Diputados: la acción policiaca en Tlaltizapán violó garantías

Oscar Camacho y Elena Gallegos Fueron violatorias de las garantías individuales y rebasaron el carácter de un operativo rutinario las acciones de la Policía Preventiva para impedir el libre tránsito de ciudadanos tepoztecos en el municipio de Tlaltizapán, el pasado 10 de abril, por lo que es indispensable determinar qué funcionario de Morelos ordenó implementarlo, a fin de que se le finquen responsabilidades administrativas, penales y legales.

Tales son las conclusiones a que llegó la investigación realizada por la Comisión Plural de la Cámara de Diputados con el aval de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo, en las que además se recomienda al gobierno morelense ``formalizar'' la cancelación del proyecto del club de golf El Tepozteco, al tiempo en que se exhorta a las partes en conflicto a buscar mecanismos y propiciar actitudes para la solución del problema en esa localidad.

El dictamen fue dado a conocer ayer en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro por los diputados Samuel Palma, del PRI; Ana Lilia Cepeda y Graco Ramírez, del PRD, y Antonio Tallabs, del PAN, y este miércoles será presentado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la comisión, el operativo que la Policía Preventiva de Morelos llevó a cabo el 10 de abril en San Rafael, municipio de Tlaltizapán, se efectuó bajo las siguientes condiciones: a) por el número excesivo de agentes que participaron; b) por la presencia física del director general de la Policía Preventiva, capitán Juan Manuel Ariño Sánchez; c) por la existencia y el uso de armas de fuego de dicho cuerpo de policía.

Asimismo, se indica que a juicio de la comisión el operativo ``rebasa el carácter de un operativo rutinario, tal como se establece en los manuales de operación del Consejo Estatal de Seguridad Pública''.

Más adelante el comunicado indica que ``las acciones realizadas por la Policía Preventiva, para impedir el libre tránsito en Tepoztlán, fueron desproporcionadas en contra de ciudadanos que no portaban armas de fuego, siendo evidente la violación de garantias individuales''.

La comisión recomienda que ``para esclarecer los hechos ocurridos es indispensable que se determine la instancia superior responsable que instruyó la implementación del operativo del 10 de abril, para fincar responsabilidades y en su caso aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con la ley''.

Adicionalmente, en el texto se subraya que ``las autoridades de la Procuraduría General del Estado, representada en la persona de Adela Manzanares, directora de Averiguaciones Previas, no ejerció sus responsabilidades por el impedimento de la Policía Preventiva que obstruyó durante dos horas la intervención del ministerio público''.Aunado a lo anterior, se indica que ``el análisis de los documentos que se proporcionaron a esta comisión por la Procuraduría General de Justicia del Estado, presentan líneas de investigación que se contradicen y alguna de las veces las consignaciones no cuentan con el sustento jurídico suficiente que permita precisar la responsabilidad de los acusados en el esclarecimiento de los hechos''.

En ese sentido es que recomiendan que para el ``pleno esclarecimiento de lo ocurrido se investigue quién o quiénes ordenaron obstruir la labor oportuna del ministerio público y el retiro de evidencias del lugar de los hechos''.

Finalmente, la Comisión Plural sugiere poner en marcha acciones para contribuir a la distensión y a la reconciliación.

En primer lugar, exhorta al gobierno del estado de Morelos y al movimiento de Tepoztlán a buscar mecanismos, propiciar actitudes que permitan el diálogo y la solución inmediata del conflicto.

Como segundo aspecto, se pronuncian por ``formalizar la cancelación definitiva del proyecto del club de golf El Tepozteco, para generar un clima de confianza en la comunidad política que permita reanudar el diálogo y dar pasos para la solución política y social que dio origen al problema.

Por último, demandan el restablecimiento del orden jurídico para que se constituya la autoridad municipal conforme a lo establecido en la Constitución Política del estado de Morelos.