La Jornada 29 de mayo de 1996

Comenzó en Colombia el juicio a Ernesto Samper

Dpa, Ap, Afp, Efe, Ips y Ansa, Santafé de Bogotá, 28 de mayo La Cámara de Diputados de Colombia inició hoy los debates para determinar si el presidente Ernesto Samper debe ser acusado o no ante el Senado, por presunto ingreso de dineros del narcotráfico en la campaña electoral que lo llevó al poder en 1994.

Al mismo tiempo, un clima de tensión e incertidumbre parecía apoderarse de los colombianos, con amenazas del grupo clandestino Dignidad por Colombia, contra los legisladores que voten por la absolución del gobernante y de asesinar al rehén Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria.

En tanto que Estados Unidos negó que esté conspirando contra Samper o interviniendo en los asuntos internos colombianos, los empresarios del valle del Cauca pidieron una salida ``decorosa'' del presidente. A su vez, la Iglesia católica pidió un juicio ``justo e imparcial'', y el arzobispo Darío Castrillón advirtió sobre ``insurrecciones imprevisibles'' de darse una absolución ``injustificada'' del mandatario.

Este primer debate, que se prolongó durante cinco horas y fue transmitido en directo por radio y televisión, se dedicó ante todo a establecer los procedimientos que se seguirán a lo largo de las sesiones que efectuarán los diputados y cuyo plazo será de 15 días para concluir con un dictamen, ya sea a favor o en contra del mandatario.

La Cámara baja está integrada por 165 diputados, y en la primera sesión estuvieron presentes 134 de ellos. Del total, 95 son del gobernante Partido Liberal (PL), 58 del opositor Partido Conservador (PC) y el resto de las minorías. Serán, pues, estos diputados los jueces del cuarto mandatario colombiano que es llevado juicio por el Congreso.

El primer punto comprendió una discusión en torno a 15 diputados que dijeron estar impedidos de participar en el debate, conforme a alegatos de otros de sus colegas. Tras una larga controversia, se resolvió que sólo eran válidos los argumentos esgrimidos por tres legisladores para estar ausentes: Ana García, Janeth Suárez y Víctor Buitrago. La primera, por estar comprometida en el caso de los nexos con los mafiosos, y los otros dos por sus pronunciamientos de fondo contra Samper y haber prejuzgado el caso.

En seguida, la plenaria se enfrascó en recusaciones presentadas contra 23 diputados por colegas que, consideran, que por diversas razones tampoco deberían intervenir en el proceso. En este caso, las denuncias fueron mutuas entre liberales y conservadores, y al final se decidió que el caso quedara en manos de la Comisión de Etica de la misma Cámara, que en la sesión de este miércoles debe rendir un informe.

Otro de los puntos a discusión y a los que se llegó a un acuerdo, es que a partir de mañana se discutirá la metodología del debate, en relación a asuntos como la duración de las intervenciones, si puede intervenir el fiscal Alfonso Valdivieso --autor de la denuncia contra el presidente--, o el abogado del mandatario, Luis Guillermo Nieto, entre otros puntos.

El plenario de la Cámara tiene en sus manos dos recomendaciones de la Comisión de Acusación parlamentaria, una de las cuales aboga por absolver al mandatario y la otro por llevarlo a juicio. En caso de optar por el primer proyecto, el caso se archivaría y, en el segundo, el presidente perdería del todo su investidura y quedaría a las puertas de un nuevo proceso de tipo penal en la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal Valdivieso acusó el 19 de febrero a Samper de cuatro delitos en relación a la presunta infiltración de los dineros del cartel de Cali en su campaña electoral: enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad y encubrimiento. Y si bien amplios sectores opositores y sociales creen que Samper será exonerado, otros segmentos no están muy seguros al considerar que el mandatario podría ser enjuiciado.

Amenazas contra diputados

El grupo Dignidad por Colombia liberó al periodista Carlos Humberto Castillo, y lo hizo portador de un mensaje en el que amenaza con ``ajusticiar uno a uno'' a los diputados que voten por la absolución del presidente. Sin embargo, contradictoriamente, también pide se declare ``indigno'' al fiscal que es quien ha impulsado la acusación contra Samper.

En su mensaje que también dirige a César Gaviria, actual secretario general de la OEA, el grupo dice que liberará de inmediato a su hermano Juan Carlos Gaviria si Samper es enjuiciado. De lo contrario, amenaza con ejecutarlo. E igual, pide condenar al vicepresidente Humberto de la Calle,

Por su parte, el Departamento de Estado rechazó categóricamente las acusaciones del ministro del Interior colombiano, Horacio Serpa, de que Estados Unidos está interviniendo en los asuntos internos de Colombia y de que conspira contra el presidente Samper.

El portavoz del Departamento de Estado, Glynn Davis, dijo que era ``ridícula'' tal afirmación y que no era la primera vez que Serpa hacía tal señalamiento. Sostuvo que si bien Washington está preocupado por la influencia del dinero del narcotráfico en algunos países y tenía su propia opinión sobre Colombia, siempre ha dicho que la investigación en este caso sea transparente y apegada a la Constitución colombiana.

La Conferencia Episcopal colombiana, por conducto del arzobispo Pedro Rubiano, pidió un ``juicio justo e imparcial" y que se ''busque la verdad" en el proceso que se le sigue al presidente de la república. Apuntó que el país atraviesa por uno de sus momentos más críticos y difíciles ante la falta de credibilidad y por la corrupción imperante.

El arzobispo de Bucaramanga, Darío Castrillón, habló de que el país puede estar al borde de ``insurrecciones imprevisibles'' de no adoptarse una resolución correcta. No obstante, dijo no ser partidario ni de la absolución ni de la condena al gobernante , y pidió que se evite el triunfalismo para no alimentar "nuevas formas de guerras civiles".

En Cali, más de 2 mil empresarios del Valle del Cauca propusieron un acuerdo nacional que facilite la retirada ``decorosa'' del presidente Ernesto Samper. Anunciaron que impulsarán "una cruzada para el rescate moral e institucional de Colombia".