En la operación, el ex titular de la SSP no se mandó solo: Altamirano

Víctor Ballinas y Alonso Urrutia Por la mañana, el gabinete en pleno del gobierno capitalino llegó a la sede de la regencia. Ausente Oscar Espinosa Villarreal, el secretario general de Gobierno, Jesús Salazar Toledano encabezaba una reunión que derivó en un virtual respaldo al secretario de Seguridad Pública, David Garay, ante las críticas periodísticas por su actuación ante la protesta magisterial. .

Horas mas tarde, Garay recibió la noticia: el presidente de la República le solicitó su renuncia.

Por la tarde, tras el cese del jefe de la policía, se convocó a una nueva reunión. Incómodos, los secretarios generales que por la mañana respaldaron a Garay, acudieron al acto de su relevo. Sorprendidos, atestiguaron la toma de posesión de Rafael Avilés Avilés, como encargado del despacho, en ceremonia privada.

Poco después Avilés y Garay conversaron en el despacho principal de la Secretaría de Gobierno con Salazar Toledano. Los tres platicaron durante 20 minutos. Al término del encuentro, Garay abandonó el edificio por un elevador privado y con el gesto adusto. Avilés, quien coordinara el operativo policiaco el día del enfrentamiento con los maestros, permaneció casi dos horas y al salir declinó contestar preguntas. Iba sonriente.

En la agenda de la reunión matutina de los secretarios generales del gobierno capitalino con Salazar Toledano, estaba la calendarización de entrega de obras a partir de junio, sobre todo de programas habitacionales.

Era una junta ``de rutina'' en la cual colateralmente salieron las críticas a la Coordinación General de Comunicación Social del DDF, por el silencio guardado ante los cuestionamientos periodísticos sobre la figura de Garay Maldonado, a causa del enfrentamiento del jueves pasado con el magisterio.

Hubo quejas por la ``falta de respaldo'' de Comunicación Social. Se dijo que ``nunca hubo respuesta oficial'' a las duras críticas contra Garay, más allá de la versión inicial de la existencia de ``provocadores''.

Reacciones

La salida de David Garay de la Secretaría de Seguridad Pública, derivada de los hechos violentos durante la manifestación magisterial, generó diversas opiniones. La mayoría respaldó la destitución, pero partidos opositores fueron más allá en la crítica.

Gonzalo Altamirano Dimas, dirigente capitalino del Partido Acción Nacional, sostuvo que Garay fue sólo un ``chivo expiatorio pero él no se manda solo, recibe órdenes del regente o el Presidente'', por lo que pidió que se esclarezca quién ordenó la represión al movimiento magisterial.

De su lado, el perredista Pedro Peñaloza, tras destacar la importancia de ``cesar a quien ejerce la represión'', dijo que la acción no puede quedar ahí. ``Es ingenuo pensar que una represión realizada en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, no fuera del conocimiento de los funcionarios de esta dependencia''.

Tanto Altamirano como Peñaloza, coincidieron por separado en las ``contradicciones'' de la versión oficial. Pidieron que ``nos esclarezcan dónde quedó la versión de los provocadores''.

Altamirano sostuvo que ``existen otras contradicciones en la versión que da el DDF, el cual sostiene que tiene identificadas a las personas que iniciaron los hechos''.

El dirigente priísta en el Distrito Federal, Roberto Campa Cifrián, respaldó la determinación presidencial porque ``muestra la decisión del gobierno para privilegiar la búsqueda de acuerdos que permitan resolver los problemas de la ciudad. Esto es indispensable''.

La decisión que tomó el gobierno ``ahora compromete a todos los grupos políticos para buscar el camino del diálogo, respeto y tolerancia en la solución de los problemas que aún aquejan a la sociedad. El comunicado presidencial es muy claro, hubo exceso en el uso de la fuerza pública''.

Garay, de los más cercanos a Espinosa

David Garay Maldonado, uno de los hombres más cercanos a Espinosa Villarreal, con quien trabajó estrechamente en el PRI durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, tuvo una de las responsabilidades más críticas de la administración: la seguridad pública.

Cesado en el sexenio anterior de la Dirección de Reclusorios, como resultado de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Garay fue una figura polémica al frente de la Policía Preventiva.

La ciudad alcanzó un índice delictivo nunca antes registrado en la historia de la capital: mientras que en 1988 se cometían 488 delitos al día, en 1994 hubo 442, pero en 1996 este índice creció en 56 por ciento al ubicarse en 671 delitos cada 24 horas. Mientras tanto, aumentó la utilización del cuerpo de granaderos como ``grupo de control de manifestantes''.

Desde el principio la administración capitalina marcó su sello de gobierno: centenares de granaderos reprimieron a ciudadanos y periodistas, el mismo día de la toma de posesión de Ernesto Zedillo.

Militantes de todos los partidos, mujeres de clase media y alta, discapacitados, ambulantes, maestros, indígenas, sindicalistas, organizaciones urbanas, transportistas, invidentes, un cúmulo de sectores han experimentado la acción violenta del cuerpo de granaderos.

En agosto de 1995, en el contexto de las críticas derivadas de la represión a los ambulantes priístas, Garay respondía: ``Es una violencia legal la que se ha aplicado y se continuará en ello, con el fin de hacer respetar la ley''.

Agregó: ``Los elementos necesarios de esta dependencia participarán en dichos operativos el tiempo que sea necesario, porque el uso de la fuerza es lo que diferencia al Estado de derecho de aquellos sistemas donde prevalecen los convencionalismos sociales o normas morales que se cumplen por actos de fe''.

Paradójicamente fueron los excesos de esa violencia necesaria de la que hablaba Garay, lo que motivó su cese.