En lo que va del año, 500 quejas por abusos de integrantes de Seguridad Pública, reporta el DDF

Víctor Ballinas La Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal (DDF) registró de enero al 24 de mayo un total de 500 quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública, por conducta indebida de sus miembros, por detención arbitraria de vehículos y por llevar a cabo la Operación Llavero, por medio de la cual fueron detenidas unas 900 personas a quienes se les puso a disposición de los juzgados cívicos.

El registro de quejas de la Procuraduría Social destaca que por medio de la Operación Llavero, la Secretaría de Seguridad Pública remitió a juzgados cívicos a ``cuidadores y lavacoches'', y se les cobró ``multas de 20 hasta 100 pesos a cada uno de ellos, o arresto de 36 horas en el caso de no poder pagar la multa'', se precisa.

De acuerdo con los informes de la Procuraduría Social, ésta ``se opuso a los operativos, y dio apoyo y asistencia jurídica a muchos de esos cuidadores y lavadores de coches''.

En los desgloses de las denuncias que recibió y registró la Procuraduría Social de enero al 24 de mayo contra la Secretaría de Seguridad, se establece que 422 quejas fueron motivadas por la detención ilegal de vehículos.

De las 422 denuncias recibidas, 365 ya están resueltas, y de éstas, 317 fueron falladas en su resolución a favor de los quejosos; 48 fueron con solución negativa para las pesonas que las presentaron, y aún están pendientes de tramitarse 57.

Asimismo, el informe de quejas en poder de la dependencia señala que posee 45 casos por coducta indebida, de las cuales 20 están resueltas; 14 fueron favorables a los quejosos y seis fueron negativas.

Se asegura en el mencionado control, que en 25 quejas aún están pendientes de fincar responsabilidades, porque conforme a la Ley Federal de Responsabilidad a Servidores Públicos, los recursos de responsiva se desahogarían ante la contraloría interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ante la cual fueron turnadas las inconformidades.

En el multicitado informe también se establece que en ese mismo periodo de enero al 24 de mayo fueron recibidas 72 quejas contra la Dirección General de Operaciones; 38 de ellas ya fueron resueltas y 34 están aún en trámite.

La Procuraduría Social precisa además, que del total de quejas, 60 por ciento son solicitudes de vecinos que demandan el incremento de vigilancia en los perímetros donde viven, y 40 por ciento son inconformidades por conductas indebidas de los servidores públicos.

Respecto a la Operación Llavero, en el informe de la Procuraduría Social destaca que en marzo recibió una queja de Acomodadores y Lavadores Independientes de Vehículos en la Vía Pública. En ella, lavadores y cuidacoches en la delegación Cuauhtémoc denuncian los siguientes hechos, suscitados los días 29 de febrero y 1 de marzo:``Fuimos objeto de un operativo de la delegación Cuauhtémoc donde se utilizaron para tal efecto patrullas de las demarcaciones Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez, así como motopatrulleros del Grupo Bengala comandados por el inspector Zermeño y el segundo oficial Enrique Martínez, mismos que viajaban en las patrullas numeros 03128 y 03070.

``Al llevarnos ante el juez calificador fuimos objeto de agresiones, insultos y encierros. Muchos de los detenidos fueron conserjes, jardineros y albañiles que en esos momentos se encontraban cerca de algunos de nosotros''.

Los lavadores y cuidadores de coches agregaron en su denuncia ante la Procuraduría Social: ``al llegar a la delegación Cuauhtémoc fuimos concentrados; el subdelegado José Alfredo Escobar habló con nosotros el jueves 29 de febreroy nos informó que esta acción no se repetiría; sin embargo, al día siguiente se volvió a llevar a cabo''.

El 8 de marzo el procurador Social, Alejandro Ordorica Saavedra, solicitó al secretario de Seguridad Pública informes al respecto, para poder informar y orientar a los afectados. Ese era el segundo escrito que dirigimos al titular de la SSP, precisó el funcionario.

Posteriormente, el 3 de mayo en otro escrito, el procurador social del DDF comunicó a David Garay que en los hechos denunciados por los lavacoches se presumió ``abuso de autoridad'', y que los comunicados enviados por la SSP a la Procuraduría Social ``no satisfacen plenamente la solicitud planteada de que informe en qué bases se fundó para llevar a cabo el operativo en el que participaron elementos de otras jurisdicciones, y que muestre quién o quiénes lo solicitaron''.