Derechos constitucionales, al contentillo presidencial
El nuevo jefe policiaco fue quien ordenó la represión

A veces recurrir al refranero popular es útil para explicar en pocas palabras los acontecimientos políticos. Este es el caso de David Garay Maldonado, ex secretario de Seguridad Pública, cuya destitución ilustra de manera inmejorable el dicho: ``La cuerda se revienta por lo más delgado'', o el otro que reza: ``Al perro más flaco se le cargan las pulgas''.

Alguien tenía que pagar los platos rotos el desprestigio gubernamental y la imagen de represores de los gobiernos capitalino y federal luego de la brutalidad mostrada el jueves 23, cuando la policía se lanzó contra maestros disidentes que, en apego a sus derechos constitucionales, demandaban en las calles un aumento salarial y pretendían llegar a la residencia oficial de Los Pinos.

Reclamada mucho antes del enfrentamiento entre policías y maestros, por los altos índices de inseguridad capitalina y debido a las operaciones represivas que impulsó, la remoción de David Garay Maldonado es efectivamente una decisión ejemplar, venida desde lo más alto del poder presidencial. Es decir, fue una acción como la del padre que castiga a uno de sus hijos cuando las acciones de éste dejan insatisfecho al jefe de familia.Véase el segundo párrafo del comunicado leído por Carlos Almada para explicar la destitución: ``Si bien en dicha explicación (la de Garay) quedó claro que un grupo de los participantes en la citada marcha fue el que primero incurrió en actos de violencia al agredir a algunos policías, de ningún modo satisfizo al Presidente, el que a esos actos se respondiera violentamente en vez de haber recurrido a otros procedimientos''. No es al contentillo presidencial como deben hacerse respetar las garantías constitucionales de los ciudadanos. Ciertamente, un grupo de marchistas rompió el cerco de granaderos, pero ello fue resultado de que se impidió a los maestros ejercer su derecho a la libre manifestación, expresión de sus ideas y tránsito. David Garay Maldonado se fue, no por su capacidad de convencer o no al Ejecutivo federal, sino porque los policías a sus órdenes, que fueron los únicos provocadores del enfrentamiento, violaron las garantías individuales de un grupo de mexicanos.

Sin embargo, la responsabilidad no es sólo del ex secretario de Seguridad Pública. Según el inciso C de la fracción 2 del artículo 122 constitucional, corresponde al Presidente de la República ``el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo. El Ejecutivo federal podrá delegar en el jefe del Distrito Federal las funciones de dirección en materia de seguridad pública''. La responsabilidad es también del regente Oscar Espinosa Villarreal y del propio Ernesto Zedillo.

Una perla, sólo para ilustrar que la destitución obedeció, más que a una violación constitucional, al contentillo presidencial: el Ejecutivo federal nombró sustituto de Garay Maldonado a Rafael Avilés, hasta ayer director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Rafael Avilés fue nada menos que el responsable de la operación del jueves 23. Fue quien dio la instrucción directa de que se violaran las garantías constitucionales de los maestros. No tiene responsabilidad alguna? Pero lo verdaderamente importante del asunto no es buscar quién pague los platos rotos. El problema de fondo, el origen de la protesta, la insuficiencia salarial de los maestros, sigue ahí y no es previsible que se produzcan cambios en el corto plazo. Los maestros podrán continuar con sus marchas y sus protestas, y habrá cambiado el jefe de la policía, pero el problema central no es visto ni escuchado.

En el fondo, la reacción presidencial en ausencia de Oscar Espinosa Villareal era urgente. La paliza al magisterio disidente, como punto culminante de una serie de actos violentos contra ciudadanos (9 de febrero de 1995, Aguas Blancas y Morelos) mostró el carácter represivo del gobierno. Esa imagen, captada en videos y fotografías, recorrió el mundo. Precisamente porque se quiere terminar con esa imagen se recurrió al sacrificio de Garay Maldonado; es decir, la cuerda se rompió por lo más delgado.

Pero en el fondo, si se hace un poco de memoria, es lo más común ver a la policía cercar a una extensa área de la residencia oficial de Los Pinos, cuando manifestantes pretenden aproximarse a la casa presidencial. Es cotidiano que la policía impida el acceso de manifestantes a la Cámara de Diputados. En no pocas ocasiones los propios legisladores han pedido que se despliegue la fuerza pública del recinto parlamentario. Por si fuera poco, en el primer informe presidencial de Ernesto Zedillo todo el Centro Histórico estuvo cerrado a los ciudadanos. No son éstas violaciones constitucionales?

En el camino

Dicen por ahí que si se tarda, Oscar Espinosa podrá disponer de unas largas vacaciones. Será?