Interpondremos todas las medidas para contrarrestar a la Helms-Burton: SRE y Secofi

David Aponte y Patricia Muñoz El gobierno de México informó a Washington que tomará todas las medidas legislativas internas, las que contiene el Tratado de Libre Comercio (TLC) y las que procedan a nivel regional y en los foros multilaterales, para contarrestar los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton, dieron a conocer anoche las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio.

Adicionalmente, confirmaron que el Departamento de Estado estadunidense enviará a partir de este miércoles cartas a empresas de todo el mundo que tienen relaciones comerciales con Cuba, entre las cuales podrían encontrarse firmas mexicanas, aunque esto no significa la aplicación de alguna sanción.

En un documento interno, la cancillería opinó que el flujo de información sobre operaciones comerciales de compañías nacionales "podría ocasionar tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México". Por otra parte, las empresas mexicanas que celebran transacciones con Cuba se verían afectadas si la información mencionada se difunde antes de cerrar la transacción, expuso.

La dependencia informó que ayer tuvo lugar una segunda ronda de consultas informales entre México, Canadá y Estados Unidos sobre la aplicación de la Ley de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana. Las pláticas se realizaron en Washington en el contexto del TLC.

Durante la reunión, la delegación de Washington comunicó a las representaciones mexicana y canadiense que enviará "cartas de advertencia a algunas empresas que podrían estar sujetas a la aplicación de esta ley", y dijo que la legislación tendrá una aplicación total en tiempo y forma.

El gobierno de México precisó que los procedimientos judiciales contra las compañías de su país que tienen vínculos con La Habana sólo podrán comenzar en noviembre en tribunales de Estados Unidos.

En respuesta a las acciones del gobierno estadunidense, las delegaciones de México y Canadá insistieron en que la legislación es violatoria del Derecho Internacional y ambos harían uso de las instancias legales del TLC para garantizar el respeto a los derechos de sus nacionales.

Víctor Cardoso Estados Unidos no tiene derecho de aplicar leyes extraterritoriales y mucho menos racistas y violatorias del derecho internacional, afirmó el representante de la empresa DSC, Rafael Paredes, que opera un hotel en el balneario de Varadero en Cuba y mantiene operaciones inmobiliarias en territorio estadunidense.

Entrevistado sobre las amenazas en la aplicación de sanciones que prevé la ley Helms-Burton para empresas con inversiones o que comercian con Cuba, Paredes sostuvo que hasta el momento no han sido notificados oficialmente por el gobierno de Estados Unidos sobre esos presuntos castigos. Pero en todo caso, dijo que no piensan abandonar la operación del hotel Tuxpan en Varadero.

DSC, que desde 1995 controla la inmobiliaria International Realting Group, con operaciones en todo el territorio estadunidense, ha sido señalada como una de las empresas que junto con la cementera Cemex, los grupos Alfa y Domos, entre otras, podrían ser sancionadas por realizar actividades comerciales en Cuba.

Informó que ya cuentan con un grupo de abogados especialistas en Derecho Internacional para establecer una estrategia de defensa de sus intereses en la isla caribeña, pues representa una importante fuente de ingresos, ya que su ocupación anual oscila entre 80 y 90 por ciento.

"Hemos seguido muy de cerca la evolución de la ley Helms-Burton porque podría tener repercusiones significativas en nuestras operaciones, tanto en la isla como en los negocios inmobiliarios que desarrollamos en Estados Unidos con socios de ese país", mencionó el vocero de DSC.

Señaló que hasta el momento mantienen una estrecha comunicación con los organismos camarales de industria y comercio y apoyan la posición de rechazo al ordenamiento estadunidense. Sin embargo, a pregunta expresa sobre una coordinación con autoridades diplomáticas o de la Secretaría de Comercio, mencionó que no se ha realizado ningún tipo de encuentros para analizar la situación.

Comentó que la ley Helms-Burton es violatoria del Derecho Internacional por la extraterritorialidad de su aplicación y es discriminatoria, porque incluso a Irak, país con el que se sostuvo una guerra, se aceptó levantarle parcialmente el embargo comercial.

Debido a las operaciones comerciales de DSC, tanto en Cuba como en Estados Unidos, se le ha señalado como posible blanco de las sanciones de la Ley de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana de 1996 (ley Helms-Burton).

Fuentes diplomáticas consideran la posibilidad de que las 27 empresas mencionadas por sus relaciones comerciales con Cuba se vean obligadas a contestar demandas en su contra, que buscan indemnizaciones por bienes supuestamente confiscados. Incluso, grupos anticastristas podrían apoyar económicamente a los actores de esas demandas.

Las empresas identificadas tendrían que pagar altas sumas de dinero por honorarios de abogados sobre todo si, como en el caso de DSC, tienen propiedades muebles, inmuebles y activos en Estados Unidos, por el riesgo de se embargados.