Condiciona España el nuevo Tratado de Extradición a la entrega de etarras
David Aponte y agencias El nuevo gobierno español condicionó la entrada en vigor del protocolo de reformas al Tratado de Extradición con nuestro país al eventual compromiso de las autoridades mexicanas de entregar a presuntos miembros de la organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) residentes aquí, informaron fuentes diplomáticas.
El gobierno de España pretende aplicar el nuevo instrumento jurídico con efectos retroactivos. De esa forma, solicitó también una interpretación legal del gobierno de México sobre la aplicación del tratado firmado el 23 de junio de 1995 en la cancillería mexicana, indicaron dichas fuentes.
En tanto, las autoridades migratorias de México expulsaron a la ciudadana española María Belem Larretxi López y a su hija de siete meses de edad, Jone Urueta Larretxi, quien había llegado la noche del martes en un vuelo comercial, bajo ``propia petición'' y por ``insolvencia económica''.
La mujer de origen vasco fue enviada a territorio nacional por las autoridades migratorias de Francia, que le invalidaron su pasaporte con perforaciones. A su llegada al aeropuerto del Distrito Federal, Larretxi dijo a los agentes de migración que había salido de México un par de días antes.
Sin embargo, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) no encontraron ninguna documentación que acreditara su salida hacia París. ``No tenemos ningún documento que presuma su estancia legal'' en territorio nacional, manifestó el delegado de la dependencia en el aeropuerto, Jorge Contreras.
De acuerdo con información del INM, Larretxi llegó a México a las 19:00 horas del martes en el vuelo 038 de Air France procedente de París y Madrid.
Antes de subir al avión de regreso, la ciudadana española llamó por teléfono a la redacción de La Jornada para dar aviso de su situación en el aeropuerto de la ciudad de México.
La expulsión coincidió con la visita que el procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, realiza por España, donde declaró que las reformas al Tratado de Extradición no tendrán efectos retroactivos. El supuesto de terrorismo podría aplicarse hasta su entrada en vigor el 5 de junio, expuso.
En forma extraoficial, el gobierno de España dio a conocer a su agencia de noticias Efe, que demorará sine die la entrada en vigor del protocolo de reformas al tratado, programada para el 5 de junio con el intercambio de las respectivas notas diplomáticas.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que en los términos que México entiende el la modifición del instrumento, la entrada en vigor ``sería contraproducente para los intereses de España'', debido a que los etarras que hubieran cometido atentados antes del 5 de junio no podrían ser extraditados. De ser así, ETA acabaría consagrando el actual santuario etarra en México, dijeron.
En la ciudad de México, fuentes diplomáticas comentaron que México no es ni será santuario de etarras y que el protocolo fue negociado y aprobado por los representantes de ambos países, el subprocurador Rafael Estrada Sámano y el entonces embajador español Juan Pablo de Laiglesia. En todo caso, las autoridades de ese país tendrían que dar a conocer su postura oficial. La de México es clara en cuanto a la no retroactividad de la ley como un principio jurídico, agregaron.
De visita por Caracas, el canciller José Angel Gurría descartó que existan diferencias con España en cuanto a la aplicación del Tratado de Extradición que entrará en vigor en los próximos días. ``No hay ningún problema en esa materia'', dijo. Agregó que ``no existe ninguna dificultad en el concepto ni en la sustancia del asunto, ni que los países hayan cambiado de opinión, independientemente del nuevo gobierno de España''.