Hace unos días, el 24 de mayo de 1996 se dictó sentencia a Francisco Alejandro García Santiago quien se encuentra en el Reclusorio Regional de Coatzacoalcos, Veracruz, detenido desde el 11 de febrero de 1995. Por el delito de sabotaje se le condenó a siete años de prisión y se le impuso una multa de 15 mil pesos o, en su caso, 30 jornadas de trabajo en favor de la comunidad; la condena también incluye el pago de 20 mil 269 pesos 66 por el daño ocasionado a una torre de energía eléctrica.

Francisco Alejandro es otro de los presuntos zapatistas presos que han sido víctimas de las irregularidades que caracterizan los procesos iniciados junto con el desplazamiento del ejército federal en la llamada zona de conflicto en Chiapas, desde el 9 de febrero del año pasado.

Como lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el juez Daniel H. Núñez Juárez basó su sentencia en una declaración que el procesado rindió cuando se encontraba hospitalizado, sin abogado ni persona de confianza que lo asistiera, y bajo presión moral y tortura psicológica. En otras palabras, el juez fundamentó su sentencia en una confesión que carece de valor probatorio por haber sido arrancada bajo presión y tortura. No es secundario el hecho de que el mismo juez haya desechado la recomendación número 132/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la cual se demostraba que existió tortura sicológica.

En las conclusiones que presentó la defensa de García Santiago, antes de que se dictara la sentencia, se demuestra que no se reunieron los elementos del tipo legal de sabotaje, según se encuentra definido este delito en el artículo 140 del Código Penal Federal.

Además de ser condenado por un delito que no corresponde a los hechos y de que la sentencia está fundamentada en una declaración que carece de valor probatorio, el caso de Francisco Alejandro encierra otro elemento grave que es la persistencia de la Procuraduría General de la República en formular cargos por terrorismo.

La PGR ofreció una prueba documental pública en contra de Francisco Alejandro García Santiago por el delito de terrorismo, sabotaje, ataques a las vías generales de comunicación y otros, en un momento en que ya estaba en vigor la suspensión decretada en el artículo 4 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas. Si bien en este caso el juez absolvió a Francisco Alejandro del cargo de terrorismo y otros derivados de la misma causa, ello no elimina la violación de la Ley para el Diálogo que en su persecución de los presuntos zapatistas cometió la PGR.

Aparentemente sin conexión con el caso anterior, en otro estado de la República, el mismo día en que se conoció la sentencia a García Santiago en Veracruz, en Tlaxcala otras personas eran reprimidas, injuriadas, y detenidas, con cualquier pretexto ``legal'', pero con una acusación real muy precisa que los policías que los golpeaban no se cansaban de repetirles: ``pinches zapatistas''.

Sin identificación ni orden de aprehensión la policía irrumpió en las oficinas de la Central Nacional Urbana y Campesina para detener a Luz Rivera, Francisco Quirino y Héctor Perales Malacara, quienes además de ser dirigentes de la CNUC, forman parte de los comités promotores regionales del Frente Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Tlaxcala. No puede pasar inadvertido que granaderos y judiciales enviados a desalojar con violencia un bloqueo de transportistas hayan continuado su ``trabajo'' tan eficiente como inequívocamente contra los ``perros zapatistas'', como les dio por llamar a los detenidos. Ello puede significar que los elementos de los distintos cuerpos policíacos en no importa qué entidad federativa del país, ya han sido instruidos, ``adoctrinados'' se diría en otros tiempos, o simplemente predispuestos contra todos aquellos que sean señalados por el gobierno como zapatistas.

``No hay dobles mensajes ni propósitos ocultos'', aseguró Ernesto Zedillo en Comitán, Chiapas, a finales de la semana pasada, y parece que es cierto. El mensaje del gobierno mexicano es uno y claramente visible: disuadir a la sociedad civil, evitar la organización de los simpatizantes zapatistas civiles, intimidar a quienes han estado participando en la promoción de la nueva fuerza política que es el Frente Zapatista de Liberación Nacional.

B