Maniobra Samper para integrar un gobierno de reconciliación

Reuter, Afp, Efe, Ap, Dpa y Ansa, Santafé de Bogotá, 29 de mayo El presidente colombiano, Ernesto Samper, inició contactos con diversos sectores políticos con objeto de formar un gobierno de ``unidad nacional y reconciliación'', previendo que el Congreso lo absuelva en el proceso que afronta por los dineros del narcotráfico en su campaña electoral.

Sin embargo, amplios sectores políticos y sociales reiteraron en las últimas horas su demanda de que el presidente renuncie, en momentos en que se efectuaba hoy el segundo día de debates en la Cámara de Diputados para determinar si el mandatario es inocente de los cargos que se le imputan o si se entabla juicio penal en su contra.

Los senadores por el opositor Partido Conservador (PC), Jaime Arias y Fabio Valencia, dijeron que Samper llamó a representantes de esa formación política para preguntarles si estarían en disposición de ingresar en la composición de un nuevo gabinete, siempre y cuando el fallo de la Cámara baja le sea favorable.

Pero Arias advirtió que de ninguna manera su agrupación intervendría en un gobierno de unidad como pretende el presidente, aun cuando éste resultara absuelto. De hecho, Arias pronosticó que Samper va salir absuelto por unos 120 votos a su favor, considerando los 90 de su bancada y un gran número de conservadores disidentes que lo apoyan.

El senador Valencia dijo que él fue uno de los conservadores llamados por Samper para consultarle, y que la respuesta de su representación fue en el sentido de que el PC lo que quiere es su renuncia, y de lo contrario seguirá siendo oposición. Lo mejor que puede hacer el presidente es renunciar, aun cuando fuera absuelto, dijo Valencia.

Cuando en febrero pasado la crisis se agravó por las denuncias del ex ministro de Defensa, Fernando Botero, acusando al presidente de estar inmiscuido en la recepción de dineros del narcotráfico, a lo que se sumó la acusación formal de la Fiscalía, el PC optó por retirarse del gobierno samperista y demanda desde entonces la salida del presidente.

Fuentes políticas estiman que Samper, pensando en que logrará salir a flote una vez más, trataría de reformular el gabinete llamando a colaborar a algunos sectores del conservadurismo, independientes y a diferentes vertientes de su Partido Liberal.

El senador Valencia insistió en que Samper deberá renunciar con todo y que sea absuelto, al considerar que la crisis política ha rebasado su caso personal. Estimó que de continuar al frente del gobierno, la situación del país se agravará y se correrá el riesgo de afrontar fuertes presiones de Estados Unidos, sin descartar sanciones económicas.

En tanto, frente al Congreso se concentran cientos de colombianos, que exhiben un elefante como símbolo de la crisis política y demandan un referéndum para revocar el mandato de Samper, y la Procuraduría General insiste en la inocencia del gobernante y pide a los congresistas que lo exoneren.

En el interior del recinto legislativo los diputados, en su segundo día de debates, siguieron sin embargo sin tocar el caso de la acusación contra el gobernante. Con asistencia de la mayoría de los 165 miembros de la Cámara, la sesión comenzó con una hora de retraso y se enredó nuevamente en los aspectos de procedimiento del debate mismo.

Tras la intervención acalorada de al menos una veintena de diputados, que se abocaron a discutir la conveniencia política y jurídica para que participe en las sesiones el abogado defensor del presidente, Luis Guillermo Nieto Roa, finalmente se aprobó que sí tendrá derecho a participar por una votación de 108 a favor y 35 en contra.

También participará un representante de la Procuraduría General, que debe cuidar la transparencia del proceso, aunque al mismo tiempo pide la absolución del jefe de Estado. Fernando Gómez, de la Procuraduría, calificó las acusaciones contra Samper de ``calumnias retorcidas'' y alimentadas por dardos ``envenenados'' de Estados Unidos.

En contrapartida, la Cámara baja no autorizó la intervención del fiscal Valdivieso, pese a que un sector de legisladores argumentaron que si podría participar el defensor del presidente, entonces tendría el mismo derecho de hacerlo el fiscal. Tras lograrse estos acuerdos, los legisladores opositores dejaron una constancia de que el procedimiento era ilegal.

En otros asuntos, mientras la guerrilla provocaba 17 muertos y unos 21 heridos en una ofensiva en varios puntos del país, el capo Miguel Rodríguez Orejuela admitió ante la justicia que entre 1982 y 1992 envió a territorio estadunidense más de una tonelada de cocaína, en su primera confesión del delito de narcotráfico.