Las consecuencias que se desprenden de la ley Helms-Burton son insospechadas; no sólo porque se extienden más allá del territorio de Estados Unidos, sino porque afectan los intereses más diversos de ciudadanos de otras nacionalidades que participan en la economía cubana. Se trata de una medida de endurecimiento del bloqueo a Cuba, que ya cobró su primera víctima cuando el ex presidente Carlos Salinas tuvo que dejar la isla y buscar un refugio más distante en Irlanda, fuera del alcance de la legislación estadunidense.

Fue una medida previsora que tomó Salinas frente a las sanciones que Estados Unidos se propone imponer sobre cualquier persona que realiza actos de comercio con bienes que el gobierno cubano haya ``confiscado'' desde el triunfo de la Revolución. Formalmente denominada como la ``Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba'' (sic), esta medida contiene una serie de castigos y penas contra individuos y empresas que llevan a cabo negocios en Cuba que, al ser totalmente desproporcionadas, se escapan a cualquier lógica económica o jurídica del régimen mercantil capitalista.

Según el despacho de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton ­que asesora a la Secretaría de Hacienda, el monto de la responsabilidad incurrida por aquella persona o entidad que lleve a cabo actos de comercio con propiedad ``confiscada'' (sic) no ``tiene relación directa con los beneficios obtenidos'' de dicha actividad. La legislación le proporciona al ciudadano estadunidense que presente una demanda varias alternativas para ser ``compensado'': 1) la decisión de la Comisión de Resolución de Demandas Extranjeras, 2) la adjudicación por un actuario designado por los tribunales, o 3) la determinación del mercado de un precio justo, más intereses, costos del litigio e igualas de los abogados. El gobierno estadunidense impondrá, de las anteriores opciones, aquella que le otorgue al demandante la ``mayor compensación''.

En Washington se acaba de mostrar al público el machote de carta que el Departamento de Estado planea enviar a todas las compañías que ``venden, transfieran, distribuyen, proveen, tramiten, administren, compren, renten, reciban, posean, controlen o adquieran'' propiedades que hayan sido nacionalizadas o expropiadas desde el 1 de enero de 1959. Varias empresas mexicanas caen dentro de este supuesto y, por consecuencia, se encuentran desde ahora en un serio dilema comercial y jurídico. No importa, para fines de la legislación, que las inversiones en Cuba se remonten apenas a unos cuantos años atrás; en concreto, al momento en que el ex presidente Salinas abrió las puertas a los negocios en la isla y promovió, alrededor del mundo, el liberalismo comercial.

Paradójicamente, es el presidente Bill Clinton quien ha puesto en riesgo la globalización de la economía cuando cedió ante las fuerzas más proteccionistas y reaccionarias del país y firmó la ley Helms-Burton. En palabras de un alto funcionario del gobierno cubano: ``Estados Unidos chantajea así al mundo con el libre comercio''. Sin embargo, el rechazo a la medida se ha extendido por varios continentes. Esto se debe a que entre los afectados directamente por la ley se encuentran las empresas más grandes e importantes de varios países: en México, la lista incluye a Cemex, Domos, ICA, Protexa, Mexicana de Aviación y Vitro.

La influencia relativa de las compañías multinacionales sobre sus respectivos gobiernos ha facilitado la creación de un consenso contra la legislación anticubana. En México, ha hecho que los esfuerzos de la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Relaciones Exteriores converjan en defensa del sector privado. En anticipación a la aplicación de la ley Helms-Burton el canciller José Angel Gurría se ha movilizado con sorpresiva eficacia en varios frentes internacionales; su labor en este asunto contrasta, sin embargo, con la timidez con la que ha manejado la política exterior en todos aquellos temas en los que no existe un interés económico tan claro.

Aun así, las acciones de cabildeo internacional contra la legislación estadunidense se han llevado a cabo con cierta cautela. Ningún gobierno busca aparecer como el líder de la oposición y, menos aún, el mexicano que quiere retar al presidente Clinton. Sin embargo, en esta ocasión el conflicto es probablemente inevitable. Según el Congreso de Estados Unidos la ``Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba'' no contradice los postulados del Tratado de Libre Comercio (TLC), pero según los abogados de la Secretaría de Hacienda, esto no es cierto. De acuerdo a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, ``la ley puede ser inconsistente con el TLC (precisamente) porque crea responsabilidades e impone sanciones por llevar a cabo actos de comercio con propiedades confiscadas''. En este caso no será fácil encontrar salidas diplomáticas.