En un comunicado insólito por su franqueza y transparencia, la Presidencia informó ayer de la destitución de David Garay Maldonado, quien desde el primero de diciembre de 1994 encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El documento oficial señala que el jefe del Ejecutivo pidió la renuncia a Garay Maldonado en virtud de que, durante los enfrentamientos entre maestros y policías que tuvieron lugar el pasado día 23, los agentes del orden respondieron a las provocaciones con violencia y no fueron capaces de ``recurrir a procedimientos que evitasen un enfrentamiento con su deplorable secuela de personas lesionadas''.

Esta decisión del presidente Zedillo, debe verse como una acción ejemplar y preventiva y un signo inequívoco de su determinación de evitar que autoridades y servidores públicos participen de cualquier forma en actos de violencia injustificada. El jefe del Ejecutivo demuestra, de esta forma, que está consciente de los riesgos que implican las actitudes represivas. En efecto, en el actual contexto de tensiones políticas, económicas y sociales que experimenta el país, cualquier extralimitación de las fuerzas del orden en confrontaciones con la población civil puede convertirse en un episodio cruento y trágico. Basta recordar, en este sentido, los casos de Aguas Blancas, Guerrero, así como, en menor medida, los sucesos del 10 de abril pasado en Morelos.

Además, en el México de 1996, excesos como los mencionados dan lugar a graves secuelas políticas, en la medida en que la sociedad mexicana actual no está dispuesta a permitirlos.

Otro factor coyuntural en la remoción de Garay Maldonado es el comprensible malestar que las escenas de la represión policial contra los maestros deben haber causado en la Presidencia, en momentos en que Zedillo se manifestaba, en Chiapas, precisamente en contra de la violencia y a favor de la conciliación.

En una perspectiva más amplia, es claro que el desempeño de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los capitalinos --entre ellas la que encabezaba hasta ayer Garay Maldonado-- deja mucho que desear: en la capital de la república, en lo que va de esta década --y, específicamente, durante la gestión de Garay Maldonado-- la criminalidad, la violencia y la inseguridad se han incrementado en forma sostenida y exasperante para la población. Y aunque evidentemente la responsabilidad ante tal fenómeno no puede atribuirse únicamente al jefe de la policía capitalina, también es cierto que ésta había sido desbordada por las acciones criminales. En esta perspectiva, la remoción del hasta ayer secretario de Seguridad Pública es, también, una respuesta a un clamor popular inocultable en demanda de corporaciones policiales eficientes, honestas y confiables.