Una vez más el PRI exonera a Rubén Figueroa, como antes exoneró a tantos otros violadores de la Constitución y leyes federales. La tesis es relativamente nueva (siempre hay una para tal efecto), pero nunca tan falsa y absurda: las garantías constitucionales tienen que ser violadas de manera sistemática por parte del gobernante denunciado para que se pueda abrir a éste un juicio en el Congreso.

Así, es necesario aplastar los derechos de los gobernados durante un año, quizá más, para que pueda hablarse de transgresiones sistemáticas. Tal vez esto tampoco sea suficiente y tendría que probarse que se usa un sistema de negación de garantías fundamentales, antes de llevar a juicio a un miembro de la clase política mexicana.

Garay Maldonado, quien no tenía el rango necesario para ser sometido a un juicio de carácter político, fue castigado por la vía administrativa. Pero esto fue posible porque el tal Garay no era integrante de la alta burocracia política mexicana, del grupo gobernante, sino un simple empleado.

Pero los gobernantes no pueden ser sometidos a juicio por violaciones a la Constitución, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya no se podría más haga un señalamiento preciso de que se violaron las garantías constitucionales de un grupo de ciudadanos mexicanos, quienes fueron detenidos ilegalmente y privados de la vida.

Qué tendría que hacer un gobernante para ser sometido a un procedimiento de enjuiciamiento político? La respuesta no la tiene nadie, debido a que la ley es letra muerta en esta materia.

Según la legislación vigente, abrir el procedimiento de juicio político depende de que se haga la denuncia, las acusaciones correspondan a la materia del asunto y se presenten elementos de prueba. No se requiere, antes del juicio, tener todas las pruebas de que el funcionario acusado haya violado la Constitución o las leyes federales. Sería absurdo que previamente tuviera que haber quedado esclarecida la responsabilidad del iniciado.

Pero, además, el juicio político tiene dos partes. La primera a cargo de la Cámara de Diputados es para resolver si se acusa o no al funcionario. La segunda si la hay, a cargo del Senado es para dictar sentencia. Así que para iniciar el procedimiento no hace falta más que la presentación de ``elementos de prueba''. En el caso de Figueroa Alcocer tales elementos existen de sobra. Ya se vería después si las violaciones de garantías efectivamente se produjeron como consecuencia de acciones u omisiones del procesado y si aquéllas fueron sistemáticas. Para eso son los juicios: para esclarecer la verdad jurídica pues, antes, ésta no existe todavía; lo que hay son indicios, presunciones.Ha sido el PRD quien presentó por segunda vez la denuncia contra el ex gobernador de Guerrero. Pero eso no hubiera sido necesario. El informe de la Suprema Corte, enviada al Congreso de la Unión, es suficiente para que los diputados encargados de estos asuntos inicien el juicio, si es que los elementos presentados por los ministros de la Corte tienen algún valor. Pero, lo tienen?Para qué se pidió al más alto tribunal de justicia del país que averiguara acerca de la matanza de Aguas Blancas? Para obtener una renuncia que Figueroa no quería presentar y Zedillo no sabía cómo obtenerla después de la transmisión del video? Para eso no debería haberse movilizado a la cúpula de la judicatura mexicana.

En cualquier país del mundo o casisería absurdo que después de la investigación de la Suprema Corte y de los resultados de ésta, el principal señalado como posible responsable siga en la impunidad. Hay que decir que, formalmente, la renuncia o lo que hubiera sido del político y empresario guerrerense fue un acto voluntario. Si se está suponiendo que la separación del cargo fue el castigo, sin que nadie haya dictado sentencia, entonces estamos en la tradicional impartición de justicia por parte del presidente de la República, es decir, seguimos en las normas no escritas y no hay país de leyes ni nada que se le parezca.

No se trata de ir en contra de un político como representativo de otros muchos, sino de reivindicar instituciones democráticas que están muertas, tal como el juicio político.

Algo semejante parece estar a punto de ocurrir con el señor Madrazo Pintado, quien ya habla de ``asunto concluido'' en referencia a las denuncias penales en su contra, aunque aquí el plan sería dejarlo en el cargo de gobernador, lo cual fracasó en el caso de Figueroa.

Si gastar 70 millones en la campaña electoral de un estado se puede admitir como normal y válido, entonces para qué sirven todas las reformas políticas que se han realizado... y las que están por venir?No se puede construir un clima de confianza política en el país con discursos tan apartados de los hechos. No es admisible que se hable de leyes y después se ignoren éstas como lo hacen el PRI y el gobierno.

Tal vez un día de éstos se restablezca esa institución democrática y nos veamos por fin en el juicio político, el cual, para algunos y para un régimen, habrá de ser el juicio final.