay delitos federales qué perseguir''.

Lozano Gracia, insistió el abogado perredista, ``asegura que analizó detenidamente el informe de la Corte; sin embargo, parece que no hizo caso del señalamiento de que en Guerrero se violaron las garantías constitucionales de un grupo de campesinos por lo que, al negarse a investigar los hechos, violó la garantía que establece el artículo 21 de la Constitución Política en relación con lo establecido en la fracción segunda del Código Penal Federal''.

Otra ``evidencia de los caprichos'' del procurador es el hecho de que se haya abierto una averiguación previa (la 5897/DO/95) ``sin que se ordenaran las indagatorias que correspondían a la denuncia que presentamos desde el año pasado''.

El recurso perredista que ampara a los deudos de las víctimas de Aguas Blancas contra los actos del procurador será analizado por la juez Rivera Barbosa, titular del juzgado quinto de Distrito en Materia Administrativa, y en los próximos tres días dictaminará si procede o no la demanda.